El Constitucional de Costa Rica frena la polémica subasta de radios y TV ordenada por Chaves

La Sala Constitucional de Costa Rica puso este miércoles un alto momentáneo a la polémica subasta de frecuencias de radio y televisión impulsada por el gobierno de Rodrigo Chaves que amenaza con un colapso del ecosistema mediático del país centroamericano y que ha abierto un conflicto entre el Ejecutivo y la Iglesia Católica, a pesar de un trato preferencial ofrecido por el Ejecutivo para estaciones cristianas.

Al reconocer “un grave riesgo de una disminución significativa de los servicios de radiodifusión”, el alto tribunal dispuso de manera cautelar suspender la tramitación del concurso cuyos requisitos de alto costo económico dejaron por fuera a la mayoría de emisoras que emiten en la actualidad, aunque Chaves ha ofrecido después una vía excepcional para garantizar la continuidad de estaciones evangélicas y católicas.

Cinco días después de cerrado el plazo para que las empresas concesionarias se inscribieran en el nuevo concurso, las autoridades técnicas adscritas al Poder Ejecutivo confirmaron que sólo hubo ofertas por 25 de las 85 frecuencias puestas a concurso. Decenas de estaciones de toda índole y escala reportaron no tener la capacidad financiera para alcanzar los montos mínimos establecidos para todas las emisoras con base en parámetros de Estados Unidos y otros países.

La resolución del Constitucional, en atención a recursos legales presentados por algunas de las numerosas voces que se han levantado contra la subasta, se justificó “con miras a prevenir la posible ocurrencia de daños severos, ya que podría existir una reducción de al menos dos tercios de la cantidad actual (de frecuencias activas)”. El pronunciamiento ha supuesto un triunfo momentáneo para las distintas organizaciones que habían advertido un golpe a la libertad de expresión e información y repudiado los términos de la subasta. Este proceso que, ante la opinión pública se mezcla con la campaña electoral para las elecciones generales del 1° febrero, en las cuales Chaves no puede participar, pero está representado por la candidatura de una exministra leal, Laura Fernández, que promete ser la continuidad y nombrarlo a él como jefe de gabinete.

El tribunal ha pedido al Gobierno un informe que aún está pendiente, aunque las justificaciones de Chaves han sido abundantes y las reiteró este mismo miércoles, poco después de revelarse la resolución judicial que calificó como “ridículamente predecible”, a tono con todos los pronunciamientos que vienen desde el Poder Judicial que el mandatario llama “putrefacto”. Chaves reitera que el único propósito es “modernizar” el modelo de concesiones del espectro radioeléctrico después de décadas de operación con pagos pírricos de parte de las empresas operadoras, sin importar si se trata de medios poderosos, plataformas de pequeños municipios, de contenido cultural o estaciones religiosas, aunque para estas ha ofrecido un proyecto especial que, sin embargo, rechaza la Iglesia Católica.

El problema, señalan gremios, partidos opositores y organizaciones críticas, es que se quiere corregir un problema histórico con un problema mayor, pues la subasta no distingue entre los tipos de medios de comunicación y los montos establecidos como filtro son excesivos para la mayoría. Una emisora de televisión debe pagar 1,6 millones de dólares para tener derecho a operar por 25 años una frecuencia de alcance nacional, más el costo de equipos de transmisión requeridos, más posibles cánones y los impuestos usuales de las rentas. Para radio, el piso es 386.000 dólares más la necesaria adquisición de equipos adicionales.

“Los precios eran exorbitantes”, dijo en público Evelyn Fachler, directora del noticiario de radio Columbia, una de las dos principales emisoras de contenido periodístico, con casi 78 años al aire. Para otras estaciones regionales y sin estructura empresarial, las posibilidades de alcanzar esos montos son aún más remotas. En cambio, nueve de las 25 frecuencias solicitadas las pretende un grupo empresarial del magnate mexicano Ángel González y en otras tres, las ofertas las presentó Televisora de Costa Rica, la solvente empresa costarricense que Chaves señala como representante de las élites y adversaria de su Gobierno. Los canales televisivos en abierto se reducirían a sólo cuatro si continuase el proceso licitatorio. Chaves, sin embargo, evitó revelar las acciones de su Gobierno en adelante, con la justificación de que esperará el criterio de la Sala Constitucional.

“La subasta de frecuencias, tal como se ha concebido, no fortalece este ecosistema; lo vulnera seriamente. Al imponer requisitos de participación que únicamente pueden cumplir los grandes operadores, el proceso amenaza con expulsar del espectro a medios regionales y alternativos, que se verán obligados a cerrar o a migrar a plataformas digitales que no ofrecen la misma accesibilidad”, señaló el Colegio de Periodistas en escrito de coadyuvancia presentado al recurso de amparo sobre el cual la Sala Constitucional ordenó suspender temporalmente la licitación.

Excepción por los cristianos

Para Chaves, nada en esta subasta es injusto, incorrecto ni inconveniente. Su discurso se aferra a la justificación de luchar contra los privilegios de las élites, de representar únicamente el interés del pueblo y hacer que se acaben décadas de aprovechamiento abusivo del espectro radioeléctrico, repartido en manos de empresarios. Son “ladrones y desvergonzados”, según la jefa del oficialismo en el Congreso, Pilar Cisneros, mano derecha de Chaves, aunque como periodista durante años dirigió y presentó el noticiario estelar de Televisora de Costa Rica.

Chaves, sin embargo, ofrece una excepción exclusiva para las emisoras de contenido confesional cristiano. Lo mencionó el lunes como cortesía ante “cualquier inquietud legítima” de las estaciones evangélicas y católicas, y lo confirmó este miércoles al anunciar una propuesta de reforma legal tendiente a garantizar la continuidad de la tarea de “evangelización” de esas emisoras, una señal que se suma a recientes mensajes de cercanía con dirigentes de iglesias neopentecostales.

A la Iglesia Católica, que de entrada criticó la subasta por los efectos sobre el ecosistema de medios, tampoco le ha gustado la nueva oferta de Chaves y pocas horas después contestó que no aceptará reuniones de sus representantes si no participan otros sectores afectados y tampoco quiere un proyecto de ley privilegiado.

“No es prudente ingresar en una lógica de prebendas especiales que pongan en riesgo la equidad en el acceso al espectro radioeléctrico. Un mecanismo de concesiones privilegiadas para medios de orientación religiosa podría abrir la puerta a decisiones arbitrarias y a un manejo desigual del bien público”, dice el texto que firma el presidente de la Conferencia Episcopal, el obispo Javier Román. Los prelados también recriminaron a Chaves las críticas que este mencionó contra el arzobispo de la San José, José Rafael Quirós, a tono con los reproches que el mandatario suele lanzar contra quienes lo cuestionan o critican.

De parte del sector evangélico, con el cual Chaves ha mostrado cercanía en meses recientes de manera coincidente con la campaña electoral, no se conocen aún posiciones generales. Sí ha manifestado el predicador, diputado y candidato presidencial Fabricio Alvarado, quien antes que Chaves propuso una reforma legal para garantizar la continuidad de las actuales emisoras cristianas, aunque también señaló posibles vicios como los que estudia la Sala Constitucional, por el “estado de indefensión de la inmensa mayoría de los medios de comunicación”.