El último asalto de Consuelo Porras, la autoritaria fiscal que desafía la democracia de Guatemala

Consuelo Porras, fiscal general de Guatemala, se resiste a abandonar el poder. A pesar de acumular sanciones de más de 40 países por “socavar la democracia” y de enfrentar recientes acusaciones por presuntas adopciones ilegales en los años ochenta, la jefa del Ministerio Público (MP) maniobra para mantenerse en la cúpula del sistema judicial.

El periodo de Porras en el MP concluye el próximo 16 de mayo. La fiscal general que persiguió y criminalizó a decenas de jueces, fiscales, defensores, activistas y periodistas sabe que, debido a las sanciones internacionales, no puede migrar con facilidad hacia al menos 40 naciones y que la aguardan múltiples denuncias presentadas en su contra.

Por ello, en febrero de este año se postuló para magistrada en la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal de Guatemala, y presentó también su expediente ante la comisión de postulación que elegirá al próximo fiscal general. Sin embargo, sus electores en la CC la rechazaron. Su última carta parece ser ahora colarse en la nómina final de aspirantes al MP que será enviada al presidente del país, Bernardo Arévalo, el 17 de abril.

Retroceso, regresión y represión

María Consuelo Porras Argueta llegó al MP en 2018, nombrada por el entonces presidente Jimmy Morales. Antes había sido magistrada en la CC. Tres años después de asumir el cargo, comenzó el desmantelamiento de las fiscalías. El primer destituido fue Juan Francisco Sandoval, hoy en el exilio, quien dirigió la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), brazo operativo local de la extinta CICIG, la comisión anticorrupción de las Naciones Unidas.

En ese mismo 2021, también removió a la jefa de la fiscalía de Derechos Humanos, que llevaba casos contra exmilitares por delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil, y al jefe de la fiscalía contra la corrupción, Stuardo Campo, preso desde 2023. Dos meses después de despedir a Sandoval, Estados Unidos la incluyó en la lista de actores “corruptos y antidemocráticos”, junto con su secretario general, Ángel Pineda. Al año siguiente, en 2022, Porras se postuló de nuevo y, pese a las críticas a su gestión, el entonces presidente Alejandro Giammattei la reeligió.

“Esta no ha sido una decisión sencilla tomada a la ligera. Los señalamientos mediáticos o políticos que puedan existir, según nuestra Constitución no tienen ningún valor para despojar a una persona de su capacidad, idoneidad y honradez”, alegó Giammattei en esa ocasión.

En su segundo periodo, Porras acumuló más sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países que le prohíben el ingreso por criminalizar a quienes luchan contra la corrupción o a quienes considera contrarios a su gestión. Según un recuento de Human Rights Watch, al menos 100 guatemaltecos han salido al exilio desde 2022 debido a la creación de “casos espurios contra jueces, abogados, periodistas, activistas y funcionarios del gobierno de Bernardo Arévalo”.

“Consuelo Porras representa para la justicia en Guatemala retroceso, regresión, represión y el uso indebido y malicioso del derecho penal”, dice Carlos Ruano, exjuez guatemalteco en el exilio.

El Movimiento Pro Justicia, organización civil que fiscaliza los procesos de elección, enumeró en el perfil de Porras 16 casos de persecución. Entre ellos figuran la causa contra el periodista José Rubén Zamora, el encarcelamiento de líderes indígenas como Luis Pacheco y Héctor Chaflán, la investigación contra estudiantes universitarios y el caso contra el ahora extinto Movimiento Semilla, partido que llevó al poder a Arévalo.

A esto se suma que, en febrero, un grupo de expertos de la ONU la señaló por su presunta vinculación con al menos 80 niños indígenas sometidos a adopciones internacionales ilegales cuando administraba un hogar de acogida. Recientemente, el medio El Faro publicó una investigación que indica que la funcionaria habría firmado al menos ocho procesos de adopción de niños provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Su postulación es una “burla”

“El intento por presentarse una tercera vez es una burla al pueblo de Guatemala; no hay una mejor definición”, dijo Arévalo en conferencia de prensa tras la candidatura de Porras. Aunque se le cerraron las puertas de la CC a inicios de marzo, persiste la posibilidad de que sea incluida en la nómina de seis candidatos que la comisión de postulación presentará al presidente.

