El chavismo acelera la liberación de presos entre expectativas y dudas

Tras varios días de liberaciones a cuentagotas, el Gobierno de Venezuela anunció este lunes que ha excarcelado ya a 116 presos, en un gesto con el que el chavismo busca mandar un mensaje de apertura. Las cifras, sin embargo, son siempre confusas. Las organizaciones de derechos humanos solo han podido confirmar, de momento, la excarcelación de 49 personas: entre las que se encuentran 24 liberadas durante la madrugada del lunes y el resto que ha ido saliendo desde que el pasado jueves se anunció la liberación de “un número importante” de detenidos. El desfase entre cifras se explica, según fuentes conocedoras del proceso, por la complejidad de los trámites que deben coordinar jueces, fiscales y autoridades penitenciarias hasta que se ejecuta la puesta en libertad.

Esta primera cifra oficial concretaría la más relevante medida de gracia de la Venezuela sin Nicolás Maduro, un proceso que aún genera muchas dudas entre las organizaciones humanitarias, pero que, a la vez, causa cierto entusiasmo. Este es, según una fuente conocedora de las negociaciones, un momento histórico en la liberación de presos en Venezuela. Las cárceles del país aún mantienen encerrados entre 800 y 1.000 presos políticos, según las organizaciones que acompañan sus cuestionados procesos judiciales.

Las negociaciones para liberarlos se están produciendo en múltiples frentes y cada país ejerce sus propias presiones. Son conversaciones complejas y aunque varios mediadores atribuyen a Delcy Rodríguez, la nueva presidenta encargada, la voluntad de colaborar, ella misma enfrenta resistencias internas. “Hay desencuentros dentro del régimen”, cuenta una fuente diplomática que mantiene diálogo con Caracas desde hace años. “Algunos no quieren ceder, mientras Delcy Rodríguez sí”, añade. “Ella siempre estuvo a favor de este proceso”, asegura otro interlocutor sobre la dirigente, quien, por otro lado, ha controlado el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), un organismo que ha practicado gran parte de las detenciones arbitrarias.

Entre los últimos presos puestos en libertad figuran dos ciudadanos italianos y el hispano-venezolano Alejandro González, exmarido de la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, también de doble nacionalidad. Ella fue puesta en libertad el pasado sábado y ya se encuentra en España. Los liberados tienen prohibido hacer declaraciones públicas y sus procesos judiciales continúan abiertos.

La excarcelación de González tiene un fuerte componente simbólico porque se entrelaza con la de San Miguel, una de las voces más respetadas de la sociedad civil venezolana en materia de asuntos militares y de seguridad. La abogada fue detenida el 9 de febrero de 2024 mientras se disponía a abordar un vuelo en el aeropuerto de Maiquetía junto a su hija. Pasó más de dos años recluida en El Helicoide, la sede del SEBIN en Caracas, un centro de detención marcado por las denuncias de abusos graves de derechos humanos por parte de organismos internacionales. Ese mismo día, las autoridades arrestaron también a González, entonces gerente de Chevron en Venezuela, acusado de revelación de secretos políticos y militares, obstrucción a la justicia y asociación para delinquir. Familiares y organizaciones han denunciado siempre que las acusaciones eran parte de una estrategia de criminalización política.

Entre los liberados durante la madrugada del lunes se encuentran también el cooperante italiano Alberto Trentini y el empresario Mario Burlò, que llevaban más de un año en prisión. Mientras un avión partía de Roma para recogerlos, el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, celebraba un desenlace en el que participaron varios diplomáticos italianos y hasta la Iglesia. “Hablé con nuestros dos compatriotas: se encuentran bien y pronto regresarán a Italia”, dijo el canciller. La primera ministra Giorgia Meloni se había implicado personalmente en las gestiones para lograr la liberación de presos italianos y, según fuentes diplomáticas consultadas por EL PAÍS, la decisión final fue adoptada por la presidenta encargada tras negociaciones a varias bandas. Otros dos venezolanos con nacionalidad italiana habían sido excarcelados la semana pasada.

Las negociaciones para la liberación de presos políticos son una constante en la última década, pero la caída de Nicolás Maduro en manos de fuerzas especiales de Estados Unidos el pasado 3 de enero ha abierto un escenario nuevo e imprevisible. Contra muchos pronósticos, el chavismo se mantiene en pie y Delcy Rodríguez ha asumido el control del país, respaldada por el presidente Donald Trump. Varios interlocutores con Caracas que han hablado con EL PAÍS en los últimos días atribuyen a la nueva presidenta una mayor disposición a aflojar la mano dura que caracterizó al madurismo, aunque reconocen resistencias internas en el núcleo del poder.

