El coste invisible del mercado multimillonario de la transición energética en Brasil

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Francisca Carvalho Oliveira todavía no puede creerse que la historia de las placas solares de las que le ha hablado su hija sea verdad. La mujer, que vive hace más de 30 años en la comunidad Sítio dos Queiroz, en el municipio Bom Princípio, del Estado brasileño de Piauí, en el nordeste de Brasil, supo hace poco sobre la construcción de un complejo de energía solar de más de 3.000 hectáreas en un terreno cercano a su casa y a otras cinco comunidades vecinas.

Aunque ya se ha concedido la licencia preliminar y las fases posteriores están en marcha, los vecinos de estas comunidades tradicionales de Piauí denuncian que no han sido informados ni consultados sobre el proyecto y los posibles impactos que podrían cambiar su forma de vida. Es un mercado millonario que se está llevando a cabo bajo el pretexto del desarrollo y la lucha contra el cambio climático, pero que a su paso está vulnerando derechos e impactando la vida de miles de personas.

Carvalho Oliveira vive a 307 kilómetros de la capital del Estado, Teresina. Bom Princípio es un pueblo tranquilo: las calles pavimentadas son escasas, no hay hoteles, solo tiene dos restaurantes y algunos pequeños comercios. Con una economía impulsada principalmente por la administración pública, en 2024 el municipio recaudó cerca de 35 millones de reales, unos 6,5 millones de dólares en ingresos. Para 2025, se espera que esta cantidad supere los 8,5 millones de dólares, un salto de 2 millones en sólo un año.

Este escenario es un primer reflejo de las inversiones que las plantas fotovoltaicas están atrayendo a la ciudad. “Estamos hablando de un impacto financiero de 92.000 millones de reales (17.000 millones de dólares)”, afirmó el alcalde Apolinário Costa Moraes en una reunión con organizaciones de la sociedad civil. En total, dice, se van a ejecutar cinco grandes proyectos de energía solar en una superficie de 10.000 hectáreas. Esto corresponde a cerca del 20% de todo el territorio del municipio, que será desbrozado y sustituido por paneles solares.

Las tierras han sido arrendadas por varias empresas nacionales e internacionales con contratos millonarios, como explicó el alcalde: “Están beneficiando al menos a siete terratenientes. Para estos propietarios, es un nuevo ingreso, una nueva historia, una nueva realidad”, afirmó.

Bom Princípio es un ejemplo local que refleja un escenario global. América Latina cuenta actualmente con al menos 8.000 proyectos de energías renovables en fase inicial, con inversiones que suman 232.800 millones de dólares, según BNamericas, una plataforma de inteligencia empresarial. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), China y América Latina han conseguido el compromiso de triplicar la producción de energías renovables para 2030, firmado en la COP 28 —la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023— de Dubái.

El discurso sobre las energías renovables suele asociarse a la reducción de las emisiones de carbono y la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, al pisar el acelerador para responder a una demanda urgente e incuestionable, también se están descuidando los derechos humanos y socioambientales, como han denunciado distintas organizaciones civiles.

Entre estas organizaciones está el Grupo de Estudio y Trabajo sobre los Impactos de las Energías Renovables (Getier-PI), que apoya a las comunidades afectadas en uno de los cinco proyectos de Bom Princípio: el Complejo Fotovoltaico de Marruás. Con inversiones de 4.000 millones de reales (760 millones de dólares) en cuatro años, se prevé que la planta ocupe una superficie de 3.000 hectáreas y afecte a seis comunidades.

“Los potenciales impactos incluyen deforestación, cambio en el suministro de agua subterránea, contaminación del agua por el uso de desbroce químico [herbicidas utilizados en la zona donde se instalarán las losas], así como aumento de la temperatura e insalubridad térmica”, afirma el profesor João Paulo Centelha, doctor en geopolítica y miembro de la Red Ambiental de Piauí (Reapi) y de Getier-PI. " Además, creemos que algunas de estas comunidades, que viven allí desde hace 30 o 40 años, podrían ser desalojadas y desplazadas sin ninguna garantía”.

Este es el temor de Francisca Carvalho Oliveira, que lleva más de 30 años en Sítio dos Queiroz. “Mi madre tiene alzhéimer y temo por ella. Los médicos le piden muy a menudo que no cambie de entorno. Está adaptada en su casa, porque fue allí donde perdió la memoria”, dice.

El Complejo Fotovoltaico de Marruás es una apuesta de Ib Vogt, plataforma global para el desarrollo de proyectos solares a gran escala, con sede en Alemania y presente en más de 30 países. Según le explicó la empresa a América Futura, sí que consultaron con la comunidad, al celebrar una audiencia pública en enero de 2024 con más de 200 personas. “El proyecto solar contrató una consultoría local, Sustentare, que realizó el proceso de movilización a partir del reconocimiento del lugar y de las formas de vida de la población directamente afectada”, aseguró Juliano Soares Barboza, gerente senior de Desarrollo de Proyectos de Ib Vogt.

El responsable reconoció que sí hay posibles efectos negativos ambientales, concentrados en las fases de instalación y, “en menor medida, en la fase de explotación”. Sin embargo, Barboza recuerda que el proyecto ha obtenido una licencia previa, pero no está autorizado a realizar intervenciones en la zona directamente afectada hasta que obtenga la licencia de instalación.