Dicha comisión está integrada por 15 profesionales: una magistrada de la Corte Suprema, 12 decanos de Derecho y dos representantes del Colegio de Abogados. Ellos reciben expedientes, revisan las tachas (objeciones) de la sociedad civil, entrevistan y elaboran la lista final.

Porras recibió cinco señalamientos que buscaban frenar su proceso, incluyendo el presunto “plagio” de su tesis doctoral interpuesto por una diputada oficialista, litigios “maliciosos”, sanciones internacionales y la cooptación de instituciones de justicia. No obstante, la fiscal presentó sus argumentos de descargo y la comisión los aceptó por mayoría, dejando fuera los cuestionamientos. Esto le permite continuar en el proceso y ser entrevistada el 9 de abril. La postuladora evalúa formación, experiencia, ética e idoneidad sobre un total de 100 puntos; los finalistas suelen promediar entre 70 y 90.

Otra prueba para Arévalo

Bernardo Arévalo batalla con la fiscal desde su elección en 2023, cuando la denunció por fraguar un golpe de Estado para evitar su investidura. Ya en el cargo, el presidente le pidió la renuncia y la citó a Casa Presidencial, pero ella se negó a dimitir y abandonó rápidamente la única reunión a la que asistió.

Posteriormente, el Procurador General de la Nación y el Secretario General de la Presidencia presentaron una querella penal y una solicitud de antejuicio contra ella, sin éxito. En respuesta, el MP abrió un caso contra Movimiento Semilla, que terminó cancelado.

Los analistas consultados consideran probable que Porras integre la nómina de seis finalistas. “Cuando se reeligió en 2022 sacó de los mejores punteos. Su historia como servidora pública la hace puntuar alto. En esa época la comisión la dejó fuera, pero la CC ordenó tomar en cuenta a los mejores punteados y así entró en la lista de Giammattei”, explica Roberto Alejos, expresidente del Congreso y analista político.

“Si se usa ese precedente, hay muchas posibilidades de que pase”, agrega Alejos, quien descarta presiones de EE UU a Arévalo para elegirla, pues las sanciones deberían frenar cualquier apoyo estadounidense. Sin embargo, el exjuez Carlos Ruano opina lo contrario: “El sistema que ella representa, procorrupción e impunidad, presionará al presidente a nivel nacional e internacional. Confío en que el presidente no ceda”.

La situación se complica por las investigaciones de Plaza Pública, que evidenciaron que se han pagado dos lobbies en busca del apoyo de la administración de Donald Trump para que Porras se mantenga en el cargo. “Buscan que Trump y Marco Rubio marquen el rumbo de las elecciones del nuevo Fiscal General”, reza la publicación.

Los expertos coinciden en que el fracaso de Porras en la CC refleja una imagen “desgastada” y el peso de las sanciones. Aunque su futuro es incierto, barajan dos opciones: el exilio en Nicaragua o Panamá, o la permanencia en Guatemala bajo la protección de un sistema de justicia donde mantiene aliados.

“Veo un panorama de protección e impunidad. El sistema de corrupción permanece y ese lobby fuera del país rinde frutos. El sistema la protege igual que a Morales y Giammattei”, indica el exjuez Ruano. Por su parte, un abogado de derechos humanos que pidió el anonimato apunta a la salida del país: “No descarto que el hecho de que el MP solicitara retirar las órdenes de captura contra el expresidente Jorge Serrano Elías en Panamá tenga el interés de buscar acogida para Porras allí”.

Sin tachas admitidas, pero con una larga trayectoria de represión y denuncias, Consuelo Porras, a sus 72 años y con una opinión desfavorable del 59% —según Cid Gallup—, avanza en su camino para mantenerse, contra todo pronóstico, al frente del Ministerio Público.