El Gobierno formaliza la “zona de ubicación” para avanzar en la negociación con 500 disidentes de las FARC en el Catatumbo

El Gobierno de Colombia ha publicado este viernes el decreto que formaliza una zona de ubicación temporal, en la que se concentrarán los combatientes del Frente 33 de las disidencias de las FARC, que negocia con el Ejecutivo un proceso de paz. En Tibú, el municipio más grande de la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, ese grupo armado planea comenzar un proceso de dejación de armas y regreso a la vida civil. Según la Fundación Ideas para la Paz, son cerca de 500 hombres y mujeres en armas que han librado una guerra territorial contra la guerrilla del ELN en el enclave con más cultivos de coca del mundo. El documento especifica que tienen 45 días para terminar su proceso de unificación y que la zona estará vigente, si se cumplen las condiciones, hasta la Navidad.

El documento se conoce casi tres semanas después que el presidente Petro anunciara, a través de su popular cuenta de X, que el proceso pasaría a la fase de retorno a la vida civil. “Comienza la paz del Catatumbo”, escribió el pasado 3 de mayo. Para ese momento, el Ejecutivo ya había anunciado el comienzo de la concentración.

El llamado Frente 33 forma parte del Bloque Gentil Duarte, a su vez una de las estructuras que integran el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), una federación de grupos disidentes que negocia la paz con el Estado. El máximo jefe del EMBF es Alexánder Díaz, conocido como Calarcá Córdoba, quien tiene su centro de operaciones entre Caquetá, Meta y Guaviare, en las orillas de la selva amazónica y cientos de kilómetros al sur de Tibú.

No obstante, la negociación parece haber roto esa precaria unidad entre los diferentes grupos. A mediados de mayo Calarcá envió una carta pública al presidente Gustavo Petro en la que rechaza el decreto que plantea la zona del Catatumbo, y en la que asegura que esa propuesta no fue concertada en la mesa de negociación con él, sino que se pactó directamente con el Frente 33. Por su parte, el comandante de esa estructura, Andrey Avendaño, publicó un video en redes sociales en el que defendió la concentración. Aseguró que desde allí continuarán las negociaciones y buscarán posibilitar el retorno de las más de 67.100 personas desplazadas desde enero en el Catatumbo, donde su grupo ha sufrido una fuerte arremetida de la guerrilla del ELN.

El decreto especifica que las condiciones operativas de seguridad de la zona son reservadas; sin embargo, una fuente cercana a esa mesa, ha dicho que la zona, informalmente, “existe desde marzo”. “El grupo armado se asentó en unas veredas cercanas a unos refugios humanitarios en Tibú. Han estado allí para recuperar el territorio que han perdido desde enero”, dice en referencia a las derrotas de esa disidencia frente al ELN. Así, la apuesta del Gobierno es sacar de la guerra a una de las dos estructuras que se disputan el Catatumbo, para que así cese el conflicto. Justramente, en marzo se difundió un audio atribuido al ELN en la que advertía de una nueva acometida para acabar con los disidentes. Días después, el Frente 33 comenzó una serie de ataques y enfrentamientos en Tibú.

Para algunos catatumberos, la decisión recuerda a la zona de distensión que acordaron en 1998 las extintas FARC y el gobierno de Andrés Pastrana. Se trataba de 42.000 kilómetros en el sur del país en los que los guerrilleros se concentraron sin el riesgo de combate con la Fuerza Pública. Sin presencia militar ni mecanismos de verificación robustos, el experimento llevó al fortalecimiento militar, político y financiero de las FARC. El fracaso de ese proceso de paz dejó una profunda desconfianza sobre los diálogos con grupos armados y marcó la política de seguridad de los años siguientes.