“La sombra de las hélices nos persigue”

“Es como un avión que nunca despega”. Así describe Dorinha Nonato, una joven líder quilombola, cómo fue el cambio de escuchar a los pájaros por el ruido ensordecedor de unas turbinas gigantes instaladas a pocos metros de su casa, en el quilombo Serra dos Rafaéis, en el municipio de Simões.

Inaugurado en 2017, el Complejo Ventos do Araripe III, construido por la empresa brasileña Casa dos Ventos Energias Renováveis S.A., trajo muchas promesas de generación de energía limpia a los habitantes del territorio. Pero también aterrizó con conflictos, enfermedades y violaciones de derechos humanos y ambientales, cuenta Nonato, de 29 años. “El discurso fue hermoso. Hablaron de desarrollo, de oportunidades para los niños y de empleo para los adultos. En una región seca como la nuestra, sin oportunidades, eso parecía algo bueno”, recuerda. Pero la alegría duró poco.

Lo que al principio parecía desarrollo se reveló como una serie de violaciones. “Mucha gente ha enfermado psicológicamente aquí. La sombra de las hélices nos persigue. Además, los animales están estresados, y han dejado de reproducirse. Hemos perdido las rutas migratorias y los que viven de la agricultura tendrán que buscar otra forma de sobrevivir”, dice la dirigente. Para ella, el panorama es incierto. “No veo futuro, porque los impactos no harán más que aumentar”.

CDV Desenvolvimento, del Grupo Casa dos Ventos, explicó a este medio que, desde el 30 de mayo de 2018, ya no tiene ninguna relación con la operación de estos proyectos y que durante el tiempo que operó en la región, lo hizo cumpliendo con todos los requisitos de los órganos ambientales involucrados en el proceso. Hoy, el complejo es administrado por el Grupo Cortez, del vecino estado de Ceará. Aunque América Futura se contactó con el grupo, hasta el momento de esta publicación no ha recibido respuesta.

Hace aproximadamente dos meses, el 11 de junio, se inauguró otro proyecto eólico en la región. El Complejo Ventos de São Zacarias (VSZ) cuenta con 80 aerogeneradores capaces de producir energía para 1,2 millones de hogares, ninguno de ellos en la comunidad de Serra dos Rafaéis. De hecho, la energía va a parar al sector empresarial: la mayor parte - un 75% - llega a Norsk Hydro, compañía activa en la producción de aluminio y energías renovables.

VSZ explicó a este medio que había reconocido el estatus de quilombola autodeclarado de dos comunidades impactadas por el proyecto -incluida la comunidad Serra dos Rafaéis- a través de la Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI). “Los compromisos asumidos en el CLPI se han cumplido plenamente. Solo en Serra dos Rafaéis se entregó una sede para la asociación local de quilombolas y una pista polideportiva con aseos y vestuarios. También se remodeló la capilla de Nossa Senhora das Dores, importante símbolo del patrimonio cultural de esta comunidad”, señalaron.

La empresa también afirma que ha realizado inversiones en el ámbito productivo, con intercambios y cursos técnicos, así como un programa técnico agrícola, cuyo objetivo es promover el seguimiento de la fauna y la flora autóctonas, fomentando la mejora de la producción local. “Tecnológicamente, hemos adoptado medidas que minimizan los impactos y aumentan la eficiencia. Destaca la instalación voluntaria del dispositivo de serrado de palas, que reduce el ruido generado por el viento en las hélices de los aerogeneradores”, añade.

A pesar de reconocer estos avances, Dorinha dice que todas las medidas de mitigación son el resultado de la movilización de los residentes que, juntos, construyeron su propio protocolo de consulta. Publicado en mayo de 2023, allí establecieron los principios necesarios para basar los diálogos con las empresas y garantizar los derechos de la comunidad.

Precios disparados

La puesta en marcha de estos megaproyectos iba acompañada de otra ilusión: que la factura energética iba a ser más barata en las comunidades vecinas. Pero no es así. El profesor Centelha explica que, en Brasil, hay dos mercados que suministran energía: el libre y el cautivo. “En el caso del segundo, se trata de una oferta hecha por las concesionarias de energía que ganan las licitaciones públicas de distribución de energía y asumen un cierto monopolio. Esto es muy diferente del mercado libre de la energía, en el que hay múltiples proveedores que compiten entre sí por la demanda”, afirma.

Según él, la energía que se paga en la factura eléctrica residencial es la generada en el mercado cautivo, que, por lo tanto, está monopolizado por las empresas locales o regionales. “La energía generada en Bom Princípio, por ejemplo, no se venderá a sus residentes. Seguirán teniendo que pagar la energía de siempre, a los precios caros, mientras que la energía producida allí irá principalmente a las demandas de otras empresas”, explica.

El mercado libre de la energía empezó a cobrar impulso en 2015 con la eólica y, en 2020, con la solar. Aunque en teoría estas nuevas fuentes deberían relevar a las contaminantes y fomentar la transición energética, no parece ser el caso. “No sustituimos, solo añadimos. Desarrollamos una nueva fuente, entra en el mercado, pero no reduce el consumo de combustibles fósiles”, apunta el profesor Fernando Ramos Martins, físico e investigador de la Universidad Federal de São Paulo. Es esta lógica la que, según él, produce sobrecarga energética, vulnera derechos y, en definitiva, no promueve una transición energética justa.