El mes que cambió Venezuela: de los ataques de Estados Unidos a la amnistía de presos políticos

Venezuela está a punto de cerrar un mes de vértigo. Desde la madrugada del 3 de enero los acontecimientos se han precipitado a una velocidad desconocida: un ataque militar quirúrgico, un chavismo desposeído de su líder, un régimen que se sobrepone y coopera con el enemigo, algunos signos de apertura, la redefinición del mercado petrolero y, finalmente, un gesto inesperado: una amnistía general de todos los presos políticos. El primer reconocimiento explícito de que el ciclo de la violencia política debe cerrarse para abrir otro horizonte posible.

A dónde conduce este camino aún está por verse, pero la cadena de hechos del último mes ha convertido la intervención militar en un nuevo catalizador del momento político. La amnistía ha sido el gran punto de inflexión, sostienen fuentes que siguen de cerca los movimientos del chavismo. La liberación general de presos políticos ya había estado sobre la mesa en al menos dos procesos de diálogo anteriores, pero nunca llegó a concretarse: eran fórmulas limitadas, centradas en excarcelaciones puntuales que no extinguían los procesos judiciales. Esta vez ha sido distinto.

Negociadores y mediadores —antiguos y actuales— han celebrado una medida que califican de histórica. “Delcy ha sabido leer el tiempo. Podría haber continuado con las excarcelaciones individuales, pero ha sido inteligente y ha optado por la amnistía”, explica una de esas fuentes desde Caracas. Más allá de su olfato para moverse en este momento pantanoso, el fuerte contexto social a favor de las liberaciones terminó de forzar su decisión.

Hoy todos los ojos están puestos en Venezuela. La atención internacional y la aceleración de los acontecimientos han creado un clima nuevo, incierto, pero que está permitiendo reivindicaciones que hasta hace semanas eran impensables. Así han rebrotado las protestas, apagadas durante meses por el recrudecimiento de la represión. Los familiares de los presos políticos se han mantenido en vigilia permanente desde que se anunciaron las primeras liberaciones que, en seguida, se presentaron como insuficientes para edulcorar una política represiva que arrastra cerca de un millar de detenidos por razones ideológicas. La bisagra del 3 de enero desactivó algunos de los miedos más arraigados de una sociedad civil arrinconada por años de persecución y silenciamiento.

La causa de los presos políticos agrietó el miedo. Movilizó a los estudiantes y empujó también a las dirigencias de los partidos opositores, incluido Vente Venezuela, de la líder María Corina Machado, a salir de la clandestinidad y a acompañar una lucha que durante años habían sostenido madres, esposas, hermanas e hijas desde las cárceles.

El petróleo como carta de negociación

Las primeras señales tras el 3 de enero fueron confusas. Primero se pensó en el desmoronamiento del régimen, pero en seguida todo empezó a indicar que Venezuela se encaminaba hacia un reacomodo del poder con el petróleo como carta negociadora y con un aparente espíritu de reabrirse hacia dentro y hacia fuera. Hacia fuera, Donald Trump tutela Venezuela desde Washington. Desde dentro, el chavismo intenta contrarrestar las imposiciones con un mensaje interno: Donald Trump no manda, vienen a decir. Maduro ya había pensado todo esto.

La mano de Trump dejó grietas visibles en la cúpula chavista. En un vídeo que registró una reunión de comunicadores del chavismo en el que participó Delcy Rodríguez telefónicamente, se reveló con claridad el alcance del golpe. En esa llamada con la presidenta en manos libres, Delcy Rodriguez confesó que aquel 3 de enero Estados Unidos les habría dado 15 minutos para decidir, bajo amenaza de muerte, si cooperaban.

En el mismo relato de debilidad, el chavismo es capaz de exaltar su fortaleza. En esa llamada, Rodríguez advirtió de que seguían en resistencia y pidió confianza en el alto mando político de la revolución. “Nunca hay que dudar de que la dirección política está firmemente comprometida con nuestros objetivos, aunque a veces se den pasos tácticos o acciones poco comprensibles”, dijo. El mensaje apuntaba a contener fisuras internas en una etapa de pura supervivencia política, la de mayor repliegue del chavismo en el poder, en la que los discursos han tenido que recalcularse sobre la marcha, como un GPS desorientado.

