Brasil suspende un instrumento eficaz para frenar la deforestación en la Amazonia

Brasil acaba de propinar un durísimo golpe a un acuerdo que durante dos décadas ha sido crucial para reducir la deforestación relacionada con el cultivo de soja en la Amazonia. La agencia gubernamental antimonopolio suspendió cautelarmente esta semana la llamada moratoria de la soja, un acuerdo suscrito en 2006 por las principales empresas con la sociedad civil, con apoyo del Gobierno, por el que las compañías comercializadoras se comprometen a no comprar grano procedente de tierras deforestadas después de julio de 2008. Se considera un caso de éxito porque en estos años ha demostrado que la producción agrícola puede aumentar sin necesidad de derribar más árboles. Este grave revés ambiental ocurre a menos de tres meses de que Brasil acoja la cumbre del clima de la ONU, la COP30, en la ciudad amazónica de Belém, y cuando presume de la caída de la desforestación.

El Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático brasileño, dirigido por la veterana ecologista Marina Silva, salió inmediatamente en defensa de la eficacia moratoria, que el Gobierno respaldó desde sus inicios. La ministra y todo el Gabinete son conscientes de que el resto del mundo mide el desempeño medioambiental de Brasil por los índices anuales de deforestación en la Amazonia, que en 2024 perdió 6.288 kilómetros cuadrados, lo que supone una caída del 30%.

La suspensión del pacto sobre la soja es un retroceso que pone en riesgo el objetivo de Brasil de eliminar completamente la tala ilegal en la mayor selva tropical del mundo, que es clave para regular la temperatura del planeta y, por tanto, en la lucha contra el calentamiento global.

Greenpeace advierte de que la suspensión de la moratoria “afecta a la imagen internacional de los productos agropecuarios brasileños y también a los esfuerzos del Gobierno federal de intentar construir una imagen de liderazgo en la lucha contra el cambio climático”, explica al teléfono Cristiane Mazzetti, coordinadora del Frente de Deforestación Cero de la filial brasileña de la ONG.

Un organismo oficial dedicado a velar por la libre competencia, el CADE (Consejo Administrativo de Defensa Económica), decidió esta semana que en 10 días las 30 empresas firmantes de la moratoria de la soja —incluidas multinacionales claves en el sector como Cargill y Bunge— deben abandonar el pacto o se arriesgan a multas que podrían alcanzar el 20% de su facturación. La agencia antimonopolio sostiene que este acuerdo, voluntario y pionero, es contrario a la libre competencia. Argumenta el CADE que las compañías actúan como un cartel al compartir información sensible y, por tanto, perjudican las exportaciones de otros productores de soja. La decisión cautelar del CADE es fruto de una investigación iniciada a instancias de la Comisión de Agricultura del Congreso, dominada por el poderoso lobby agropecuario.

La moratoria atañe al cultivo de un solo producto, la soja, pero conviene tener presente que Brasil es el mayor productor mundial de esta legumbre, que se usa para fabricar pienso para animales y peces, y es uno de los pilares de las exportaciones nacionales.

“Los resultados alcanzados [por la moratoria] son innegables”, enfatizó el ministerio de Medio Ambiente. “Lejos de restringir el mercado, el acuerdo contribuyó a consolidar la imagen de Brasil como proveedor confiable de soja producida sin deforestación ni violaciones socioambientales”. El departamento de Marina Silva ha traducido los efectos de la moratoria en números: la superficie de soja cultivada en la Amazonia se cuadruplicó desde que entró en vigor la moratoria, sin generar nuevas áreas deforestadas. Y otro dato clave que Greenpeace también subraya: solo el 3% de la deforestación en la Amazonia está relacionado con la producción de soja.

Aprosoja, la principal patronal del sector, ha saludado la suspensión de la moratoria como “un hito histórico en la defensa de la libre competencia” y una garantía de seguridad jurídica.

