Las listas de espera para las residencias aumentan en Cataluña: un año y medio para ancianos, y casi seis para personas con discapacidad

Los servicios públicos en Cataluña acarrean problemas estructurales que impactan cada vez más en el día a día de los ciudadanos, y, según la Síndica de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán), se ha llegado a un fin de ciclo que exige una “transformación profunda” de toda la administración. Así lo ha expresado la síndica, Esther Giménez-Salinas, y lo ha plasmado en el informe anual de la institución para 2025, presentado este miércoles. El deterioro administrativo que se denuncia en el informe se ha traducido también en un aumento de quejas que la ciudadanía ha trasladado a la Síndica, sobre todo relacionadas con los derechos sociales. A raíz de estas quejas, la Síndica llevó a cabo un récord de 25.000 actuaciones. Uno de los ejemplos de los problemas estructurales denunciados está en las listas de espera para acceder a residencias para personas mayores y discapacitados: los primeros tardan 583 días en tener plaza, un 7% más que el año anterior, y los segundos casi seis años (1.199 días, un 6% más).

El informe anual recoge toda la actividad que ha llevado a cabo la Síndica para supervisar las administraciones públicas y el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. Las 25.000 actuaciones representan un 10,8% más que el año anterior, y provienen de las quejas recibidas (más de 13.600, un 21,7% más), así como de las consultas y las actuaciones de oficio. De entrada, el informe destaca que la mitad de las quejas recibidas el año pasado tuvieron que ver con los derechos sociales de los ciudadanos, destacando los temas de vivienda, salud, infancia y adolescencia, educación y transporte y movilidad. De fondo están las principales preocupaciones de la sociedad catalana: la crisis del acceso a la vivienda, las listas de espera en sanidad y en servicios sociales, el colapso en las aulas y los retrasos en la red de Rodalies.

Estos datos reflejan el malestar ciudadano ante unos servicios públicos que se han ido deteriorando, y el informe llega, como un toque de atención, justo en el momento en el que el Govern ha decidido retirar por ahora su proyecto de Presupuestos ante la falta de acuerdo con ERC. Según ha explicado Giménez-Salinas, los problemas estructurales se deben a que “las estructuras administrativas no han evolucionado al mismo ritmo que la sociedad”, ante lo que, según la Síndica, la administración ha levantado una “burocracia defensiva, lenta y no empática”. “Estamos en un final de etapa y necesitamos un gran acuerdo de país para hacer una nueva transición”, que pase por, entre otras medidas, “renovar estructuras que han envejecido, simplificar procesos, acabar con la burocracia defensiva y reconfigurar la administración para la Cataluña actual”, ha afirmado la síndica.

Además de las listas de espera en residencias, el informe también destaca el aumento de las listas de espera en salud: con respecto al año anterior, en 2025 hubo un 4% más de pacientes esperando una intervención quirúrgica, con una media de 148 días de espera, y un 8% más de pacientes en espera de pruebas diagnósticas. Las listas de espera en salud tienen otra derivada además del impacto en los ciudadanos, y es el aumento de la duración de las bajas laborales, que tiene a las patronales preocupadas por el incremento de los costes económicos relacionados con el absentismo laboral.

Capítulo aparte son los problemas en las prestaciones sociales. Por ejemplo, el informe señala que el tiempo de tramitación de la renta garantizada de ciudadanía, la prestación más importante gestionada por la Generalitat, ha pasado de 76 a 122 días en un año. Además del tiempo de espera, la renta garantizada arrastra otro problema, que vuelve a poner de manifiesto el informe: no llega a todos los que tendrían derecho a percibirla. Según la Síndica, cerca del 60% de las personas en situación de privación material extrema no perciben ni el ingreso mínimo vital ni la renta garantizada de ciudadanía.

Finalmente, entre otros aspectos, el informe analiza el sistema de protección a la infancia y la adolescencia. La Síndica considera “inadmisible” que haya cerca de 300 niños tutelados menores de seis años en centros residenciales, pues ha considerado que deberían priorizarse familias u otros mecanismos de acogida, con el fin de que los niños tengan un tutor referente estable. Otro dato “inadmisible” es la cifra de más de 6.700 personas que viven en la calle o en un asentamiento en Cataluña, en gran parte por la crisis de la vivienda.