Guatemala, entre la sangre de las bandas y el efecto Bukele

El Mezquital no es un barrio y tampoco una colonia. Surgió como tal, pero ahora es una superposición abigarrada de viviendas grises y techos de lámina en las afueras de Ciudad de Guatemala. Desde aquí, los edificios de la capital se ven a lo lejos como lucecitas, tan inalcanzables como las zonas ajardinadas, los centros comerciales o los centros de salud. Los viejos school bus amarillos irrumpen ruidosos y humeantes por la calle principal, con vecinos silenciosos que viajan con el teléfono móvil escondido. De aquí salieron las pandillas Barrio 18 y Salvatrucha, que han puesto en jaque al país y al Gobierno de Bernardo Arévalo, que ha declarado el estado de sitio. Aunque el decreto cumplió este domingo una semana en vigor, en las calles de El Mezquital solo aplican las viejas leyes de siempre: “Ver, oír y callar”.

Guatemala es uno de los países más pobres y violentos de Latinoamérica. Con casi 17 millones de habitantes, el país centroamericano contabiliza 22 idiomas mayas, 37 volcanes (cuatro de ellos en activo), costas en el Pacífico y el Caribe y diez personas asesinadas cada día. Una crisis de seguridad que debe encarar un Gobierno débil y aislado que tomó posesión en enero de 2024 y que pretende derrotar a un ejército de 30.000 pandilleros tatuados dispuestos a hacerlo caer.

Para explicar las razones por las que Guatemala ha declarado el estado de sitio y ha desplegado a miles de policías y soldados en sus calles es necesario irse algunos meses atrás. Mucho antes, por tanto, del sangriento sábado 17 de enero, cuando una oleada de ataques orquestados por las maras dejó diez policías muertos y otros tantos heridos.

Durante el verano anterior, el Ministerio de Interior decidió cambiar de cárcel a los líderes de las pandillas Barrio 18 y Salvatrucha, considerados grupos terroristas por Estados Unidos. El Gobierno había decidido que para todos ellos se habían terminado las camas king size, el internet de alta velocidad, los mariachis, el alcohol y las drogas entre rejas, y juntó en una misma cárcel de seguridad a sanguinarios líderes como El Lobo y El Diabólico, algo impensable hasta entonces.

Durante varios meses, los líderes de Barrio 18 y la Salvatrucha exigieron su vuelta a las viejas prisiones hasta que, cansados del silencio oficial, el sábado pasado dieron la orden de iniciar tres motines en diferentes cárceles del país. El resultado fue una ola de violencia que quemó colchones, destrozó instalaciones y derivó en el secuestro de 37 funcionarios de prisiones a quienes, encerrados en una celda, hicieron grabar un vídeo diciendo que las demandas de los presos eran legítimas.

El Gobierno guatemalteco remarcó que no cedería ante ese “chantaje”. La intervención policial logró sofocar los motines y detuvo a Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias El Lobo, una mole de más de 200 kilos a quien que los agentes mostraron arrodillado y ensangrentado como unos cazadores presumiendo de su presa.

Acto seguido, las pandillas respondieron activando a su gente en las calles con una única orden: empezar a matar a policías. El que sea, donde sea y como sea. Daba igual. Una pareja de agentes que iba en moto, otro agente que vigilaba una oficina, dos más que patrullaban por una colonia de la periferia, dos agentes en el coche patrulla… Así, uno a uno y a bocajarro, las pandillas cumplían su venganza y dejaban en pocas horas diez agentes muertos y otros diez heridos.

La respuesta de las pandillas evidenció la eficacia sangrienta de quienes, con unas llamadas de teléfono, lograron organizar una matanza en pocas horas y poner contra las cuerdas a un Gobierno que apela al diálogo, a los planes sociales y al fortalecimiento de las instituciones para enfrentar la violencia.

El Gabinete de Arévalo sostiene que detrás de la matanza hay una “mafia político-criminal” que pretende derrocarlo y en la que están implicados todos los poderes que convirtieron en una agonía su complicada llegada al poder.

El diplomático de 67 años Bernardo Arévalo ganó sorpresivamente las elecciones en 2023 al frente de Semilla, una organización que aglutinaba a indígenas, académicos y clases medias hartos de los tres últimos gobiernos de derechas —Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei—, que dejaron un largo reguero de casos de corrupción.

