La Huaca, el distrito peruano agotado de tener como vecino a la industria de caña de azúcar

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Ya estaban cansados, impacientes. Después de vivir todo un año de sequías y falta de lluvias en el departamento de Piura, en el norte del Perú, habitantes del distrito de la Huaca y otras poblaciones cercanas se armaron con martillos, picas y palas. Era diciembre de 2024 y tenían claro su objetivo: romper un dique que la empresa Agroaurora SAC, dedicada a la siembra y procesamiento de caña de azúcar, así como comercializadora de sus derivados, tiene puesto sobre el río Chira. “El agua está bloqueada allá [a unos 11 kilómetros de La Huaca], y no dejan que lo poco que hay siga para los demás agricultores”, cuenta en una videollamada Juan Carlos Barrientos, miembro del Comité de defensa de la margen izquierda del Río Chira.

Pese a que denunciaron su preocupación ante las autoridades ambientales, el dique seguía ahí. “Con varios pobladores, nos fuimos y empezamos a derrumbar esos muros de contención”, agrega el líder. Llegó la policía, hubo enfrentamientos y, días después, la empresa ya había reparado los daños producidos a la estructura.

Lo que Barrientos cuenta es solo una anécdota en una larga serie de protestas que la comunidad de La Huaca y comunidades cercanas de la provincia de Paita han levantado desde que, en 2007, llegaron las empresas de caña de azúcar a su región. Se convirtieron en un vecino incómodo que, como él explica, los ha sumergido en “más de 15 años de lucha”. Al principio fue por la contaminación del aire que producía la quema de los cultivos y, últimamente, porque les duele ver el agua represada por Agroaurora, parte del Grupo Gloria, un conglomerado industrial de capital peruanos. “Es que hay gente que ni la tiene para tomar”, dicen.

El muro, explicó Agroaurora a América Futura a través de un comunicado, fue construido por Maple Etanol SRL, compañía a la que le compraron el negocio, “con el objetivo de elevar el nivel del agua de retorno para que pueda ser captada mediante infraestructura y sistema de bombeo”. Tanto la obra como Agroaurora, agregan, mantienen los permisos dados por el Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) desde 2008, así como los “derechos de agua dados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para continuar realizando las captaciones de las aguas de retorno, cumpliendo con el pago correspondiente por el derecho de uso del recurso hídrico”.

La escasez hídrica que vive la región – aseguran -, se debe a otros factores diferentes al dique, como que los organismos responsables para gestionar el agua tienen una capacidad limitada. También a que el reservorio de Poechos [el embalse del departamento de Piura] está saturado con sedimentos y a que “hay una extracción no autorizada del agua por parte de agricultores informales”. “Cabe precisar que se ha demostrado que la destrucción del dique no significó cambio alguno en la cantidad de agua que recibieron”, aseguran.

Pero el muro se ha convertido en un símbolo de la frustración que siente la comunidad frente a las centrales azucareras. La de diciembre fue la sexta vez que quiebran la estructura. A principios de 2025, finalmente, la ANA le ordenó a la empresa retirarla. Agroaurora, sin embargo, apeló la medida y espera a que se dé un nuevo fallo. En un post de Facebook compartido por la Subprefectura Distrital de Huaca y publicado a mediados de junio, se lee la sorpresa de que el dique siga, una vez más, en pie. “Fotos evidencian que dique que antes había sido derribado para el cauce normal del río Chira, nuevamente ha sido colocado por la empresa”, se lee.

Quemas y protestas

“Desde que las azucareras llegaron, se burlan de las autoridades, de nosotros, de la población”, dice Sabina Guevara Herrera, profesora y periodista. No solo lo dice por el conflicto que han tenido por el agua, sino por cómo la perjudicaron, incluso a nivel personal, las quemas de cultivos de caña de azúcar cerca de La Huaca. “No avisaban nada. Solo caían cenizas y todo el mundo empezaba a toser”.

El punto de quiebre, sin embargo, fue el 31 de octubre de 2021. A pesar de que Caña Brava, empresa del grupo Romero dedicada a producir etanol y ubicada a unos ocho kilómetros de La Huaca, se había comprometido a no quemar caña para 2013, ese día el aire se enrareció. Alrededor de las 2 de la tarde, cuenta Guevara, “empezó a bajar ceniza, el pueblo se llenó de humo y no se podía respirar”. Al centro de salud llegaron 65 personas con asfixia, incluyendo menores de edad, y otras recibieron refugio en la parroquia de La Huaca.

Un grupo más, sin embargo, se fue en horas de la noche a protestar frente a las instalaciones de Caña Brava. El panorama se volvió confuso. “Algunas personas rompieron las motos y carros que estaban ahí. Se metieron a la empresa y dañaron las plantas”, acepta Guevara. “Pero yo solo fui porque estaba haciendo mi trabajo, reportando como periodista”. Al día siguiente, Rocco Zelota, en ese entonces gerente de Caña Brava de Piura, dijo a medios locales que el incendio no fue causado por la quema de caña, sino por “externos a la organización”.

“Gente extraña, ajena a la empresa, prendió fuego al cerco perimétrico de nuestro fundo ubicado en la provincia de Paita y las condiciones del clima y el viento hicieron que el fuego se propagara rápidamente, afectando a 80 hectáreas de nuestros cultivos que apenas tenían tres meses de sembrado”, señaló a Radio RPP.

El enfrentamiento por las quemas se convirtió en uno de los 219 conflictos sociales reportados por la Defensoría del Pueblo que, en un informe de 2023, seguía apareciendo bajo la categoría de “no hay diálogos” para intentar resolverlos. Días después de los disturbios, Caña Brava puso una denuncia penal a Guevara y a otras siete personas por los daños ocasionados en sus predios. Aunque América Futura contactó a la empresa hace más de un mes para conocer directamente su versión, no ha recibido respuesta.

“Tendremos una nueva audiencia en agosto”, dice la comunicadora, insistiendo en que ella, por lo menos, solo estaba allí como reportera. “Pero ha sido un proceso lento. Casi tres años después, ya no tenemos plata para pagar abogados privados, así que estamos con uno de la Defensoría del Pueblo de Paita”, comenta.

Pese a que las quemas dejaron de ser un problema generalizado en La Huaca y, de hecho, en 2023 el Congreso de Perú aprobó una ley para regular la quema de cultivos de caña de azúcar, el proceso judicial sigue drenándolos. “Es que nos ha cambiado todo desde que llegaron esas empresas”, se suma de nuevo Barrientos. “Si no son las quemas, es el agua o es la represión”. Lo que nadie duda es que, desde 2007, les transformaron el paisaje.