Huanta, la Marina y una guerra que Perú aún no asume

Entre 1980 y 2000, Perú vivió uno de los conflictos armados internos más letales de América Latina. El caso de Huanta, en Ayacucho (a 3.000 metros sobre el nivel del mar), ilustra tanto la violencia de Sendero Luminoso como las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Ese conflicto dejó en el país, según cifras oficiales, cerca de 69.000 víctimas fatales. La mayoría fueron campesinos quechuahablantes de las regiones andinas más pobres. El principal responsable de esa violencia -no cabe duda- fue Sendero Luminoso, organización maoísta que recurrió sistemáticamente al terrorismo contra autoridades, dirigentes sociales y población civil. Sin embargo, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), creada tras el retorno a la democracia, estableció que agentes estatales también cometieron crímenes graves.

Uno de los episodios más representativos es el ocurrido en Huanta, en Ayacucho, epicentro inicial del conflicto. Allí, a partir de 1983, el Estado decidió poner esa zona andina bajo el control de la zona a la Marina de Guerra de Perú, desplazando al Ejército. La decisión se adoptó durante el segundo Gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985), en un contexto marcado por la expansión de la violencia subversiva y la ausencia de una estrategia integral antisubversiva o de derechos humanos.

Graves violaciones

La CVR documentó que, bajo el control de la Base Naval de Huanta, se produjeron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas contra civiles. Según el informe, no se trató de hechos “aislados” ni de excesos individuales, sino de prácticas sistemáticas en las que existió responsabilidad de oficiales y una cadena de mando operativa. A diferencia de otros episodios del conflicto, algunos casos vinculados a Huanta llegaron a los tribunales y varios oficiales fueron investigados o condenados. No obstante, no hubo un reconocimiento institucional ni un pedido público de perdón por parte de la Marina.

Ese silencio contrasta con una tradición distinta en la historia naval peruana. En 1873, el almirante Aurelio García y García firmó el tratado entre Perú y China que permitió la creación de misiones internacionales de inspección “in situ” para verificar las condiciones atroces que sufrían los trabajadores chinos —los llamados coolies— en las haciendas azucareras de la costa. Fue un antecedente poco común para su época: un Estado que aceptaba el escrutinio externo como mecanismo de protección de derechos humanos.

Huanta simboliza, para muchos analistas, la ruptura de ese legado. Mientras la Marina del siglo XIX asumió la transparencia y el control internacional como parte del honor institucional, sectores de la Marina contemporánea han cuestionado o relativizado el informe de la CVR. Esa postura se refleja también en el escenario político actual, donde una denominada “bancada militar” en el Congreso corrupto que somete a Perú, ha tomado decisiones a limitar -o impedir- investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto.

En un contexto electoral, el debate adquiere nueva relevancia. La experiencia peruana muestra que la ausencia de verdad y reconocimiento de responsabilidades debilita la confianza en las instituciones democráticas. Huanta recuerda que los procesos de reconciliación no se sostienen sobre el olvido, sino sobre la verdad, la justicia y la rendición de cuentas.

​Temas, pues, pendientes.