Sin embargo, Semilla no tiene mayoría en el Congreso y se topó con la oposición del Ejército y de los principales empresarios del país. También con la del sistema de justicia. La fiscal Consuelo Porras —sancionada por corrupción en Europa y Estados Unidos— es, según el Gobierno de Arévalo, la cabeza visible del llamado “pacto de corruptos”, una alianza informal de políticos, élites burocráticas y empresarios, que se protegen entre sí para mantener el poder y que ha obligado al exilio a decenas de fiscales, jueces, periodistas y opositores.

Con un discurso conciliador y de corte progresista, Arévalo prometió fortalecer las instituciones e impulsar programas sociales para combatir la violencia, en contraste con quienes le pedían mano dura contra las pandillas al estilo autoritario de Nayib Bukele en El Salvador.

“Las pandillas han operado como brazo armado de estos grupos de poder”, sostiene el exviceministro de Gobernación Arnoldo Villagrán. Para Villagrán, que fue responsable de la seguridad en el país entre 2008 y 2010, los asesinatos de policías de los últimos días “son el primer aviso” ante un año de alto voltaje político, en el que se elegirá a un nuevo fiscal general, a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y a los de la Corte de Constitucionalidad, verdaderos operadores en la sombra del rumbo del país.

“Son conocidos los informes que advertían de posibles atentados de Barrio 18 contra Arévalo”, recuerda en su oficina de la Zona 10 Francisco Solórzano Foppa, exfiscal y exdirector de Análisis Criminal del Ministerio Público (MP).

Las conexiones político-mafiosas denunciadas por Arevalo apuntan principalmente a la fiscal Porras y a la líder de la oposición, Sandra Torres. “Ustedes no defienden terroristas, se casan con ellos”, le dijo esta semana un diputado a Torres, líder del principal partido de oposición (UNE) y candidata en las tres últimas elecciones, que perdió por un puñado de votos. La sobrina de Sandra Torres es esposa de El Lobo, el orondo líder pandillero condenado a 191 años de cárcel que ha puesto contra las cuerdas al mandatario.

Efecto Bukele

Pero las broncas políticas de poco sirven a pie de calle ante la violencia. “Aquí todo el mundo quiere un Bukele”, afirma Alejandra Béliz, una trabajadora social de El Mezquital que llora recordando el día en el que su hermano fue tiroteado “por error” por las pandillas a pesar de que paga religiosamente una extorsión semanal de 800 quetzales (87 euros) por mantener abierta su papelería.

Desde que Nayib Bukele ganó con 38 años las elecciones en El Salvador, su modelo se ha convertido en la referencia para todo el continente. Pero, para bien o para mal, Arévalo está en las antípodas del salvadoreño. Bukele es un presidente fanfarrón y autoritario; Arévalo insiste en el diálogo y en fortalecer las débiles instituciones salidas de la guerra civil guatemalteca. Sin embargo, el primero resolvió el problema de la violencia en su país y el segundo está desbordado en el suyo.

Paradójicamente, el despertar de Bukele como azote de las pandillas tiene un comienzo muy similar al de Arévalo. Un día de marzo de 2022, las bandas salvadoreñas echaron un pulso a Bukele y mataron a 88 personas en dos días para forzar al Gobierno a negociar, entre otras cosas, mejores condiciones en las cárceles. La reacción del presidente salvadoreño fue todo lo contrario: declaró el estado de emergencia —que sigue vigente—, sacó al ejército a la calle y comenzó a detener a gente. Primero a pandilleros, después a cualquiera que llevara tatuajes y más tarde a familiares o amigos de sospechosos.

La consecuencia es que en cuatro años ha encarcelado a casi el 2% de la población adulta de El Salvador. Después renegó de la Constitución y se reeligió en el cargo, a pesar de que las leyes solo permiten un mandato. En este período, decenas de periodistas, abogados y políticos opositores han tenido que exiliarse. A cambio, las pandillas prácticamente no existen y el país registró el año pasado 82 homicidios frente a los casi 6.700 de hace diez años.

