El presidente de Bolivia elimina por decreto la subvención a la gasolina y genera una ola de rechazos

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó la noche del miércoles un decreto con más de 120 artículos que elimina la subvención a la gasolina y al diésel que el Gobierno asumía desde hace 20 años. Paz ha calificado el documento como un “salvataje económico histórico para la patria” y lo ha justificado como una decisión urgente para reducir el déficit fiscal y aminorar el deterioro económico que derivó en una inflación de dos dígitos.

El impacto causado por la medida ha sido inmediato: el precio del transporte público se ha duplicado desde este jueves. Además, ya se registran manifestaciones y cierres de calles por parte de centrales obreras regionales, como ocurre en la ciudad de El Alto, aledaña a la sede de Gobierno de La Paz. Para intentar reducir el impacto social, el decreto incluye un aumento salarial del 20%, la subida de la renta para adultos mayores y un incremento del bono Juancito Pinto, destinado a estudiantes de primaria.

Paz sostuvo que la eliminación de la subvención no significa “abandono, sino orden, justicia y redistribución clara y transparente”, pero la justificó como necesaria parar frenar el deterioro de la economía, agravado desde que el Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticinó en su último reporte una recesión para Bolivia hasta 2027.

El colapso monetario en el país andino se debe en gran parte a la escasez de dólares, cuyo principal ingreso al país provenía de la exportación de gas. La venta del hidrocarburo se redujo en 40% desde 2014, pero la subvención se mantuvo, lo que ha representado un alto coste económico para el Estado. Datos oficiales muestran que mantener las subvenciones le cuesta al Estado 3.500 millones de dólares al año. “Asumimos un país herido en su economía, sin reservas internacionales, sin dólares, sin combustible y con inflación”, aseguró Paz en una de sus constantes diatribas contra los anteriores mandatos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Las acusaciones no se quedaron solo en el discurso: se conformaron varias comisiones de la verdad que derivaron en diversos arrestos, entre ellos el del expresidente Luis Arce.

Reacciones negativas

Las reacciones negativas al reajuste surgieron casi de inmediato. En las ciudades bolivianas se registran largas filas para intentar conseguir combustible a precio subvencionado. Varios conductores consultados por la prensa manifestaron su preocupación por lo que se avecina: “Era una medida necesaria, pero duele. Esperábamos que se aplicara en 2026, al menos después de las fiestas; será un duro golpe para el comercio de estas fechas”, dijo uno de ellos. Sin el apoyo financiero estatal, el precio de la gasolina pasó de 0,54 dólares por litro a 1 dólar. El diésel, por su parte, subió de 0,50 a 1,40. Ante los nuevos precios, los sindicatos de choferes del transporte público se declararon en emergencia y dieron un plazo de 24 horas al Gobierno para retirar la medida. La Central Obrera Boliviana (COB), en tanto, concluyó en una reunión de emergencia que enfrentará lo que ha llamado como el “decreto hambreador”.

El decreto fue criticado incluso por la mayoría de las bancadas de la Asamblea Legislativa, presidida por el vicepresidente Edmand Lara, en permanente desencuentro con Paz desde el día siguiente de asumir. “Rechazamos categóricamente estas medidas y consideramos que no era el momento de aplicarlas, porque lo único que provocarán es más pobreza, más desempleo y el encarecimiento de la canasta familiar, afectando a los sectores más humildes”, sostuvo el vicepresidente, acompañado por los jefes de los bloques parlamentarios. Para Lara, la eliminación de la subvención debió ser gradual. “El levantamiento del apoyo debía realizarse conforme se iba reactivando nuestra economía, aún muy golpeada”, dijo.

Del otro lado, los empresarios tampoco ven con buenos ojos las medidas de contención promulgadas por Paz. El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Rolando Kempf, reprochó que el Gobierno no haya atendido sus solicitudes de reuniones que incluyan también a representantes obreros. “El incremento salarial es muy difícil de asumir para los empresarios en estas condiciones (…); muchas empresas quebrarán y otras reducirán considerablemente su personal”, vaticinó.

El ministro de Economía, Juan Gabriel Espinoza, ha salido a apaciguar los incendios. Primero llamó al diálogo a los choferes del transporte público, indicando que el aumento en los pasajes “no tiene justificación técnica”. Después admitió el impacto del decreto en la canasta familiar, pero prometió que “no será significativo”. “No va a faltar aceite, no va a faltar pollo, no va a faltar huevo. El abastecimiento está asegurado. Existe una psicosis colectiva alimentada por cadenas de desinformación”, criticó el funcionario.