El asesino que se coló entre los presos canjeados con Venezuela está en libertad tras su repatriación a Estados Unidos

A Dahud Hanid Ortiz, ciudadano estadounidense repatriado desde Venezuela como parte de un canje de presos a tres bandas con El Salvador, se le perdió la pista la semana pasada, cuando aterrizó en Texas a bordo de un vuelo fletado por la Administración de Donald Trump. Blandía una banderita con las barras y estrellas, y exhibía una amplia sonrisa, mezclado entre el resto de los miembros del grupo: otros nueve presos devueltos gracias a las gestiones del Departamento de Estado, que vendió esa “vuelta a casa” como el ansiado regreso de unos “presos políticos”. Lo cierto es que Ortiz cumplía condena en Venezuela por el brutal asesinato en 2016 de tres personas en el barrio de Usera, en Madrid.

Este jueves, The Washington Post y The New York Times desvelaron, citando fuentes anónimas, que el criminal sigue en Estados Unidos y que está en libertad. También dieron a entender que “nadie le estaba siguiendo la pista” y que por eso ahora no está del todo claro su paradero. No era la primera vez que Ortiz, que fue marine durante 17 años y sirvió en Irak, donde fue condecorado por su heroísmo antes de que lo expulsaran del cuerpo, trataba de colarse en un canje de prisioneros con Estados Unidos. El Times citó otra fuente, que asegura que el tipo está en Orlando (Florida).

En el grupo en el que se le incluyó había turistas que los activistas en defensa de la democracia en Venezuela denuncian que el régimen de Nicolás Maduro usa como moneda de cambio. Ocho de esos 10 hombres tienen la consideración de “presos injustamente encarcelados” del Departamento de Estado. Ortiz llevaba algo más de seis años y nueve meses entre rejas, tras su detención de un crimen de amplio eco mediático en España, donde se lo conoce como “el asesino de Usera”.

El Departamento de Estado no contestó inmediatamente a la petición de confirmación de EL PAÍS enviada el jueves por la noche (hora de Washington). Al día siguiente, escribieron para decir que no pensaban hacer “más comentarios”.

Antes, un portavoz había apuntado en un correo electrónico que con el canje, que posibilitó el regreso a su país de 252 presos venezolanos deportados por Washington a El Salvador, donde estaban encarcelados, Estados Unidos había “logrado la liberación de todos sus ciudadanos detenidos en Venezuela, muchos de los cuales denunciaron haber sido sometidos a tortura y otras duras condiciones”. También adujo que “por motivos de privacidad” no entraría en “detalles de ningún caso específico”.

Un empleado del Departamento de Justicia remitió el jueves al Departamento de Estado cuando este diario preguntó sobre el paradero de Ortiz.

La noche anterior, el ministro del Interior del chavismo, Diosdado Cabello, contó en su programa semanal, Con el mazo dando, que las autoridades venezolanas habían advertido a los funcionarios estadounidenses que viajaron a Caracas de que se estaban llevando a un criminal. “Nosotros sabemos lo que había ahí, yo dije inclusive en el aeropuerto que estaban pidiendo un asesino. Se llevan a un asesino convicto”, explicó Cabello.

Falta por escuchar la versión oficial de Washington, y de qué modo piensa explicar la Administración de Trump, que lleva meses embarcada en una brutal campaña contra la inmigración irregular, justificándola en la necesidad de expulsar del país a los peores criminales, una operación como esta, que ha acabado con el autor de una matanza de vuelta en casa.

Expulsado de los marines

Según consta en documentos judiciales consultados por EL PAÍS, el teniente Ortiz, que por entonces vivía en la base estadounidense de Schweinfurt, al este de Fráncfort, donde se casó con Irina Trippel, fue expulsado en 2015 de los marines por “comportamiento fraudulento, declaración oficial falsa y hurto”. Un tribunal militar lo halló culpable de esos delitos cuando lo descubrieron haciéndose pasar por vecino de Nueva York para reclamar una ayuda. “El acusado presentó documentación utilizando una dirección ficticia para recibir el subsidio básico de vivienda al precio que le correspondería por vivir [en esa ciudad], que es mayor que el que le tocaba Fort Lee (Virginia)” se puede leer en la sentencia.

Al año siguiente, Ortiz, de 54 años, perpetró en Madrid y por despecho la masacre por la que fue condenado en Venezuela, cuya ley prohíbe extraditar a sus ciudadanos. En junio de 2016, viajó a España en un coche prestado por su suegra. Lo hizo envenenado por los celos que sentía por la nueva relación de su exesposa con un abogado llamado Víctor Salas, de 36 años, titular de un despacho en la capital española.

El miércoles 22 de junio, a eso de las 14.30, llegó al bufete de Salas, pero no lo encontró allí. A las pocas horas, había asesinado a dos de las empleadas de Salas, Elisa Consuegra Gálvez, de 31 años, y Maritza Osorio Riverón, de 51 años; y a un cliente que pasó a recoger unos papeles. Se trataba del taxista Pepe Castillo Vega, de 42 años. Aparentemente, Ortiz pensó que ese desdichado era el hombre al que estaba buscando. Después, prendió fuego a la oficina, y huyó.

El abogado se salvó porque esa mañana estaba en los juzgados de la Plaza de Castilla, en el norte de Madrid. También, porque, según explicó esta semana a este diario, decidió echarse una siesta y eso le hizo llegar más tarde que de costumbre.

Ortiz reapareció el al día siguiente en Alemania. Trippel no tuvo duda de que él era culpable. El juzgado 41 de instrucción del polémico juez Juan Carlos Peinado se encargó del caso, pero no se fijó al principio en Ortiz. A este le dio tiempo a tomar un avión desde Alemania a Venezuela, antes de que se emitiera una orden de captura internacional contra él. Esta llegó exactamente un año después de que cometiera sus horrendos crímenes.

En su país de origen, vivió con su familia en Puerto Ordaz, a orillas del Orinoco. En 2018, fue apresado y Caracas denegó la solicitud de extradición de España. En enero 2024, fue acusado de “homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivo fútil en grado de autor”. Las apelaciones de sus abogados no sirvieron para conseguir su puesta en libertad.

Un año y medio después, en lo que parece una carambola diplomática, un fenomenal embrollo o, directamente, una chapuza, Ortiz logró la semana pasada lo que pretendió sin éxito en los tribunales. Mientras tanto, Salas lleva toda la semana en Madrid dando la voz de alarma: un asesino, que se definió a sí mismo en una carta enviada después de los asesinatos como “un ser humano horrible”, anda suelto.