Con un renovado tono enérgico, Arévalo ha prometido construir nuevas cárceles en Guatemala, sumándose así a una tendencia en América Latina que también sigue el ejemplo de Bukele en Ecuador, Honduras o Costa Rica. Estos tres países iniciaron la semana pasada la construcción de prisiones inspiradas en la temida CECOT, la inhumana cárcel de máxima seguridad en la que Bukele encierra a los pandilleros.

México, el país vecino, afronta un reto similar. Después de los “abrazos y no balazos” proclamados por Andrés Manuel López Obrador, Trump ha subido el tono y la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, ha perseguido a los cárteles de la droga de forma más agresiva que su antecesor, quien insistía en que la pobreza y la falta de oportunidades “son las causas” de la violencia.

“La mezcla de la creciente presión estadounidense y la referencia derechista de Bukele, que da una respuesta a los problemas de seguridad, ha obligado a los gobiernos a equilibrar pragmáticamente sus propios principios con las crecientes solicitudes de represión”, señala Tiziano Breda, experto en análisis de la violencia en América Latina de la organización ACLED con sede en Estados Unidos.

Las últimas encuestas del Latinobarómetro confirman que a la población no le importa vivir en regímenes autoritarios siempre y cuando garanticen comida y seguridad, una tendencia “que seguirá aumentando en la medida en que continúe la violencia y las formaciones menos populistas o más respetuosas con los derechos humanos no encuentren fórmulas que den resultados”, añade Breda.

Cárceles y la 18

Paralelamente, la crisis en Guatemala ha servido para evidenciar la crítica situación en las cárceles. El ministro de Interior reconoció que en las 23 cárceles del país hay más de 23.000 presos, aunque la capacidad máxima es de 6.000. Durante años, las masificadas prisiones centroamericanas han sido los lugares desde donde han seguido operando las pandillas una vez que eran capturados. De allí salían las llamadas, las extorsiones y las órdenes de matar.

Uno de los líderes pandilleros trasladados por el presidente Arévalo este verano era Yahir de León, alias El Diabólico, líder de la Mara Salvatrucha condenado a más de 160 años de cárcel. Para ejemplificar la impunidad de las cárceles de Guatemala basta recordar cuando, en 2019, este periódico acordó una entrevista con El Diabólico. El País acudió a la prisión de Fraijanes sin cámara ni grabadora porque estaba prohibido introducirlas en la prisión. “Mirá vos, tu solo decíme lo que necesitás”, dijo El Diabólico. Y así fue. Cuando el periodista llegó a la celda del líder de la Salvatrucha, se encontró con una grabadora y una cámara a estrenar listas para ser utilizadas.

El Diabólico hablaba en nombre de un ejército de más de 10.000 hombres que viven del robo, la extorsión, el secuestro y el narcomenudeo. Es la pandilla más sofisticada, reconoce Aníbal Argüello, experto en criminalística y exmiembro de la CICIG, la organización de Naciones Unidas contra la corrupción. “Son más jerárquicos, ordenados, responden al líder y no es difícil encontrarse con abogados, licenciados en el extranjero, en sus filas”, explica. La Salvatrucha ha estado tradicionalmente enfrentada a Barrio 18, “más desorganizada, violenta y caótica”, añade. Siempre han estado enfrentadas y se han repartido el país, pero ahora parecen trabajar unidas, explica. “Es sintomático que no se hayan atacado entre ellas; su intención era desestabilizar al gobierno”, dice.

Las maras tienen su origen en las pandillas latinas surgidas en Los Ángeles en los años setenta y ochenta. En décadas posteriores, Estados Unidos se sacudió el problema con deportaciones masivas que trasladaron el fenómeno a un país roto, sin recursos y sin Estado, en el que poco a poco fueron haciéndose más fuertes. De 1993 a 1998, Estados Unidos deportó a más de 15.000 guatemaltecos, un 20% de los mismos con antecedentes penales. Miles de jóvenes sin oficio ni familia que se reencontraban con un país empobrecido que fue el perfecto caldo de cultivo para delinquir. El Mezquital fue el principal destino de muchos de ellos y, a finales de 1998, la MS-13 y Barrio 18 eran los dueños de la capital. “Ahora son marionetas desechables utilizadas por el poder político”, añade abatida Béliz, la trabajadora social de El Mezquital, con las luces de la ciudad al fondo.