La caída en desgracia de Alejandro Gil, el exministro de Economía cubano imputado por “espionaje” y “malversación”

El huracán Melissa aún era una interrogante en el Mar Caribe cuando el Gobierno cubano anunció un nuevo plan “para corregir distorsiones” y “reimpulsar” la deprimida economía nacional. La gente hizo poco caso, se ocupó en contar las horas para la llegada del desastre, se puso en función de desmantelar techos y ventanas, guardar velas y congelar la poca comida que tenía, conscientes de que el ciclón los dejaría más desamparados que antes. Unas 48 horas después de que el oriente de la isla fuera arrasado —y en medio de rescates de comunidades aisladas, con el peligro por el desbordamiento de ríos aún patente, personas incomunicadas, cortes de electricidad y una desesperación colectiva— el Gobierno sacó a la luz un anuncio que había mantenido en silencio más de un año: la imputación de varios delitos al ex viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, otrora mano derecha del gobernante Miguel Díaz-Canel y responsable de varias de las últimas reformas económicas en el país, algunas de las cuales ya cuentan como históricos fracasos de la economía cubana.

Un comunicado oficial de la Fiscalía General de la República, fechado el pasado 31 de octubre, anuncia que, tras investigaciones llevadas a cabo por los órganos del Ministerio del Interior, donde “se garantizó el debido proceso”, Gil Fernández fue encontrado responsable de los delitos de “espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial”.

La nota, escueta y poco detallada, no pasó desapercibida entre los cubanos, a la vez ocupados en recuperarse de un huracán que causó no poco estrago. La gente se pregunta por qué aparece un anuncio como este ahora y no antes, y no pocos han reclamado transparencia en el proceso al exministro de 61 años, quien fuera destituido inesperadamente en febrero de 2024, cuando el Gobierno también anunciaba planes para oxigenar una economía que no sale de la crisis. Parte de la ciudadanía ahora exige no solo estar al tanto de los acontecimientos, sino que se le celebre un juicio público.

La noticia llega con recelo para muchos, incluso para los economistas. “Los delitos que se le imputan son muy graves para una persona que tenía un cargo de ese nivel”, le dice a EL PAÍS Ricardo Torres, ex investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana y profesor en la American University de Washington. “Una causa de este calibre es de interés público y los ciudadanos merecen saber”, apunta Torres.

El economista, sin embargo, resalta la intención del gobierno de “endilgar” al acusado toda la responsabilidad por “el descalabro económico de la isla”. Si bien Gil Fernández carga sobre sus hombros la hecatombe que fue la Tarea ordenamiento de 2021 —la cual prometía sacar al país del estancamiento con el fin de la doble moneda y una reforma de los precios, pero que terminó sumergiendo a la isla en una crisis más profunda—, los expertos entienden que la responsabilidad nunca recae en una sola persona. “Es una responsabilidad muy compartida. Todas las medidas relevantes en esa área son aprobadas al máximo nivel y fueron revisadas y aplicadas con el aval del Consejo de Ministros, o el Buró Político”, sostiene Torres.

También hace hincapié en que la retórica oficial apunta a que los problemas económicos comenzaron y se acentuaron durante su período como ministro. “Eso es absolutamente falso. La economía cubana ha estado en una situación calamitosa por décadas, durante las que se fue sembrando lo que estamos cosechando hoy”, dice.

Después de quedar liberado “de sus responsabilidades”, el pasado año, a propuesta de Díaz-Canel, y aunque el país ha impulsado otras reformas bajo las promesas de mejorar la situación de crisis permanente, lo cierto es que la tragedia económica cubana es estructural, y no solo lleva el apellido Fernández Gil. “Luego de su salida se promovió con bombos y platillos el Programa de Gobierno, pero el colapso productivo ha continuado. Entonces, parece muy claro que hay algo que no funciona y no tiene que ver con una persona exclusivamente”, afirma Torres. Gran parte de los cubanos, ahora mismo, están exigiendo la renuncia del presidente y su primer ministro, Manuel Marrero.

Juicio televisado y “transparencia”

La destitución, primero; luego el posterior silencio y después el súbito anuncio de los delitos imputados a Alejandro Gil, hombre fuerte de la cúpula castrista desde 2018, exponen las tensiones que evidentemente se viven al interior del aparato gubernamental en La Habana. Resulta intrigante cómo en 2024 Díaz-Canel —tutor, además, de la tesis doctoral del exministro de Economía— lo felicitó cálidamente por su cumpleaños 60 solo días después de haber anunciado su destitución. Lo cierto es que solo ha habido oscuridad alrededor del caso.