El principal objetivo declarado de Estados Unidos, tras sacar del país a Maduro y a su esposa Cilia, es que sus empresas puedan explotar el petróleo venezolano. Pero Washington, según se desprende de las palabras de Trump y sus colaboradores, también está ejerciendo presión para que el régimen dé señales de apertura, con medidas como la liberación de presos. En ese contexto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció el jueves la excarcelación de “un número importante” de detenidos, sin precisar cifras, y la presentó como “un gesto unilateral para afianzar la paz”. Agradeció, además, la mediación del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y de Qatar, un mensaje para desprenderse de la sombra Washington.

El anuncio disparó las expectativas entre las cerca de 1.000 familias que tienen a sus allegados encarcelados por motivos políticos. Aunque las cifras confirmadas siguen siendo modestas, Trump celebró el pasado sábado: “Venezuela ha empezado el proceso, a lo grande, de liberar a sus presos políticos. ¡Gracias! Espero que esos presos recuerden la suerte que tuvieron de que EE UU llegara e hiciera lo que tenía que hacerse”, escribió en su red social. Si no lo hacen, amenazó, “no será bueno para ellos”.

Las excarcelaciones avanzan de forma lenta y escalonada. Según el Foro Penal, las 49 liberaciones confirmadas contrastan con los más de 800 presos políticos que contabiliza la organización, una cifra que otras ONG elevan por encima del millar. La confusión no es nueva. En Navidad y Año Nuevo, el Gobierno anunció medidas similares para otros 187 detenidos que nunca llegaron a concretarse plenamente. El procedimiento legal sigue sin ser claro: los tribunales deberían emitir las boletas de excarcelación e inmediatamente los directores de las prisiones deberían abrir las rejas a los liberados, pero, en varios casos, hay presos que no salen incluso con esos documentos. La opacidad en las cifras y la distancia entre los anuncios oficiales y los hechos se ha convertido en una constante del chavismo en momentos de alta presión política. Mientras tanto, las detenciones arbitrarias no se han detenido.

“Las excarcelaciones en Venezuela son muy complejas”, advierte Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). “Toda excarcelación tiene que pasar por un proceso jurídico marcado por una burocracia enorme, lenta y muy politizada, con un sistema de justicia poco operativo y cooptado por el Ejecutivo”, explica. “Dicho esto, si hubiese una voluntad política real para que eso ocurriera rápidamente, ocurriría”, añade. Jiménez, en cualquier caso, celebra las liberaciones, si bien subraya que la mayoría de los presos salen con procesos abiertos y bajo una libertad condicionada.

Alfredo Romero, director del Foro Penal, es más escéptico. A su juicio, este proceso “se parece a los anteriores que han ocurrido desde 2016” y no supone un cambio estructural. “Son negociaciones para hacer gestos ante la opinión pública. En cada proceso nunca se libera al número que dicen, porque se incluyen personas que no son presos políticos; por eso no dicen los nombres, solo números”, señala. “Siempre, después de cada proceso, se encarcelan a nuevas personas, se vacían las celdas y se vuelven a llenar. Y el sistema represivo continúa y no se desmantela”. El Foro Penal ha entregado a Delcy Rodríguez, a través del diputado Stalin González, una lista con más de 800 nombres de personas que deberían ser liberadas.

En los últimos años, especialmente durante 2025, las excarcelaciones se han concentrado en ciudadanos extranjeros como parte de negociaciones con Estados Unidos y otros países. El Foro Penal califica muchos de estos casos como “rehenes extranjeros”: personas que no son activistas ni presos políticos, pero que el Gobierno utiliza como moneda de cambio diplomática, como ocurrió en intercambios anteriores vinculados a Alex Saab o a los sobrinos de Maduro y Cilia Flores, que fueron entregados por Washington en distintas negociaciones a cambio de estadounidenses presos en Venezuela.

Actualmente, el registro del Foro Penal incluye detenidos de hasta 25 nacionalidades. Entre ellos figuran aún 17 hispanovenezolanos; 10 colombianos y otros 13 con dobles nacionalidades. La lista también incluye a ciudadanos de Alemania, Hungría, Polonia, Portugal, Rumania, Ucrania, Francia, República Checa, Irlanda, Holanda, Chipre, Irán, Líbano, Pakistán, Honduras, Cuba, Panamá, Perú, Ecuador, Guyana, Argentina y Panamá.