El fracaso colombiano en blindar la televisión frente al poder

En 1954 llegó esa intrusa, la televisión, a nuestros hogares con sus ventajas, pero también con sus inconvenientes, entre ellos, como lo advirtió Giovanni Sartori, los peligros de la transformación del aparato cognoscitivo del homo sapiens, producto de la cultura escrita, en un homo videns, para el cual la palabra está destronada por la imagen, con la consecuente incapacidad para comprender abstracciones y entender conceptos.

Cuando coexisten poblaciones con profundas diferencias culturales la televisión podría ser instrumento de aprendizaje, conocimiento de las regiones y costumbres, participación y debate informado, fortalecimiento de la democracia, cohesión social, identidad.

En una era dominada por algoritmos, plataformas de streaming y redes sociales, podría parecer anacrónico hablar de televisión como herramienta de democratización cultural. Sin embargo, la realidad de millones de personas desmiente esa percepción: la televisión sigue siendo la ventana al mundo, el medio de comunicación masivo más accesible, que llega donde el libro no llega, o el internet es lento o inexistente.

Mas no cualquier televisión. La diferencia entre un medio que eleva y uno que adormece radica, en buena medida, en su independencia de los ciclos electorales, del poder gubernamental.

La televisión tiene la capacidad para cruzar barreras de educación, geografía y clase social. Un documental sobre la historia del universo, una serie sobre biodiversidad amazónica o un debate filosófico pueden llegar simultáneamente a un estudiante universitario y a un campesino que nunca pisa una biblioteca.

Un error frecuente es asociar la televisión cultural con contenidos elitistas, o inaccesibles. La experiencia demuestra que es posible producir televisión de alto valor cultural que sea atractiva, narrativamente poderosa y masiva. La divulgación científica puede ser apasionante. La historia puede contarse como una aventura, el arte explicarse con sencillez, el periodismo investigativo ser tan adictivo como una serie de ficción.

La independencia de la televisión pública es una construcción institucional que requiere voluntad política, diseños normativos inteligentes que involucren a la sociedad civil, las universidades y los gremios profesionales, así como un financiamiento estable. La diferencia entre una televisión con institucionalidad sólida y una sin ella se mide en la calidad del debate público.

Defender una televisión pública independiente es defender el tipo de sociedad que queremos construir, apostar por la formación de ciudadanos críticos en vez de consumidores pasivos, una población mejor informada, capaz de participar en la vida democrática, elegir el largo plazo sobre el corto plazo del rating o de los eventos electorales.

Estas preocupaciones inspiraron a la Constituyente de 1991. El concepto de libertad de expresión se amplió del derecho de los medios a llevar al público la información que consideraran pertinente, al derecho de toda persona a estar correctamente informada y a expresar sus opiniones.

La libertad de los medios de comunicación se garantiza en todo tiempo y no solo en tiempos de paz y las empresas pueden actuar con libertad (no habrá censura), pero en forma responsable; se garantiza la información objetiva y veraz con el consecuente derecho de rectificación en condiciones de equidad.

El espectro electromagnético es un bien público gestionado y controlado por el Estado para garantizar el pluralismo informativo y evitar las prácticas monopolísticas. Se creó la Comisión Nacional de Televisión como un ente autónomo para que la televisión fuera un instrumento de trasmisión de cultura, independiente de los gobiernos.

Las leyes no acertaron al regular la participación de la sociedad civil y recortaron la autonomía de la Comisión al permitir la asistencia del ministro de comunicaciones y limitar el período de sus miembros de cuatro a dos años y el del director a uno. La autonomía se vio afectada por la reelección presidencial, pues el presidente nombraba sus representantes durante ocho años, mientras que los de gremios y asociaciones solo tenían, máximo, la mitad de este período.

Esta entidad llegó a tener una estructura pesada e ineficiente, además de clientelista, y fue suprimida por la reforma de 2011 sin mayor debate público ni oposición. En 2019 se suprimió la Autoridad Nacional de Televisión y se redistribuyeron sus funciones entre el Ministerio TIC, la Comisión Nacional de Comunicaciones y la Superintendencia de Industria y Comercio, dejando a Colombia sin un regulador autónomo y sin una televisión participativa al servicio de la cultura, el conocimiento y la democracia.

Europa ofrece ejemplos valiosos de diseños institucionales que protegen la televisión pública de la captura gubernamental y comercial, como es el caso de la BBC de Gran Bretaña, o el modelo alemán posterior a la Segunda Guerra, cuando se consideró que la radio y la televisión no podían reproducir el papel propagandístico de la era nazi y de ahí su independencia. En Francia, el organismo regulador garantiza pluralidad de opiniones, defensa del idioma y estándares de contenido y los Países Escandinavos gozan de medios públicos políticamente independientes.

Colombia tiene hoy una televisión pública poco ambiciosa en su misión cultural por falta de una institucionalidad que la blinde de las presiones políticas, y le permita planificar a largo plazo, formar equipos estables y competir con dignidad en el ecosistema mediático del siglo XXI.

Es perversa la cooptación de la televisión pública por el actual gobierno, al utilizarla como aparato de propaganda e instrumento de crítica y odio hacia corporaciones judiciales, congreso, empresarios, gremios, partidos políticos de oposición; todo esto como medio para convocar campañas proselitistas, marchas y manifestaciones callejeras en favor de una asamblea constituyente, con fines electorales y grave peligro para la democracia.

Enhorabuena el Consejo de Estado puso coto a la invasión del presidente Petro a todos los canales, incluso los privados, con la trasmisión de consejos de ministros interminables, a la mejor usanza de las autocracias.

En épocas preelectorales se espera que órganos de control, facultades de comunicación, periodistas y organizaciones de la sociedad civil estén alerta para exigir respeto al equilibrio informativo y a la igualdad de los candidatos en todos los canales de televisión, públicos y privados; y, pasadas las elecciones, promuevan el retorno de la televisión a su propósito de construcción democrática y social.