La vida después de la cárcel en Venezuela

Ramón Centeno está aprendiendo a dormir con los tres perros que dejó su mamá y a vivir sin ella. Salió de prisión en libertad condicional en una silla de ruedas, después de pasar más de cuatro años encerrado en una cárcel a la que entró caminando, en muletas, pero caminando. Lo detuvieron días después de hacer una entrevista. El régimen chavista lo excarceló el 14 de enero: fue uno de los primeros 24 periodistas considerados presos políticos en recuperar la libertad, en medio de esta especie de transición que se abrió en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos del 3 de enero, en la que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados.

Centeno se cuenta entre las casi 400 personas que han salido de la cárcel desde el 8 de enero —según la organización Foro Penal—, dentro de un total que aún no termina de consolidarse por la aparición de nuevas listas de detenidos desconocidas hasta ahora, pero que supera las 700. La nueva ley de amnistía promete sacar a cientos de personas de las cárceles, pero su alcance aún es incierto.

“Vistan a Ramón Centeno, que le acaban de firmar su libertad”, recuerda haber escuchado a sus custodios en el Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, a pocos metros de El Helicoide, la temida prisión de Caracas. Esa frase marcó el inicio de una vida nueva, atravesada de forma irreversible por cuatro años en una prisión que no le correspondía. En 2022, desde un televisor encendido en ese mismo lugar, había oído al fiscal Tarek William Saab implicarlo en la llamada operación Mano de hierro, junto a diputados, alcaldes y funcionarios del chavismo, un operativo presentado como una ofensiva contra mafias de drogas, contrabando y especulación. Durante todo ese tiempo también escuchó a sus carceleros decir —más de una vez— que con él se habían equivocado.

Hace un mes, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de “un número significativo” de personas detenidas como un “gesto unilateral de paz”. El proceso, sin embargo, ha sido lento y desesperante para los familiares que se han mantenido en vigilia frente a las cárceles. Ha estado marcado por la desinformación y por profundas inconsistencias entre los balances de los defensores de las víctimas y las cifras oficiales. El Gobierno ha trabaja ahora en ley de amnistía general que se aprobará previsiblemente esta semana y, por primera vez, un líder del chavismo —el propio Jorge Rodríguez-se ha acercado a hablar con algunos familiares que acampan en las puertas de las prisiones. “El martes que viene y a más tardar el viernes estarán todos sueltos”, les prometió.

Centeno trabajaba para el diario oficialista Últimas Noticias cuando salió a hacer la entrevista que lo condenó. Militante del PSUV desde joven, su cercanía con el poder no lo salvó de una detención arbitraria. “Desde los 14 años estuve en el partido y no me arrepiento, pero no me pregunten si voy a volver. Solo mírenme cómo he quedado”, cuenta a EL PAÍS. No fue asumido tampoco por las causas de la oposición. “A mí solo me defendió mi mamá”.

De los cuatro años en la cárcel recuerda la campana que le ataron a la silla de ruedas para avisar si necesitaba ir al baño. A veces lo llevaban horas después, cuando al guardia le daba la gana. Recuerda también todos los libros que leyó, los golpes que recibió de algunos compañeros de celda y los del oficial que lo detuvo.

“Hay personas que me recriminan por salir perdonando”, dice, con cierta indignación. “Yo pienso que ahora tiene que venir un proceso de justicia. Para mí esto es un daño irreversible, pero quiero entender por qué me hicieron esto. Creo en el perdón con justicia y memoria. Yo te puedo abrazar, pero quiero que recuerdes que me hiciste esto”.

