Cataluña lidera las listas de espera para acceder a la dependencia: 38.000 personas y 275 días hasta recibir la prestación

El funcionamiento del sistema de atención a las personas mayores no se ha recuperado ni de los recortes de la crisis financiera ni de la crisis de la covid, y ya tiene en el horizonte otro reto mayúsculo: la llegada de toda la generación del baby boom a unas edades en las que muchos necesitarán asistencia. La patronal de las residencias de ancianos, Acra, ha presentado este miércoles un estudio en el que señalan que la población mayor de 65 años crecerá a un ritmo del 2,5% anual en Cataluña hasta doblarse, y el segmento de mayores de 80 años llegará a las más de 644.600 personas en el año 3035, un 7,1% de la población. Para entonces, alerta Acra, el sistema no podrá cuidar a todos los mayores dependientes si antes no se ha renovado, mejorado y financiado correctamente.

Según el informe, solo en Cataluña harán falta 80.000 plazas residenciales y 26.000 profesionales más dentro de una década. Este objetivo contrasta con una realidad paupérrima. Actualmente ya hay muchas menos plazas de las necesarias, los centros tienen muchas dificultades para encontrar profesionales y retenerlos, los problemas se acumulan y hay las listas de espera más largas de España: 38.002 personas esperan para ser evaluados sobre su grado de dependencia, y una vez reconocido, tardan 275 días en tener la prestación correspondiente.

En Cataluña hay ahora mismo 63.213 plazas en residencias y 20.177 plazas diurnas. Estas cifras, comparadas con la población que, por edad, podría ser susceptible de necesitar asistencia, son pequeñas: el índice de cobertura es de 13,2 plazas por cada 100 mayores de 80 años (la mediana europea es 16,3 plazas para cada 100 personas). En el servicio de atención domiciliaria (SAD), en Cataluña se atiende a 67.316 personas en sus casas, con un índice de cobertura del 4,3% para los mayores de 65 años, muy por debajo de la media europea (10,1%). Pero en el tema de la atención domiciliaria, más importante que la cobertura del servicio es la intensidad: cuántas horas al mes se dedican a la atención. En Cataluña, son 13 horas al mes, en la cola de las comunidades autónomas.

La presidenta de Acra, Cinta Pascual, ha transmitido en un encuentro con medios la desesperación del sector: “¿Qué haremos con toda la gente que llega a las residencias? La gente llega con situaciones de dependencia muy altas, las familias tienen un sentimiento de culpa brutal, y hay problemas estructurales". Estos, según Pascual, son sobre todo tres: la falta de profesionales para hacer frente al aumento de población residencial (sobre todo, la falta de capacidad de seleccionar estos profesionales, porque hay pocas nuevas promociones de enfermeras y auxiliares de residencias, y porque a la que pueden van al sector de la salud, donde se cobra más); la integración con salud, que en opinión de Pascual, “no funciona”; y una financiación que no es suficiente.

En el ámbito de la financiación, el sector de las residencias lleva años reclamando un mayor desembolso por parte de las administraciones, aunque no todas cumplen por igual. La Generalitat financia el 77% del gasto, cuando por la ley de Dependencia tendría que ser a partes iguales con el Estado. España solo destina el 0,9% de su PIB a la pandemia, mientras que la media europea está en el 1,79% y en países como Países Bajos o Suecia supera el 2,5%. El objetivo del sector es que se llegue a un 2% del PIB.

A mayor financiación, más plazas de residencia podrán abrirse, más tarifas públicas para las empresas que gestionan los centros y mejores sueldos habrá. La diferencia salarial entre el sector concertado y el público es tan grande que, según explica Pascual, tienen problemas para retener a los profesionales más de un año. También a los que vienen por programas de contratación en origen. “Como gestora, debo decir que posiblemente, salvo el Covid de por medio, estamos viviendo uno de los momentos más difíciles. No hay profesionales, no hay esta vocación”, ha dicho. En este sentido, ha reclamado que haya un convenio único para todo el sector de las residencias y de salud, que no haga distinción.

Sobre la integración social y sanitaria, uno de los proyectos que tiene la Generalitat para hacer frente a la renovación del sector, Pascual ha alertado de que falta “una coordinación real”: a pesar de que la inmensa mayoría de los centros han firmado la coordinación con los centros de atención primaria, luego en el día a día esta no se produce.