Mazzetti considera que, si la suspensión cautelar del pacto de la soja se convierte en definitiva, existen grandes probabilidades de que aumente la deforestación porque la demanda de soja sigue aumentando. Eso pondría en grave riesgo el compromiso de Brasil de eliminar por completo la tala ilegal en la Amazonia para 2030 y, en consecuencia, de reducir la emisión de gases de efecto invernadero y cumplir las metas que se ha puesto.

Pero llueve sobre mojado. Esta decisión, sostiene la representante de Greenpeace, “forma parte de un movimiento mayor de ataques a las políticas públicas, a los acuerdos multisectoriales y a las leyes” que Brasil ha adoptado en las tres últimas décadas. El objetivo de estos ataques, detalla Mazzetti, es “eliminar las restricciones adoptadas a una manera predatoria de producción agrícola”.

Hace poco más de un mes, el ala más ultra y recalcitrante del sector agropecuario se anotó otra victoria, al conseguir que el Congreso brasileño flexibilizara notablemente las normas para conceder licencias ambientales. El ataque más dañino a la legislación ambiental en muchos años. Los empresarios agropecuarios más agresivos batallan para que parte de las tierras indígenas pierdan la protección legal que impide abrirlas a los cultivos a gran escala. El presidente Lula y sus aliados están en minoría en el Congreso.

La representante de Greenpeace recalca que este retroceso con la soja va en dirección contraria de lo que el mundo demanda, que son productos libres de deforestación. Prueba de ello es la legislación antideforestación de la Unión Europea, que veta las importaciones de soja, aceite de palma, cacao, café, caucho, ganado y madera de tierras ilegalmente deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Iba a entrar en vigor el 1 de enero de 2025, pero Brasil, Indonesia y otros países afectados pusieron el grito en el cielo y lograron aplazar un año la aplicación del veto.

El regreso de Lula al poder, en 2023, significó la reconstrucción de la política de protección medioambiental que su predecesor, el negacionista Jair Bolsonaro, había dejado en estado comatoso, con el desmantelamiento de los organismos fiscalizadores y un discurso que daba alas a los que expolian la Amazonia. El actual Gobierno ha convertido la defensa del medio ambiente en una de sus banderas, no sin contradicciones que acarrea ser un país petrolero, pero sí ha aumentado notablemente los medios y los fondos en este capítulo, con especial atención a la lucha contra la tala ilegal, tanto en la Amazonia como en el resto de las regiones.

Brasil en la lucha contra el cambio climático

El desembarco de jefes de Estado y de Gobierno llegados de todo el mundo y sus negociadores en la Amazonia, en Belém el próximo noviembre, para participar en la COP30 supondrá la culminación del compromiso de Lula de devolver a Brasil a la primera línea de la lucha global para preservar el planeta. Su primer viaje al extranjero tras ganar las elecciones fue a la cumbre del clima en Egipto, en 2022.

Los problemas logísticos de celebrar una reunión internacional de ese calibre en un lugar de infraestructuras frágiles como la Amazonia son un gran desafío, como demuestra las dificultades para garantizar alojamiento a los 50.000 invitados. Colosal es también el reto de ir construyendo consensos para avanzar en el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París, que cumple 10 años. Brasil, con anfitrión de las próximas negociaciones, ha apremiado a los países a presentar las metas nacionales de recorte de emisiones de gases efecto invernadero (NDC en la jerga climática) con el argumento de que son la mejor demostración del esfuerzo de cada uno para juntos lograr que el planeta sea habitable para las generaciones futuras.

Brasil es consciente de que la actual crisis del multilateralismo, la decisión de Donald Trump de abandonar el Acuerdo de París (por segunda vez) y la atención y recursos internacionales dedicados a las guerras de Ucrania y Gaza merman las posibilidades de alcanzar los consensos necesarios para avanzar con ambición y paso firme en la lucha contra la emergencia climática. Aunque la gravedad de los incendios, sea en España o en Brasil, de las inundaciones, huracanes y demás eventos climáticos extremos son el recordatorio cotidiano del estrés al que la humanidad somete al planeta.