La justicia boliviana encarcela a cinco integrantes del Movimiento al Socialismo (MAS) en los primeros dos meses de Gobierno de Paz

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, está cumpliendo su promesa de campaña de llevar ante la justicia a los miembros del partido que gobernó el país durante dos décadas (2005–2025), el Movimiento al Socialismo (MAS). El mandatario alcanzó dos meses de gobierno el 8 de enero y una de sus prioridades, junto al ajuste económico, está siendo la ofensiva judicial contra el anterior Gobierno, al que culpa de la peor crisis económica de Bolivia en lo que va de este siglo. Son cinco las personas vinculadas al MAS que han sido enviadas a prisión preventiva, todas relacionadas con delitos de corrupción; la más reciente es el exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, acusado de conducta antieconómica y otros delitos.

La decisión de un juez de enviar a Montaño por cuatro meses a la cárcel de San Pedro de La Paz, mientras se desarrolla la investigación, se produjo el domingo por la tarde. Dos días antes fue enviado al mismo centro penitenciario el antiguo director de la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (Epcoro), Edwin Condori, tras una audiencia de medidas cautelares. Enfrenta acusaciones de malversación, incumplimiento de deberes y concusión. La Fiscalía lo acusa de solicitar desembolsos que acumulan más de 17 millones de dólares sin presentar posteriormente descargos que respalden esos montos.

También en San Pedro cumple detención preventiva desde el 12 de diciembre el expresidente Luis Arce, imputado, entre otros delitos, por enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias. La lista de masistas detenidos se completa con los exdiputados Lidia Patty y Franklin Flores. La primera fue la que denunció por golpe de Estado a la expresidenta conservadora Jeanine Áñez en 2020 y está siendo acusada de incumplimiento de deberes: habría recibido un monto cercano a los 100.000 dólares para ejecutar un proyecto del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc) que nunca se concretó.

Quien supuestamente autorizó ese desembolso fue Arce cuando fungía como ministro de Economía (2006–2017); por ello es procesado por la vía ordinaria y no mediante un juicio de responsabilidades, como correspondería a un expresidente, según defiende el Gobierno. Flores, por su parte, es acusado de dirigir la defectuosa construcción de una planta industrializadora de papa que funcionó solo unas semanas, cuando era gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). Las detenciones de antiguos funcionarios públicos no son hechos aislados, sino que responden a una política de “lucha contra la corrupción” impulsada desde la Presidencia, según aseguró el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

“Como ministerio de Gobierno, investigamos a las personas que han producido un daño económico a la patria y posteriormente lo derivamos al ministerio Público y a la Policía. Cumplimos un mandato presidencial, una política de Estado dentro de la transparencia y la lucha a fondo contra la corrupción”, aseguró Oviedo en la conferencia de prensa en la que se anunció la detención de Montaño. Durante la rueda de prensa explicó que el exministro se habría beneficiado con casi 2.500 millones de dólares mediante la construcción de una carretera que conecta Cochabamba con el oriente del país.

Paz ha sido enfático en señalar al anterior Gobierno como responsable de la recesión económica que atraviesa Bolivia, reflejada en parte en la reducción de las reservas internacionales, que cayeron de 15.000 millones de dólares en 2014 a menos de 1.800 millones en 2024. “Por donde entramos, ministerios, instituciones, hemos encontrado corrupción, y desgraciadamente en proporciones o dimensiones no esperadas. Una cloaca, y es duro decirlo”, afirmó. Ha sido particularmente duro con el anterior modelo económico del MAS, basado en la distribución equitativa de la renta gasífera a través de la inversión pública: “Todo lo que en este país tiene que ver con subvención tiene corrupción”, sostuvo a una semana de su investidura.

Una de sus primeras acciones como presidente fue la creación de al menos diez comisiones de la verdad, encargadas de auditar e intervenir una serie de empresas públicas. “No es venganza, es justicia”, justificó entonces Paz. Aún faltan los resultados del grupo destinado a indagar en la producción y venta de carburantes, presentado como el más importante, ya que una de las razones de la escasez de divisas en el país es la reducción de las exportaciones de gas. El mandatario asegura que el presunto desfalco del MAS rondaría, en total, los 15.000 millones de dólares.

El próximo en la mira parece ser el antiguo jefe de la cartera de Gobierno, Eduardo Del Castillo. Fue aprehendido el pasado 30 de diciembre cuando intentaba salir del país por el aeropuerto, tras negarse a pasar el control de seguridad rutinario, según denunció la Policía. Sin embargo, fue liberado horas después. Incluso se ha especulado con la detención del expresidente Evo Morales (2006–2019), sobre quien pesa una orden de aprehensión desde octubre del 2024 por no presentarse a declarar en un caso de trata de menores.