En la cárcel, las heridas de una fractura de fémur y cadera —provocada por un accidente de tránsito del que se recuperaba cuando fue detenido— se infectaron y lo dejaron sin poder caminar. Pasó parte de sus cuatro años de encierro hospitalizado y sufrió tres parálisis faciales. Pese a que su madre solicitó en 14 ocasiones medidas humanitarias para que recibiera atención médica adecuada, la libertad condicionada solo llegó ahora. Desde que salió, Centeno ha debido presentarse tres veces ante los tribunales. Tras la primera cita, su madre, Omaira Navas, murió por un ACV. “No he podido asimilar nada. Tuve que enterrar a mi mamá y he tratado de que lo que viví en la cárcel no toque mi corazón”, dice, quebrándose en lágrimas. “Creo que ella hizo el primer milagro: que olvidara los cuatro años que estuve preso y solo la recuerde a ella”.

Los que quedan

Las excarcelaciones han dado lugar a fiestas improvisadas en barrios de todo el país. En la casa de Víctor Castillo, coordinador municipal de Vente Venezuela, lo recibieron con globos y pancartas tras 21 meses de espera. Fue detenido el 28 de abril de 2024, después de la primera gira de María Corina Machado por el estado Portuguesa, en plena campaña presidencial. Aquella manifestación multitudinaria marcó también el inicio de una persecución sostenida de los cuerpos de seguridad contra el equipo de la líder opositora.

“Jamás me imaginé que esto me iba a pasar”, cuenta esta semana, horas después de haber salido del Helicoide, con los ojos enrojecidos por no haber podido dormir. “La cárcel se supone que es para los delincuentes, pero hoy también es para los inocentes. Uno está acostumbrado a ser libre, a ver el sol cuando quiere y disfrutar de la lluvia”. Estar separado de su esposa y de sus dos hijas, dice, forma parte de la tortura psicológica de una prisión injusta. El encierro también le dejó una afección auditiva, un zumbido constante en el oído que nunca fue tratado durante su reclusión.

Un día Castillo estaba entre campos de maíz y al siguiente en una celda sin ventilación natural, a 700 kilómetros de su familia. “Eso es algo incomprensible para uno”, dice. Su vida siempre estuvo ligada a la agricultura: primero como trabajador de la empresa española Agroisleña, expropiada por el chavismo, y después como dirigente del sector cerealero. No pudo votar en las elecciones para las que trabajó cuando se sumó al Comando Con Venezuela, convencido de que un cambio político era posible. “Teníamos la esperanza de que, si ganábamos, nos íbamos. Pero no pasó”.

Ahora, desde una libertad que lo obliga a presentarse cada 30 días ante los tribunales, espera la salida de quienes aún siguen presos, en especial sus compañeros de la política. Empieza a enumerar nombres. “Anota ahí, por favor”, pide. Perkins Rocha, María Oropeza, Juan Iriarte, Freddy Superlano, Juan Pablo Guanipa, Luis Camacaro, Dignora Hernández, Albany Colmenares, Catalina Ramos. Y sigue. Muchos de ellos han sido liberados este domingo en una jornada marcada por celebraciones y mítines reivindicativos por la libertad de todos los demás.

“La experiencia de la persecución política y de las cárceles venezolanas ha dejado una huella emocional devastadora en los presos políticos y sus familias”, señala un informe elaborado por Psicólogos sin Fronteras y la ONG Justicia Encuentro y Perdón. La afectación alcanza a cerca de 4.000 personas.

Castillo era el sostén de su familia. “Me arrancaron de mi casa y ellos quedaron en el limbo. Eran dos cargas para mi esposa: la de Víctor Castillo en El Helicoide y la de nuestra familia en Portuguesa”. Su caso no es excepcional. Con diferencias en las condiciones de reclusión —insalubridad, altas temperaturas, falta de agua potable, ausencia de espacios para dormir, castigos o aislamiento—, en las cárceles venezolanas son las familias las que sostienen a los presos.

“Las madres o las esposas de los presos políticos quedan a cargo de sus hogares en un país donde la pobreza se ha generalizado. El poco dinero que tienen deben destinarlo a pagar ayudas para los detenidos, porque dentro de las cárceles no se les provee de nada: comida, agua potable, medicinas. Y aun así, muchas veces ni siquiera les permiten entregarlas. Las familias quedan presas también”, afirma Martha Tineo, de Justicia, Encuentro y Perdón.

