El Gobierno de Daniel Noboa autoriza nuevas concesiones mineras en Ecuador

La minería ilegal ha tomado gran parte de las provincias amazónicas y fronterizas de Ecuador. La explotación de oro se ha convertido en una actividad cada vez más lucrativa y atractiva para el crimen organizado. El Gobierno de Daniel Noboa ha apostado por adjudicar nuevas áreas para la explotación minera legal en un intento por frenar la incursión de bandas criminales.

El anuncio se produjo un mes después del asesinato de 11 militares ecuatorianos en Alto Punino, una zona fronteriza con Colombia, al norte del país. La emboscada, atribuida al grupo armado Comandos de la Frontera, disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Tras el ataque, el Gobierno incorporó al Frente Oliver Sinisterra, las Disidencias Comuneros del Sur y los Comandos de la Frontera como “grupos armados organizados”. La matanza apenas es la punta del iceberg de un problema del que ya se habla desde hace años en Ecuador: la creciente presencia y control de grupos de delincuencia organizada sobre la explotación de minerales, especialmente oro.

La portavoz del Gobierno de Noboa, Carolina Jaramillo, anunció el pasado 2 de junio la reapertura del catastro minero —una plataforma tecnológica que agrupa todas las concesiones mineras existentes y define las áreas disponibles para nuevas adjudicaciones—. Uno de los motivos: combatir la minería ilegal. Rebeca Illescas, exviceministra de Minas, explica que el cierre del catastro durante más de siete años no fue una causa directa de la minería ilegal, pero sí contribuyó a la proliferación de actividades ilícitas.

Una serie de irregularidades como zonas adjudicadas sin información sobre sus propietarios, concesiones duplicadas y otras sobrepuestas fueron las causas para que en enero de 2018 el entonces presidente Lenín Moreno ordenara el cierre temporal del catastro minero. Lo que serían unas semanas, se convirtieron en más de siete años. Ahora, el proceso de reapertura será por etapas hasta que, a finales de año, se abra por completo.

La primera fase ha comenzado este lunes 16 de junio con la habilitación del catastro para la pequeña minería no metálica, que incluye calizas, piedras, arena y materiales de construcción. En septiembre comenzará la segunda etapa, enfocada en la pequeña minería metálica.

El movimiento indígena ya ha mostrado su rechazo a la reapertura del catastro. “Vamos a radicalizar y vamos a defender nuestros territorios”, zanjó Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y excandidato presidencial. Iza aseguró que el Gobierno de Noboa impulsa la minería a gran escala, afectando a 20 de 24 provincias, contaminando ríos y dividiendo comunidades.

Para Illescas, la apertura del catastro es una posición política: “El Estado entregará nuevos títulos a nuevos concesionarios. El mensaje del presidente es atraer más inversiones en este sector”. Alberto Acosta, exministro de Energía, sostiene en cambio que el Gobierno pretende forzar la minería metálica y “esto está en línea con las pretensiones de no respetar la consulta popular en contra de la minería” en los casos de Quimsacocha, en el sur del país, y del Chocó Andino.

El catastro permitirá que personas privadas soliciten al Estado permisos para explorar nuevas zonas, pero no basta para combatir la extracción ilegal de minerales. Mario Melo, abogado ambiental y de derechos humanos, subraya que la reapertura del catastro minero no representa una solución real para combatir la minería ilegal, que ya ha echado raíces en 18 de las 24 provincias del país.

“Los grupos irregulares van a seguir operando. No van a solicitar una concesión, ingresarán donde quieran y harán minería donde puedan”, enfatiza Melo. De hecho, advierte que grupos irregulares hacen minería ilegal dentro de concesiones legalmente otorgadas. Acosta coincide en que el problema de fondo no se soluciona con nuevas y más concesiones. “Hay vínculos entre la minería legal e ilegal. Los mineros legales permiten la explotación de la minería ilegal en sus concesiones. No se trata solo de graficar las zonas donde hay minería. ¿De qué sirve saber que hay concesiones nuevas si el Estado no tiene capacidad para controlar las actuales concesiones?”, cuestiona Acosta.

La estrecha relación entre el crimen organizado y la explotación de minerales se intensificó después de la pandemia. El informe Delitos relacionados con los minerales: Minería ilegal de oro, publicado en mayo por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), revela que en Ecuador existen cada vez más pruebas de que los grupos criminales han tomado el control de las explotaciones de oro y “otras actividades delictivas, como la extorsión de mineros, el tráfico de drogas y el contrabando de armas”.

Gonzalo Croci, experto en seguridad y crimen organizado, explica que la extracción ilegal de oro se ha convertido en una actividad apetecida por sus “altos márgenes de ganancia y riesgos relativamente bajos”. Mientras un kilo de cocaína puede venderse por 40.000 dólares en Europa, el precio del kilo de oro alcanza casi los 110.500 dólares. “A diferencia de otras economías ilegales, como el narcotráfico, el oro es un bien legal que puede ser fácilmente insertado en cadenas de comercialización formales, lo que facilita el lavado de activos”, detalla Croci.

La corrupción de instituciones públicas también forma parte de la cadena. Según la Organización de Estados Americanos (OEA), existe una corrupción generalizada en la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) a la hora de otorgar permisos y concesiones mineras, a menudo a cambio de sobornos.

Combatir la minería ilegal requiere mucho más que operativos militares y la reapertura del catastro minero. “Se necesita una estrategia integral que combine medidas de seguridad, fortalecimiento institucional, controles económicos y alternativas de desarrollo”, resalta Croci. La presencia estatal en los territorios afectados es clave, no solo policías y militares, sino con servicios públicos, justicia ambiental y programas sociales. Muchas de las zonas donde se concentra la minería ilegal están completamente fuera del alcance del Estado, lo que facilita que el crimen ocupe ese vacío y ejerza control.