No olvidar: la dictadura más cruel, sanguinaria y salvaje

El 24 de marzo los argentinos evocamos un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura militar. Se cumplen 50 años de esa fecha trágica que abrió una profunda y dolorosa herida en la sociedad argentina.

¿Es bueno recordar o es preferible olvidar? Saber lo que ocurrió y cómo ocurrió no es un ejercicio masoquista para volver a tener presente al horror, es una práctica indispensable para prevenir la eventual reiteración de hechos semejantes, es una muestra de empatía hacia quienes padecieron crueles sufrimientos o aún lloran a sus seres queridos, y es un modo de fortalecer nuestro compromiso con los derechos humanos y la democracia.

La de 1976 no fue la primera dictadura que padeció Argentina. Todo comenzó el 6 de septiembre de 1930, con el primer golpe encabezado por el general José Félix Uriburu. De allí en adelante, se conformó un partido militar en las sombras, un factor de poder regulador de la vida política que, ante cada avance de las experiencias democráticas (que las hubo, en distintas etapas, y con diversas banderas políticas), se erigía en “el custodio de los valores de la moral occidental y cristiana”, la “reserva moral del país”. Se decían “profesionales”, “incorruptibles”, animados solo por el deseo de “servir a la patria”. Un integrismo ramplón que sumió al país en medio siglo de vergonzosos cortes institucionales, con su tendal de restricciones a la libertad, censuras, exiliados y prohibiciones de toda índole.

Pero sin dudas la dictadura que se estableció en 1976 fue la más cruel, sanguinaria y salvaje que padeció Argentina. Desde la década de los 60, pero especialmente a partir de los 70, el país vivió una ola de violencia sin precedentes. Es cierto que diferentes organizaciones armadas, de distintas ideologías, peronistas, trotskistas, nacionalistas, cometieron hechos delictuosos, copamientos de cuarteles o comisarías, secuestros extorsivos, robos de bancos y homicidios de personal militar, de seguridad y de civiles. Sin embargo, aunque la capacidad operativa de estas organizaciones había disminuido considerablemente en 1976, los militares derrocaron al gobierno democrático esgrimiendo como un motivo acabar definitivamente con la “subversión”.

Esa lucha contra el terrorismo dio lugar a una realidad esquizofrénica: por un lado, estaban las normas legales que establecían la persecución penal de esos hechos, con juzgamientos por parte de tribunales militares o civiles, pero por debajo existía la verdadera represión, y esta era siniestra y clandestina. Los jefes militares, en el ámbito de cada una de sus fuerzas, ordenaron un plan criminal que consistía en secuestrar a las personas que se sospechaban vinculadas al terrorismo, torturarlas salvajemente para obtener información, mantenerlas en condiciones inhumanas de vida y alojamiento, y luego, en muchos casos, asesinarlas lisa y llanamente. Además, como consecuencia del poder discrecional que se daba a los captores, las mujeres fueron violadas sistemáticamente, se apoderaron de las pertenencias de los aprehendidos e incluso de los bebés que nacieron en el cautiverio de sus madres. Y todo en el más absoluto secreto, el propio Estado mentía a los jueces que preguntaban por las personas detenidas, se mentía a los familiares que querían saber por el destino de sus seres queridos, se mentía a la prensa que recababa información, y se mentía a los gobiernos extranjeros que se interesaban por la suerte de algunos de sus ciudadanos.

El incontrastable hecho que grafica la crueldad de esta etapa es el nacimiento de una nueva acepción de la palabra “desaparecido”. Con las tropas en las calles a diario, sin garantías constitucionales ni prensa libre, se vació de debate al conjunto social. A eso se sumó una pésima administración de la economía que disparó índices inflacionarios nunca antes vistos, un crecimiento desmedido de la deuda externa, una caída de la actividad industrial sin antecedente y su consiguiente cuadro de desempleo y marginación social. Fueron siete años de un oscurantismo vergonzoso con un cierre trágico, corporizado en el conflicto del Atlántico Sur, genuino en el reclamo soberano por las Islas Malvinas e inviable desde el plano militar.

Toda esa herida a cielo abierto fue la pesada herencia que dejó la dictadura militar.

No era fácil la decisión que debía tomar la democracia recién recuperada respecto de los crímenes de la dictadura. El primer objetivo de un gobierno de transición es tratar de asegurar la consolidación democrática, para lo cual debe evitar colocarla en riesgo cuando los autores de graves delitos se encuentran en actividad y al mando de tropas. Por eso, lo normal, lo esperable, es que en la Argentina no hubiera pasado nada, que se mantuviera la vigencia de la ley de amnistía que habían dictado los militares antes de dejar el poder.

Raúl Alfonsín tuvo la enorme intuición y la audacia de promover la averiguación de la verdad y el enjuiciamiento de los máximos responsables de los crímenes cometidos. Un hecho inédito sin precedentes en el mundo. La Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) fue la primera comisión de la verdad y en pocos meses elaboró un informe que comenzó a develar la sistematicidad y la magnitud de lo ocurrido.

Luego, el juicio a las juntas militares, realizado en un tiempo increíblemente breve, en una audiencia oral y pública en la que declararon mas de 800 testigos, condenó a los integrantes de las dos primeras juntas militares por haber ordenado el plan criminal que dio lugar a la desaparición de miles de personas.

No hay fórmulas preestablecidas sobre cómo enfrentar los horrores del pasado. Se discute si es mejor olvidar para reconciliar las divisiones dentro de la sociedad, si alcanza con descubrir la verdad, o si es necesaria la justicia. A mi entender, la intervención de la justicia y la aplicación de sanciones a los responsables es la mejor manera de reparar las heridas. Las sentencias de los tribunales otorgan valor oficial a los hechos, las eventuales condenas no sólo imponen una pena al responsable, sino que expresan el repudio social a los hechos cometidos; a la vez, las víctimas encuentran una respuesta estatal a sus padecimientos que reparan en parte su dolor.

El descubrimiento de la verdad y el juzgamiento de los responsables ha permitido que la recuperación de la democracia en Argentina se hiciera sobre la base del imperio de la ley, del Estado de Derecho y que naciera un extendido consenso acerca de que ciertas cosas no podían volver a repetirse, las dictaduras militares, la violación de derechos humanos, la violencia como forma de acción política y, a la vez, revalorizar la importancia de la democracia, el respeto a las ideas de todos.

En tiempos difíciles, donde aparecen expresiones que desprecian los valores del pluralismo y los derechos humanos, recordar los 50 años transcurridos desde la última dictadura y las atrocidades cometidas, nos debe convocar a seguir fortaleciendo esa maravillosa aventura colectiva que es la democracia, único régimen que nos permite vivir en libertad e igualdad.