La justicia y la política estrechan el cerco alrededor de Karina Milei, ‘El Jefe’ del presidente argentino

Los problemas para el Gobierno de Javier Milei no se limitan a la inestabilidad que padece la economía argentina, ni a la debilidad política que desnudaron sus repetidas derrotas parlamentarias o la paliza sufrió en las recientes elecciones en la provincia de Buenos Aires. En ese crítico escenario, también avanza la investigación judicial sobre un escándalo de corrupción que salpica a la Casa Rosada e involucra directamente a Karina Milei, El Jefe, como la llama su hermano el presidente, en una red de sobornos alrededor de la compra estatal de medicamentos para personas con discapacidades.

Esta semana, se levantó el secreto de sumario que pesaba sobre el expediente y se conoció la declaración de un exasesor de Milei que ratificó las sospechas sobre el pago de coimas. A la vez, en el Congreso, la oposición logró poner en marcha una pesquisa sobre el caso y planea interpelar a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

La crisis se inició hace un mes con la difusión de conversaciones de Diego Spagnuolo, amigo y abogado personal de Milei, hasta agosto director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En los audios, publicados por el canal de streaming Carnaval, Spagnuolo describía una estructura de sobornos montada en su cartera para las compras de medicamentos. El entonces funcionario relataba que el dinero recaudado —hablaba de 800.000 dólares por mes— iba a parar a Karina Milei y su principal asesor, Eduardo Lule Menem.

La justicia busca determinar si se cometieron los delitos de defraudación, estafa, asociación ilícita, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, mediante un esquema de sobornos relacionado con la provisión de medicamentos. Las sospechas de los investigadores apuntan, como virtual responsable del pago de las coimas, a la droguería Suizo Argentina.

El último jueves concluyó el secreto de sumario que había dispuesto el juez del caso, Sebastián Casanello. Así se pudo conocer que el 11 de septiembre declaró como testigo Fernando Cerimedo, un experto en comunicación que fue asesor de Milei. En su declaración, Cerimedo aseguró que Spagnuolo le había contado el año pasado los mismos hechos revelados en las grabaciones. Es decir, el testimonio confirma que el extitular de Andis se quejaba de irregularidades en su área y permite sostener las sospechas más allá de los audios difundidos.

“A principios de mayo de 2024, [Spagnuolo] me cuenta que en enero de 2024 se juntó con todas las droguerías para comunicar el nuevo sistema de cotizaciones, y me cuenta además que, en mayo, una de esas droguerías —sin que me diga cuál de ellas— le dijo que los había llamado la Suizo S.A. para decirles: ‘Ahora no es el 5 [%], es el 8, porque el 3 va directo a Rosada’. Y, además, esta droguería le menciona que todo esto lo gestiona Lule Menem“, declaró Cerimedo ante el fiscal Franco Picardi. Los mismos porcentajes fueron mencionados por Spagnuolo en las grabaciones.

El testigo, cuya esposa fue funcionaria de Andis hasta fines del año pasado, afirmó que Spagnuolo le dijo que había informado al presidente sobre los hechos: “Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser”. También, según declaró, se lo había dicho a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Además de seguir la ruta de los posibles sobornos, la fiscalía investiga más de 600 contratos firmados durante el Gobierno de Milei entre la Andis y la droguería Suizo Argentina. La firma vinculada a la familia Kovalivker habría sido beneficiada con contratos para la provisión de medicamentos por un total cercano a los 55.000 millones de pesos (unos 36,6 millones de dólares). Entre otros elementos, los investigadores evalúan si hubo sobreprecios y licitaciones direccionadas.

Comisión legislativa

A la pesquisa judicial se sumará en los próximos días una indagación impulsada desde el Congreso. La Cámara de Diputados emplazó a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud Pública para que sesionen este martes 23 y traten un conjunto de proyectos relacionados con las presuntas coimas en la Andis. Hasta ahora, la ultraderecha había conseguido postergar las reuniones para proteger a los funcionarios del Gobierno.

Una de las iniciativas que deberán tratar las comisiones es la que solicita la interpelación de Karina Milei para que dé explicaciones sobre las acusaciones en su contra. Otros proyectos requieren informes del Ejecutivo, convocan a otros funcionarios o proponen dejar sin efecto las bajas de pensiones por discapacidad ejecutadas como parte del ajuste fiscal.

La respuesta del Gobierno de Milei a las denuncias ha sido oscilante. Al principio, cuando estalló el escándalo, mantuvo un llamativo silencio durante días. Luego, apenas pudo reaccionar: despidió a Spagnuolo —el funcionario que había revelado las presuntas irregularidades— y se apuró a acusar al kirchnerismo. Después de que se filtraran también grabaciones de Karina Milei, hizo una llamativa presentación judicial para denunciar una “operación de inteligencia ilegal” destinada a “desestabilizar” la democracia argentina, un complot detrás del cual estarían periodistas y “personas ligadas a los servicios de inteligencia rusos con incidencia de Venezuela”.

Milei desarrolló una curiosa defensa de su hermana este sábado. “Si usted se quiere quedar con una caja, ¿se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%? Es muy tonto pensar eso”, dijo en una entrevista con Radio Mitre. También desmintió que Spagnuolo le hubiera informado de supuestas irregularidades y dijo que los audios difundidos eran un producto de la inteligencia artificial. “Si me hubiese dicho que había corrupción, le habría volado la cabeza”, aseguró. Finalmente, reiteró que las acusaciones son solo un intento opositor por debilitarlo: “Un foco para desestabilizar al presidente es pegarle a Karina”, dijo, “es como cuando se metían con mis perros”.