El Gobierno de Paz cede y retira parte del decreto de ajuste económico en Bolivia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cedió este domingo para poner fin a la primera crisis de su Gobierno. Paz anunció, rodeado de su Gabinete, la retirada del decreto 5503, que aplicaba un ajuste económico para paliar la crisis monetaria. La norma contemplaba la eliminación del subsidio a la gasolina y el diésel, que, sin embargo, se mantendrá en un nuevo documento. La decisión llega después de 21 días de marchas y presión social de diferentes movimientos sociales, encabezados por la mayor confederación sindical del país, la Central Obrera Boliviana (COB). La medida de protesta más reciente fue el bloqueo de carreteras. Con esos sectores, una comitiva de ministros del Ejecutivo mantuvo una reunión en la ciudad de El Alto que duró casi cinco horas y concluyó con la firma de un acta de compromiso, en la que los movilizados aceptaban ceder en las presiones.

Trabajadores campesinos, fabriles, mineros y profesores públicos estuvieron presentes en el diálogo; tildaban al decreto de “vendepatria” y lo rechazaron desde su firma, el 17 de diciembre. El fin de la subvención al combustible aumentó el precio de la gasolina en un 86% y el del diésel en un 160%, pero era una medida anunciada con antelación para frenar el déficit fiscal, que cerró 2025 con un 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB). Los artículos más criticados eran los que permitían efectivizar contratos entre el Estado e inversiones extranjeras y nacionales en recursos naturales.

También fueron objeto de controversia los puntos que implementaban el fast track, un procedimiento acelerado para aprobar proyectos de inversión, con plazos máximos de 30 días para que las instituciones públicas emitan licencias técnicas, como las medioambientales, por ejemplo. A pesar de que los ministros se comprometieron a no continuar con este método, al menos por decreto, hubo momentos de tensión en el diálogo antes de aceptar finalmente la propuesta de elaborar una nueva normativa de forma conjunta con los sectores movilizados y levantar las medidas de presión. Una integrante de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa disintió: “Los ministros se están comprometiendo, pero quien promulga es el presidente. Aguantaremos dos días más [de presión] hasta que se abrogue el decreto”.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, uno de los enviados del Ejecutivo para el diálogo, dijo que era “muy grave” la desconfianza sugerida. “Hay centenares de niños en los puntos de bloqueo en las carreteras sin tener qué comer; otros centenares de personas en El Alto y ciudades intermedias de las provincias a las que ya no les llegan los alimentos. ¿Por cuatro o cinco compañeros esa gente va a seguir sufriendo?”, afirmó. Lo acompañaban en la comitiva el titular de la cartera de Economía, Gabriel Espinoza, y el de la Presidencia, José Luis Lupo.

Finalmente, la máxima autoridad de la COB, Mario Argollo, tomó la palabra y, tras una votación verbal y conjunta entre los presentes, se decidió continuar con los términos establecidos. “La lucha era clara y no los hemos traicionado. Hay gente en la carretera que está sufriendo. Aquí ha ganado la democracia sindical”, dijo. Hasta el domingo se registraban más de 60 puntos de bloqueo de vías interdepartamentales, que imposibilitaban el tránsito terrestre en el llamado eje central del país, conformado por La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra.

Otro de los puntos que se mantienen del decreto 5503 son las medidas de contención social para hacer frente a la subida del precio del combustible. El salario básico aumentó en un 20% y se incrementaron bonos dirigidos a adultos mayores y a estudiantes de primaria en escuelas públicas. El plazo otorgado al Gobierno para la elaboración de la nueva normativa es de 48 horas.