Abogado y defendido presos

Carlos Julio Rojas se reencontró con su abogado, Eduardo Torres, en la cárcel. Ambos estaban detenidos. Defensores de derechos humanos, se convirtieron en dos de los casos más emblemáticos de presos políticos en Venezuela. Rojas, periodista y dirigente gremial y vecinal en Caracas, fue apresado en 2024, meses antes de las elecciones presidenciales. El fiscal Tarek William Saab lo acusó de integrar un supuesto plan de magnicidio contra Nicolás Maduro, desactivado durante la inscripción del mandatario como candidato ante el Consejo Nacional Electoral. Su imagen, esposado y escoltado por dos guardias encapuchados, fue difundida por la televisión estatal.

A Torres lo detuvieron en mayo de 2025. Fue acusado de conspiración, terrorismo y traición a la patria por un presunto plan para boicotear las elecciones parlamentarias de las que surgió la Asamblea Nacional que hoy discute la ley de amnistía.

Esta semana se reencontraron en una de las misas a las que han asistido para agradecer a quienes los apoyaron durante sus procesos. Entre abrazos, dicen haber perdido el miedo a hablar, pese a las restricciones con las que salieron: prohibición de salir del país y obligación de presentarse periódicamente ante los tribunales. Rojas, detenido en cuatro ocasiones, asegura que esta —la más larga— ha sido la peor. Dentro y fuera de la cárcel siguió reclamando por sus derechos. Por eso pasó más de un mes en una celda de aislamiento.

Los presos más rebeldes, o los más detestados por el régimen, pasan largos períodos en celdas de castigo diminutas e inhabitables, conocidas como “tigritos”. Existen en todas las prisiones. En Yare II, donde estuvo Eduardo Torres, cumplen además otra función. “Apenas llegué estuve 21 días en un cuarto de tres por tres metros, con letrina. Éramos 13 personas y dormíamos unos encima de otros. Ahí tuve sarna”, relata. “Esto lo han convertido en una política de adaptación. Pero en estas cárceles lo que se castiga es sacar información hacia afuera”.

Torres estuvo varios días en situación de desaparición forzada, hasta que se supo que se encontraba en El Helicoide. Seis meses después recibió su primera visita, cuando ya había sido trasladado a Yare II, en las afueras de Caracas. Ese penal, al igual que El Rodeo, Tocorón o Tocuyito, está destinado a presos comunes, pero ha sido habilitado para detenidos políticos ante el colapso de El Helicoide.

Ni dentro ni fuera de la cárcel Torres ha dejado de ser abogado. Por eso, más que contar su historia, le preocupa señalar la irregularidad judicial que supone que él haya salido mientras otros implicados en su misma causa siguen presos. “Fui acusado por dar talleres de formación ciudadana que supuestamente iban a terminar en el sabotaje de las elecciones. Somos cinco personas señaladas por los mismos delitos. Salí yo y salió un periodista, pero tres siguen detenidos”, dice. Luego enumera las arbitrariedades —casi absurdas— del proceso: un profesor universitario de 59 años encarcelado por dar clases; otro hombre detenido solo por llamarse igual y tener una foto de María Corina Machado en el teléfono; y un tercero preso por compartir nombre con su padre, el verdadero organizador de los cursos, hoy en arresto domiciliario por su edad.

Para Torres, la reconstrucción del país —invocada tanto por Donald Trump como por Delcy Rodríguez y la dirigencia opositora— solo puede hacerse sobre la base del Estado de derecho. Insiste en la urgencia de un sistema de justicia autónomo, independiente e imparcial. No entra en detalles sobre los nueve meses que pasó en prisión. Se limita a decir que fueron muy duros. “Pero para quienes somos abogados, ahí terminamos de entender que la libertad y la vida son lo mismo”.