El chavismo manda una señal de que tiene la llave de la represión en Venezuela con la detención del opositor Juan Pablo Guanipa

En Venezuela, cada gesto de apertura viene acompañado de un recordatorio de quién manda en el país. El nuevo arresto del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa apenas unas horas después de su excarcelación irrumpió como una señal de advertencia que contradice el espíritu de apertura política que viene ensayando la presidenta encargada Delcy Rodríguez desde el pasado 3 de enero. El abrupto arresto —con hombres fuertemente armados vestidos de civil—constituye un recordatorio de quién tiene el control del país, aún después de los cambios y promesas que se han sucedido en poco más de un mes.

El arresto tomó por sorpresa a dirigentes políticos, defensores de los derechos humanos y observadores internacionales que habían interpretado la liberación de presos políticos —y en concreto la de un nutrido grupo de colaboradores y personas cercanas a María Corina Machado, como Guanipa— como un gran avance en esta nueva fase de chavismo sin Maduro.

Guanipa fue liberado este domingo tras pasar ocho meses en prisión junto a otros dirigentes políticos del partido de Machado. Nada más salir de prisión, el opositor, acompañado de decenas de seguidores y otros dirigentes también excarcelados, como Jesús Armas, hizo un recorrido por algunas avenidas de Caracas, entre vítores y aplausos. La iniciativa, una más de un despertar creciente de la protesta ciudadana protagonizada por familiares de presos, estudiantes y activistas, no gustó al oficialismo.

A la detención le siguió un comunicado de la Fiscalía, dirigida por Tarek William Saab, en el que confirmaba que había solicitado al Tribunal Supremo de Justicia la revocatoria del beneficio concedido a Guanipa. La petición suponía sustituir su libertad condicionada por un arresto domiciliario. “Las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas. Su incumplimiento faculta al órgano judicial, a solicitud de parte, a revocar o sustituir la medida previamente otorgada”, señaló el Ministerio Público. Las obligaciones de Guanipa, según su certificado de puesta en libertad, se limitaban a la prohibición de salir del país y a la obligación de presentarse cada 30 días.

Mientras sus allegados pedían pruebas de vida, el mensaje fue reforzado desde el poder. Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, celebró públicamente la medida. “Hay gente que se cree la pepa del queso. Se creen superiores, que pueden hacer lo que les da la gana. No lo son”, dijo. Aseguró que “la justicia funciona” y advirtió que a los excarcelados “se les está dando una oportunidad”. No era una voz distante: Cabello dirigió y participó personalmente en el operativo policial que capturó a Guanipa en 2024, cuando fue acusado de conspirar contra la paz pública y promover el terrorismo.

La detención de Guanipa se produce en medio de un debate nacional sobre una ley de amnistía. Para mediadores como el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que visitó Caracas la semana pasada, la norma es “ambiciosa” y puede suponer “un antes y un después”, pero el texto que se discute ha generado dudas entre organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición sobre su alcance real. El arresto no ha hecho más que caldear los ánimos y generar dudas en vísperas de su aprobación.

Desde el exilio, la líder opositora María Corina Machado calificó en Washington lo ocurrido como un “secuestro”, una muestra del “terror a la verdad”. En Maracaibo, un grupo de activistas y dirigentes se concentró en la plaza La República para exigir la liberación del dirigente. “Si empezamos a ver como un crimen el poder hablar y no nos manifestamos nunca, ¿cuándo termina la dictadura?”, se preguntó Ramón Guanipa, hijo del opositor, quien denunció la “desaparición forzada” de su padre.

Tomás Guanipa, hermano de Juan Pablo y referente de una línea más moderada dentro de la oposición, describió el impacto del episodio en términos personales y políticos. “Ha sido un tsunami. Estamos haciendo un esfuerzo familiar para alzar la voz ante lo ocurrido”, dijo. A su juicio, el caso revela “los graves riesgos que se viven en este momento”, incluso en medio de un discurso oficial que habla de reconciliación.

Para el sociólogo y activista de derechos humanos Rafael Uzcátegui, el episodio confirma que el chavismo no actúa bajo presión ajena. “No es ni víctima ni rehén. Tiene su propia agenda”, sostiene. A su juicio, hoy conviven dos lógicas. Una es la estadounidense que habla de estabilización, recuperación y transición, y otra, la impulsada desde el núcleo del poder, que plantea una apertura política pero con el chavismo al mando. “Los ciudadanos perciben que se abrió una grieta a partir del 3 de enero y están tratando de ensancharla, recuperando la confianza en el espacio público”, explica. Sin embargo, advierte que “los fundamentos estructurales de la persecución política en Venezuela se mantienen intactos”.

Guanipa, militante de Primero Justicia, estrechamente vinculado a María Corina Machado durante la campaña presidencial de 2024 y miembro del comando electoral de Edmundo González Urrutia, se ha distinguido por una conducta firme y coherente frente a la deriva autoritaria del chavismo. Su figura, respetada incluso entre adversarios, encarna una postura que lo convierte en un símbolo incómodo para el poder.

Mientras tanto, la situación de los presos políticos sigue marcada por la provisionalidad. Las cerca de 400 excarcelaciones confirmadas hasta ahora se han producido bajo medidas cautelares y regímenes de presentación, no como libertades plenas. “Todos los excarcelados han salido con cautelares”, explica Gonzalo Himiob, directivo de la ONG Foro Penal. “Una vez aprobada la ley de amnistía, se supone que todos los casos deberían acceder a la libertad plena. Lo que no sabemos es cuántos presos y perseguidos podrían quedar fuera bajo determinados argumentos”.

El debate sobre una eventual transición atraviesa el momento político venezolano. Se evocan comparaciones con procesos históricos, desde la España posterior a Franco hasta las transiciones venezolanas de 1936 y 1958. Para el historiador y analista Pedro Benítez, esas analogías deben manejarse con cautela. “La historia de las transiciones solo se puede explicar al final, no antes”, afirma. En su opinión, el régimen puede optar por ganar tiempo, aliviar presiones externas o procesar sus propias tensiones internas. “No sabemos en qué va a parar esto”, dice. Por ahora, la detención de Guanipa vuelve a dejar claro que, en Venezuela, la apertura política avanza siempre bajo la sombra del poder que la administra.