Jordán Rodas: “El Ejército y la oligarquía de Guatemala tienen un enemigo común: la justicia”

Jordán Rodas (Quetzaltenango, 57 años) es doble víctima en un país donde prevalece la impunidad. Su hermano fue desaparecido durante la dictadura militar que desangró Guatemala en la década de los pasados años ochenta, bajo la mano de gobernantes autoritarios que persiguieron a disidentes y se cebaron con las comunidades indígenas. Es, además, un exiliado tras la persecución en su contra de una justicia que él define como “secuestrada” por “mafias”, en referencia a élites militares y económicas que maniobran para acallar a voces críticas. Rodas fue procurador de derechos humanos y conoce de cerca esa maquinaria, que lo marcó como personaje incómodo, dice, porque actuó de forma independiente a la hora de denunciar abusos.

Él forma parte de un centenar de personas exiliadas, incluidos jueces o fiscales reconocidos a nivel internacional por su lucha anticorrupción, periodistas independientes o activistas díscolos, que plantan cara a lo que en su país llaman el “pacto de corruptos”. Rodas ha viajado desde España, donde ha conseguido refugio, a México esta semana invitado a impartir conferencias en la Casa Centroamérica —una iniciativa fundada en 2024 por personas exiliadas de esa región-, donde conversa con EL PAÍS sobre el actual proceso de elección de nuevos magistrados de la Corte de Constitucional, un nuevo fiscal y su balance de la gestión del presidente Bernardo Arévalo.

Pregunta: Canadá retiró la nacionalidad a un exmilitar vinculado a la masacre de Dos Erres, en la que fueron asesinadas más de 250 personas. Como exprocurador de derechos humanos, ¿qué mensaje envía esto a la justicia guatemalteca?

Respuesta. La decisión del Gobierno canadiense es un buen precedente, porque a veces la justicia en nuestro país no llega o llega muy tarde. Es importante el mensaje para los perpetradores de que no quedan impunes estos hechos. Este tipo de crímenes me afectan mucho, porque tengo un hermano, Joaquín Rodas Andrade, desaparecido el 2 de marzo de 1985 durante el Gobierno de corte militar de Óscar Mejía Víctores. Su caso es parte del Diario Militar [un registro castrense de perseguidos, desaparecidos y asesinados por el Estado entre 1983 y 1985]. Este tipo de decisiones no dejo de aplaudirlas, porque se trata de una lucha constante de las familias, de organizaciones, por buscar la justicia a nivel internacional.

P. En el caso de su hermano ya existe una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). ¿En qué etapa se encuentra el proceso en Guatemala tras 40 años?

R. La Corte ordenó al Estado guatemalteco investigar y sancionar a los perpetradores, pero seguimos esperando. En este caso se ve cómo es importante que llegue la justicia transicional, aunque sería mejor que fuera pronta, porque se van muriendo las generaciones. Mi padre falleció esperando, y ahora somos nosotros quienes seguimos el legado. Mi madre, a sus 90 años, se aferró durante décadas a la idea de que mi hermano estaba vivo. El sistema ha sido lento. El juez Miguel Ángel Gálvez logró tomar declaraciones de familiares como anticipo de prueba debido a su avanzada edad, pero aún no hay una sentencia firme.

P. ¿Por qué Guatemala no logra avanzar en casos de crímenes tan brutales?

R. Porque el sector militar ha mantenido un poder fáctico muy sólido junto al sector económico. Han aglutinado fuerzas para mantener el statu quo. La actual ola de exiliados —operadores de justicia, fiscales y jueces— es resultado de esa resistencia. El Ejército sirvió para proteger a la oligarquía, y hoy ambos tienen un enemigo común: la justicia. Su estrategia ha sido erosionar la credibilidad de las instituciones para asegurar su impunidad.

P. Guatemala acaba de elegir a los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). ¿Hay espacio para una renovación de la justicia con estos nombres?

P: Muy poco. Se repite la historia: cuatro de los magistrados que asumen en abril son los mismos que ya estaban. Fueron elegidos por el Congreso y por la Corte Suprema de Justicia, pero no se puede hablar de renovación cuando hay perfiles de una corte que ha sido tan nefasta. Mi optimismo es bastante cauteloso; el panorama pudo ser mucho mejor. Tengo mis reservas.

P. El presidente Arévalo denunció la intervención de la embajada de EE. UU. en la elección. ¿Cómo interpreta esto?

R. Es preocupante ver cómo la política norteamericana, que antes apoyaba golpes de Estado, ha evolucionado en las formas, pero no en el fondo. Necesitamos autoridades independientes de países y de sectores económicos. En Guatemala, la Constitución termina siendo lo que la Corte dice que es, y a menudo esa interpretación se adapta a los vaivenes políticos.

P. Bernardo Arévalo llegó al poder con una promesa de lucha contra la corrupción. ¿Qué balance hace de su gestión?

R. Ya llegó al Ecuador de su mandato. Hay muy pocos avances. Seguramente le hubiera ido mejor si se hubiera hecho asesorar, como él mismo dijo, de los exiliados, operadores de justicia, porque hay muchos exfiscales, exjueces, que hubieran podido diseñar una estrategia. Es difícil que con las mismas normas tengamos resultados distintos. Lo último que le queda ahora es la elección de fiscal general, que esperaría que fuera una persona no solo capaz, sino éticamente intachable y que tenga la capacidad de recuperar la institucionalidad perdida; que el Ministerio Público no sea como un arma contra los opositores, contra los que son incómodos al poder.

P. ¿Podría cambiar algo con la salida de la fiscal Consuelo Porras, que se ha alzado como la principal opositora al presidente, o la maquinaria detrás de ella es demasiado poderosa?

R: Su salida será un paso importante, pero no la panacea, porque hay una estructura interna integrada por jueces que han sido sancionados por otros países como actores corruptos, poco democráticos, pero siguen ejerciendo justicia. El sistema necesita una depuración profunda que va más allá de un solo nombre. Puedo narrar como testigo y víctima del sistema de justicia que este está siendo cooptado por mafias y hace falta una voluntad política del organismo judicial de depurar a estos malos jueces y magistrados que han cometido, sin duda alguna, prevaricato. La salida de Consuelo Porras es un paso importante, pero no lo es todo.

P. Porras quiso buscar impunidad a través de ser electa como magistrada de la corte. No lo logró. ¿Qué le espera en Guatemala?

R. Si hay justicia, procesos que yo como exprocurador de derechos humanos espero que sean justos, no casos bajo reserva. Que sea la justicia la que determine su grado de responsabilidad y de otros operadores de justicia.

P. Como exiliado en España, ¿se siente seguro para volver a Guatemala?

R: No. Hoy no existe un Estado de derecho que garantice mi seguridad. El simple cambio de autoridades no restablece el sistema automáticamente. Hay alrededor de 100 exiliados entre defensores, periodistas, jueces y estudiantes. No se puede hablar de democracia en un país que expulsa a quienes luchan contra la corrupción, en un sistema que viene funcionando con un gatopardismo en el que cambia todo para que no cambie nada.

P: ¿Cuál es, entonces, la solución a largo plazo para Guatemala?

R: Es urgente una reforma constitucional profunda. Necesitamos un marco que incluya a los pueblos originarios con una visión de un país multicultural, multilingüe, multiétnico; que regule el rol del ejército en una sociedad democrática. Si no se interpreta el descontento social, Guatemala seguirá siendo una olla de presión que solo genera migración. Debemos dejar de ver a los migrantes solo como cajeros automáticos que sostienen la economía con sus remesas.