Su hija, Laura María Gil González, quien según su perfil en redes sociales trabaja en la empresa Grupo Caudal, de seguros y servicios financieros, ha salido al ruedo público a expresar su “profunda consternación por los acontecimientos”, una declaración inédita entre familiares del alto poder en Cuba, que en la mayoría de los casos se mantienen en silencio.

En una publicación en Facebook, la joven, en tono respetuoso pero sin dejar de ser desafiante, resalta su “compromiso” y el de su familia con el país, y exige que se debe ser “totalmente transparente y dar una información completa al pueblo” de lo que suceda en adelante con su padre. “Como hoy están haciendo todos los cubanos, me sumo a la solicitud popular de hacerle un juicio a puertas abiertas, dónde participe todo el que desee, y sea televisado en vivo por la televisión cubana y por Cubavisión Internacional, con la participación de medios de prensa oficiales y no oficiales, y que a su vez pueda ser televisado en vivo por cadenas televisivas extranjeras que estén presentes”. Luego agregó: “No solo yo, Alejandro Gil también lo está exigiendo, no desde hoy sino desde el primer día”.

El incidente ha remitido a muchos al juicio televisado en 1989 del general de división de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Arnaldo Ochoa, acusado de contrabando y narcotráfico. Un tribunal militar terminó con la petición de pena de muerte para él, para el coronel Antonio la Guardia y otros militares. Ahora, lo que a muchos preocupa del caso Fernández Gil es la imputación del cargo de espionaje, que puede ser castigado con cadena perpetua o la pena de muerte, de acuerdo con el código penal cubano.

Según su hija, esa ha sido la “piedra angular de esta investigación”, por lo que pide que se le explique al pueblo cubano otros detalles importantes: “¿Qué hizo, a qué país o países nos referimos, desde cuándo, cuáles fueron sus vías de comunicación, qué recibió a cambio, dónde sostuvo sus encuentros, en qué escenarios, con quién, bajo la orden directa de quién lo hacía, qué información reveló, qué medidas propuso al país por orden expresa de otro estado, qué pruebas tienen, cuál era su seudónimo?”, escribió.

Gil González también insistió en que su padre se mantenía “firme en su defensa” y que “no reconocerá, bajo ninguna circunstancia, ningún delito que se le impute y que no se le sea debidamente verificado”.

Un plan económico para “corregir distorsiones”

Después de la destitución de Gil Fernández, a quien suplanta en el cargo Joaquín Alonso Vázquez, Cuba no es un país muy diferente: su economía sigue cayendo en picado, la inflación llega al 15%, permanecen las largas jornadas de apagones por la falta de combustible o divisas para una remodelación del sistema electroenergético, el reinado del dólar se impone frente al cada vez más debilitado peso cubano, y los niveles de pobreza son palpables en la vida diaria de la gente.

En este contexto, agravado por el reciente paso del huracán Melissa, el Gobierno ha apostado por otro nuevo plan de reformas a la economía, que se propone, entre otras cosas, “avanzar” en la implementación del Programa de Estabilización Macroeconómica, incidir en la reducción del déficit fiscal o la inflación, diversificar los ingresos externos del país, incrementar la producción nacional, sobre todo de alimentos, fortalecer ciertas políticas sociales, trabajar en el mejoramiento de la crisis energética nacional y en impulsar la construcción de viviendas. Las autoridades también se han referido a la importancia de reducir los subsidios, aumentar el costo de servicios como la electricidad, el agua o el transporte, y han reconocido la imposibilidad de una unificación monetaria por el momento.

Para el economista Ricardo Torres, si bien el nuevo programa reconoce una serie de problemas acumulados y articula un amplio conjunto de acciones y metas, “algunas de las cuales son necesarias, sobre todo las vinculadas a la estabilización macroeconómica”, el plan “permanece anclado en un enfoque administrativo y de búsqueda de soluciones inmediatas, más que transformador”. Dice que la estrategia busca “corregir distorsiones”, pero “sin alterar los fundamentos del modelo económico vigente, que son precisamente la fuente de muchas de las dislocaciones reconocidas”.

El economista también es de la opinión de que el plan mantiene una visión “restrictiva” del sector privado, al que se le continúa asignando un “papel complementario” y que “se somete a controles, regulaciones y límites que imposibilitan su expansión”. El programa, a fin de cuentas, no “encara con franqueza la dimensión más estructural del problema, es decir, la necesidad de reformar integralmente el modelo económico cubano”.