Cuba condena a cadena perpetua al exministro de Economía Alejandro Gil por espionaje y traición a la patria

El antiguo viceprimer ministro cubano y exministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, quien hace solo dos años se mostraba como la mano derecha del gobernante Miguel Díaz-Canel, fue sentenciado a cadena perpetua y 20 años de cárcel en dos causas diferentes por una decena de delitos considerados “traición a la patria”. La condena a Gil —que tanto esperaba el pueblo cubano— fue difundida este lunes por el Tribunal Supremo Popular de Cuba (TSP) y pone fin a la maniobra política y judicial del régimen que inició con la destitución repentina del funcionario en febrero de 2024. Sin embargo, esta no acaba con el oscurantismo que rodea el caso. Aunque los cubanos han exigido transparencia, el Gobierno se limitó a brindar detalles sobre quién es, en opinión de muchos, el último chivo expiatorio del castrismo, que atraviesa una de las mayores crisis de su historia.

En un comunicado, el Tribunal concluyó que el exfuncionario “engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba, generando, con ello, daños a la economía”. Gil, quien en más de una ocasión pidió al pueblo que confiara en sus reformas y promesas, fue la cabeza detrás de la fallida Tarea Ordenamiento, que en 2021 prometió sacar al país del estancamiento económico con el fin de la doble moneda y una reforma de los precios. Aunque cuatro años después, Cuba es un territorio más empobrecido, su debacle no comienza con las medidas de Gil, sino que es un proceso acumulativo de décadas.

El exfuncionario, quien tuvo dos vistas orales, una entre los días 11 y 13 de noviembre y otra entre el 26 y el 29 de ese mismo mes, “incumplió procesos de trabajo con la información oficial clasificada que manejaba, la sustrajo, la dañó y finalmente la puso a disposición de los servicios del enemigo”, dice la información oficial difundida. “Estos comportamientos altamente lesivos evidenciaron en el acusado una degradación ética, moral y política que lo hacen merecedor de una respuesta penal severa, tal como demanda el Artículo 4 de la Constitución de la República, al dejar establecido que la traición a la Patria es el más grave de los crímenes y quien la comete está sujeto a las más severas sanciones”, añade el comunicado.

Sin entrar en más detalles ni despejar la cantidad de interrogantes que todos estos meses han rodeado el caso, el Gobierno cubano también dejó saber que con su “actuar corrupto y simulador”, Gil se aprovechó de las “facultades otorgadas” en beneficio personal, recibió dinero de formas extranjeras y sobornó a otros funcionarios públicos “para legalizar la adquisición de bienes”. Al exministro cubano —acusado de delitos como “espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación; así como de cohecho, sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial y violación de los sellos oficiales e infracción de las normas de protección de documentos clasificados”— le serán confiscados sus bienes, y se le prohibirá el ejercicio de funciones que impliquen administración o disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros y privación de derechos públicos, de acuerdo con el comunicado.

El pasado 31 de octubre, un comunicado oficial de la Fiscalía General de la República anunció que en las investigaciones del Ministerio del Interior, donde “se garantizó el debido proceso”, el exministro fue encontrado responsable de delitos que, de acuerdo con especialistas, no pudo haber hecho por su cuenta todos estos años. “Es una responsabilidad muy compartida. Todas las medidas relevantes en esa área son aprobadas al máximo nivel y fueron revisadas y aplicadas con el aval del Consejo de Ministros, o el Buró Político”, dijo anteriormente a EL PAÍS Ricardo Torres, ex investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana y profesor en la American University de Washington. Tanto la destitución de quien fuera ministro de Economía entre 2018 y 2024, así como la imputación de los delitos, muestran las tensiones que se viven al interior del aparato gubernamental en La Habana.