Un exgeneral asesor de Bolsonaro confiesa que ideó un plan para asesinar a Lula da Silva

La conspiración liderada por el expresidente brasileño Jair Bolsonaro para mantenerse en el poder tras la derrota electoral de 2022 tenía otra ramificación criminal: un plan para asesinar al presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva y otras autoridades, según desveló la investigación del intento de golpe de Estado. El jueves por la noche, en los interrogatorios en el juicio a los acusados de participar en la asonada, un exasesor de Bolsonaro confesó ser el autor de aquel plan. Se trata de un general del Ejército en la reserva, Mario Fernandes, que actuaba como secretario ejecutivo de la Secretaría General de la Presidencia. Pocos días después de la derrota electoral, imprimía el documento con sus planes para llevar a cabo el magnicidio en la impresora de su despacho, en el mismo Palacio del Planalto de Brasilia, la sede del Gobierno.

“Es un archivo digital, no retrata nada más que un pensamiento mío que fue digitalizado; es una compilación de datos, un estudio de situación mío, un análisis de riesgos que hice y que, por costumbre propia, decidí digitalizar”, confesó el militar al ser cuestionado por el plan, llamado “Puñal Verde y Amarillo”, en referencia a los colores de la bandera brasileña. Además de Lula, la idea era asesinar al vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y al juez Alexandre de Moraes, que entonces presidía el Tribunal Superior Electoral, el órgano que vela por el buen funcionamiento de las elecciones y proclama el resultado.

Ahora el propio Moraes, un magistrado que emprendió una cruzada contra el populismo en las redes sociales, es quien está al frente del proceso sobre el intento golpista desde el Tribunal Supremo. Lo previsto era perpetrar los asesinatos el 15 de diciembre de 2022, tres días después de que Lula recibiera el diploma que certificaba su victoria, el último trámite del proceso electoral en Brasil. Inicialmente se pensó en un envenenamiento, pero también se había movilizado pistolas, fusiles, metralletas y una granada.

La investigación de la Policía Federal, que incluye otros documentos e intercambios de mensajes de móvil, concluyó que el plan tenía “características terroristas” y que Bolsonaro tenía “pleno conocimiento”. Uno de los indicios es que se imprimieron varias copias del documento y en fechas diferentes. Fernandes alega que fue un error de la impresora. El plan fue debatido entre militares en casa del que pretendía ser vicepresidente de Bolsonaro en su segundo mandato, el general Walter Braga Netto, considerado uno de los cerebros del movimiento golpista. Braga Netto incluso entregó a otro militar dinero efectivo escondido en una bolsa con botellas de vino, para pagar a los presuntos sicarios. Desde diciembre del año pasado está preso de forma preventiva por intentar obstruir la investigación.

La estrategia del magnicidio se conoció en noviembre de 2024, cuando la policía detuvo a Fernandes, a un agente de la Policía Federal y a otros tres militares, que formaban parte de los llamados “kids pretos”, un grupo de élite de las Fuerzas Armadas. Cuando fueron arrestados estaban trabajando en el dispositivo de seguridad de la cumbre del G-20 en Río de Janeiro.

La confesión de Fernandes llega en la recta final del juicio por el intento golpista de Bolsonaro y se enmarca en una serie de interrogatorios al segundo escalafón de la conspiración antidemocrática, los que la iban a ejecutar. Estos días también se interroga, por ejemplo, a los altos funcionarios del Ministerio de Justicia y de la Policía de Carreteras que el día de la votación de la segunda vuelta impusieron bloqueos viarios en zonas electorales donde Lula había obtenido buenos resultados, para intentar frenar a toda costa la llegada de los electores a los colegios electorales y la victoria de la izquierda en las urnas.

Mientras tanto, el que la Fiscalía considera el articulador de toda la estrategia, el propio Bolsonaro, espera el día de la sentencia. Está acusado de cinco delitos diferentes, entre ellos intento de golpe de Estado y pertenencia a organización criminal armada, que podrían sumar 43 años de cárcel. La semana pasada el expresidente fue sometido a medidas cautelares después de que la Justicia detectase riesgo de fuga inminente. Ahora debe permanecer en casa por las noches y los fines de semana, usa una tobillera electrónica y no puede hablar con otros investigados ni con diplomáticos extranjeros.