El Gobierno acelera los proyectos de gas con una empresa del corazón de Gustavo Petro

Colombia afronta una escasez estructural de gas natural. El Gobierno de Gustavo Petro, que ha cancelado nuevos contratos de exploración del hidrocarburo, se alista para mejorar la conectividad de los campos del Caribe con el interior del país. Lo haría, en gran parte, de la mano de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía Bogotá, una empresa que el presidente conoce bien desde sus tiempos como alcalde de la capital, cuando decidió comprarla al sector privado. El tiempo apremia: en febrero la producción de gas cayó a 695 millones de pies cúbicos diarios, el nivel más bajo para ese mes desde 2009, según Corficolombiana. Es el resultado de un acumulado de campos maduros en declinación, baja actividad exploratoria y una política energética que ha desalentado la inversión en nuevos yacimientos. El resultado ya se siente en la factura: en 2025 el precio del gas subió 69% para la industria y 23% para los hogares. Jorge Andrés Henao, gerente de TGI, ha explicado que la operación para crear nuevos gasoductos o plantas regasificadoras abarataría el gas un 20%.

El problema no amaina. Un estudio del Centro Regional de Estudios de Energía para Andesco calcula una probabilidad de déficit de gas para este año del 39% —casi el doble de lo previsto hace 12 meses— con alta probabilidad de escalar al 58% en 2027. En la coyuntura pesa una amenaza adicional: la probabilidad de un fenómeno de El Niño entre mayo y julio, que es posible que alcance una intensidad muy fuerte. En un país que usa el agua para producir la mayoría de su energía, esa sequía dispararía la demanda de gas hasta absorber prácticamente toda la capacidad de importación. En ese contexto, el Gobierno de izquierdas de Petro está a punto de dar un paso que el sector lleva años esperando: ejecutar 12 proyectos de infraestructura de gas natural que la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, ha identificado como urgentes.

De esos 12, 8 se adjudicarían a la Transportadora de Gas Internacional o TGI. La adjudicación del primero, la planta regasificadora (que permite convertir el gas traído en buques al que se transporta ya en el país) de La Guajira, se espera para finales de este mes; los siete restantes, en las semanas siguientes. TGI planea invertir 500 millones de dólares en cuatro años en los ocho proyectos. Para entenderlo , primero hay que ir al departamento del extremo norte del país, donde el gas entra al Sistema Nacional de Transporte en la estación de Ballena —propiedad de TGI, la mayor transportadora del país con más de 4.000 kilómetros de gasoductos— y desde allí viaja hacia el interior.

Francisco Bendeck, ingeniero de petróleo que trabajó cuatro años y medio en TGI y ayudó a construir esa infraestructura, lo explica: “Por las plataformas de Chuchupa [en La Guajira] alguna vez salieron 830 millones de pies cúbicos al día. Hoy ese sistema está prácticamente ocioso”. Efectivamente, la UMPE explica que pasó de representar un tercio de la oferta nacional en 2016 a aportar solo cerca del 10% actual. Los gasoductos que salen de Ballena hacia el interior —con capacidad para entre 256 y 300 millones de pies cúbicos diarios— llevan años sin aprovecharse al máximo. Por eso el interés comercial de la compañía de capital público. “TGI quiere recuperar la plata que no está recibiendo por ese gasoducto. La demanda sería suficiente para que tanto el país como la empresa estén en gana-gana”, dice Bendeck.

El plan, contemplado en el documento técnico de la UPME, es instalar una unidad flotante de almacenamiento y regasificación, con capacidad para inyectar 250 millones de pies cúbicos diarios al sistema. Ecopetrol compraría gas licuado en los mercados internacionales, un barco lo traería hasta la plataforma y desde allí viajaría por el gasoducto. TGI regasifica y cobra por eso, mientras que Ecopetrol lo comercializa, en una división del trabajo impuesta por la Ley 142 de 1994 que acabó con la concentración de Ecopetrol como productor, transportador y comercializador.

Inyectar el gas en Ballena resuelve la mitad del problema, pero falta moverlo hacia el interior. Allí entran los otros siete proyectos que TGI postula: bidireccionalidades en sus gasoductos, en los tramos Vasconia-La Belleza, La Belleza-El Porvenir, Yumbo-Mariquita y Vasconia-Mariquita; ampliaciones de capacidad de los tubos en los corredores Centauros-Granada y Gualanday-Neiva —este último crítico para evitar el déficit en el Tolima y el Huila—; y el gasoducto de segunda entrada a Bogotá, que conectaría la capital al sistema por el Magdalena Medio. La razón es simple: el interior del país demanda 600 millones de pies cúbicos diarios, los gasoductos funcionan como vías unidireccionales, y Bogotá depende casi exclusivamente del gas que llega desde la Orinoquía.

Habilitarlos en ambos sentidos y cerrar los anillos de conectividad entre el Caribe, el centro y el sur de Colombia permitiría que el gas llegue adonde hace falta en el momento en el que se necesite. El problema, como lo identifica la UPME, no es solo de volúmenes: es de capacidad limitada de transporte. Es una dificultad que la infraestructura en Puerto Bahía y SPEC, ambos en Cartagena, ya afronta, pues un tramo del gasoducto (La Mami-Ballena) tiene una capacidad insuficiente para mover al interior todo el gas que esas plantas pueden importar. La ventaja del proyecto de TGI en Ballena es que entra directamente al sistema nacional desde un punto más adelante en el sistema, evitando ese cuello de botella.

Nada de esto viene sin historia. TGI es filial del Grupo Energía Bogotá, la empresa de la capital que Petro convirtió en su proyecto estrella cuando fue alcalde de Bogotá (2012 -2015). Durante su administración, la entonces llamada Empresa de Energía de Bogotá recompró el 32% de TGI que estaba en manos privadas —una decisión que le costó a Petro un proceso ante la Contraloría Distrital, del que salió exonerado— y consolidó a TGI como el activo más valioso del grupo público bogotano. Con esa operación, el Distrito consolidó el 99,9% de la propiedad de la transportadora.

Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, concuerda en que los proyectos son un esfuerzo operativo y logístico necesario, pero apunta que el diagnóstico no es nuevo y “lo que falta es la decisión”. El gas importado por Ballena podría costar entre un 20% menos que el actual, según TGI; la segunda entrada de gas a Bogotá reduciría la dependencia con el gas de los Llanos y la bidireccionalidad en los gasoductos le darían al sistema una flexibilidad que ha faltado. La regasificadora de Ballena podría entrar en operación a finales de 2027, con efectos en el mercado desde 2028.