Ese reajuste permanente del discurso ha obligado a la presidenta encargada a apagar fuegos dentro de casa. Disipar acusaciones de traición y de entrega de la soberanía a Estados Unidos se ha vuelto clave para mantener el control interno. Esta semana, una voz emblemática de los sectores fundacionales del chavismo, Elías Jaua —vicepresidente de Hugo Chávez, excanciller de Nicolás Maduro y ocupante de varios cargos de alto nivel—, puso palabras a ese malestar al describir a Venezuela como un país ocupado. “El Gobierno que quedó tiene que trabajar en función de las directrices de la potencia ocupante, con algunas posibilidades de pulseo para que la expoliación sea de menor profundidad de la que pretende el imperialismo”, afirmó.

Ese equilibrio inestable explica también el alcance —y las dudas— del histórico anuncio de la amnistía de este viernes. La amnistía presentada por la presidenta encargada abrió un nuevo horizonte, pero dejó tras de sí también muchas dudas. Defensores de derechos humanos han advertido sobre la necesidad de que el proceso no derive en una evasión de responsabilidades por detenciones arbitrarias, torturas y otras violaciones cometidas durante años. La exigencia de justicia convive con la de memoria histórica: el Helicoide, que se convertirá en un centro para la comunidad, aparece como símbolo de un pasado que, para estos sectores de la sociedad civil, no puede clausurarse sin reconocimiento de los daños infligidos a la sociedad venezolana durante las últimas dos décadas.

La amplitud de la propuesta añade más interrogantes. El diseño y la ejecución de la amnistía han sido encargados a Diosdado Cabello, el puño duro de la revolución y uno de los arquitectos de los mecanismos de persecución, incluida la ley contra el odio con la que se ha justificado el encierro de personas por escribir su opinión en redes sociales. De cómo se resuelva esa paradoja dependerá en buena medida el rumbo y los límites de la transición que ahora se abre.

En cualquier caso, nada de esto había sido posible antes. Tras años de presión gradual y negociaciones diplomáticas, el chavismo no hizo más que radicalizarse y acumular perseguidos y víctimas para sostenerse en el poder sin respaldo popular, con una legitimidad herida desde el 28 de julio de 2024, tras el fraude electoral. La violación del derecho internacional cometida por Estados Unidos al bombardear Caracas —con un saldo de 83 muertos y decenas de heridos—, para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, forzó una salida que un régimen autoritario, negado a ceder, había rechazado hasta el final. Aquella madrugada en la que los caraqueños oyeron explosiones y el ruido metálico de los aviones militares sobre sus cabezas se convirtió en un hito para la descompresión política en Venezuela.

El papel de María Corina Machado también queda atado a los límites y a la amplitud de esta transición. Convertida por el chavismo en enemiga central del proceso, pesa sobre ella la amenaza de cárcel que una eventual amnistía debería desactivar. Durante este mes, la dirigente opositora con mayor respaldo social ha tenido que recalcular expectativas: primero desplazada por el lenguaje despectivo de Donald Trump, terminó reuniéndose con él y ofreciéndole la golosina simbólica del Premio Nobel que el republicano buscaba.

Machado salió de Venezuela a finales de 2025 en una operación de extracción apoyada por Estados Unidos y viajó luego a Noruega para recibir un reconocimiento a la lucha pacífica tras las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro quedó expuesto por el fraude. Desde una posición más periférica, ha aceptado en la práctica el manual de transición en tres pasos impulsado por el secretario de Estado, Marco Rubio —estabilización, recuperación y transición— y aguarda su momento. Un plazo que nadie se atreve a avanzar.

Más allá de la amnistía anunciada, la estructura represiva no ha dado señales de iniciar su desmantelamiento, una tarea que no involucra solo a los cuerpos policiales, sino a todo el aparato del Estado. Esta semana, Venevisión, uno de los principales canales de televisión abierta, emitió declaraciones de María Corina Machado desde Washington, tras su reunión con Marco Rubio. Fue un gesto inusual en un país censurado, donde los grandes medios evitaron informar sobre lo ocurrido el 3 de enero. La respuesta llegó rápido y con métodos conocidos: la señal fue retirada de las plataformas digitales estatales. Así, aunque la cancha de la transición parece haberse abierto tras este mes de vértigo, aún está por verse con qué reglas se va a jugar.