La apuesta de Colombia por generar energía con sol y viento avanza con lentitud

En 2025, por primera vez en la historia, Colombia generó más electricidad con el sol que con el carbón, según la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). El Gobierno de Gustavo Petro lo ha celebrado como un hito de la transición energética que promueve, y que busca desprenderse de los combustibles fósiles, en una disyuntiva que ha calificado en reiteradas ocasiones de “vida o muerte”.

Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de SER Colombia —gremio que agrupa a más de 70 empresas del sector renovable—, lo respalda con más cifras: “En tres años pasamos del 1,5% al 15% de capacidad instalada [el potencial de producir] en renovables. El 70% de los megavatios que entraron en 2025 fueron construidos por empresas nuevas en Colombia, rompiendo el monopolio de cinco actores que controlaban cuatro quintos del mercado”, dice en entrevista con este diario.

Aunque se avanza como nunca, la urgencia es tal que parece insuficiente. “Colombia necesita 6.000 megavatios adicionales en los próximos cinco años: una inversión cercana a 5.000 millones de dólares. La demanda crece al doble de lo que lo hace la oferta, y es posible un déficit estructural desde 2027, lo que implica riesgos de apagón”, advierte la experta. El último gran blackout ocurrió entre marzo de 1992 y febrero de 1993, cuando el fenómeno de El Niño secó los embalses y el país sufrió racionamientos de varias horas al día.

La Guajira, el departamento más septentrional del país, tiene el mejor recurso eólico de Suramérica: vientos con velocidad media de 9,8 metros por segundo, que permiten que las turbinas operen cerca de su capacidad máxima el 65% del tiempo —casi el doble del promedio mundial—, según el Instituto de Estocolmo para el Medio Ambiente (SEI, siglas en inglés). La UPME calcula un potencial eólico de ese territorio en 21 gigavatios, equivalente a toda la capacidad instalada actual del país. A julio del año pasado, la eólica solo puso el 0,27% de la energía eléctrica; en La Guajira, de 23 proyectos eólicos con conexión aprobada, solo operan dos.

Esa cifra refleja el choque de los proyectos con las comunidades indígenas del departamento. Rosa María Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), que lleva más de 20 años acompañando comunidades afectadas por extractivismo, plantea el dilema: “¿Energía para qué y para quién? A veces las comunidades locales ni tienen luz; se va para las ciudades, centros comerciales o las mismas empresas”, dice. Hernández, de SER, explica las difíciles y obligatorias consultas previas. “Es difícil identificar a los líderes ante los que se deben hacer [las consultas], y aunque se adelanta el proceso con un grupo, luego aparecen otros… Esto puede tardar cinco o seis años”, aquilata.

Mateus explica que las diferencias radican en la visión del mundo. “En wayuunaiki [la lengua del pueblo Wayúu] no existe el “buenos días”; la frase que se dicen al despertar es: “¿Qué soñaste anoche?” El sueño no es una ocurrencia, es constitutivo de quiénes son”. Hay heridas abiertas: el departamento es uno de los más empobrecidos del país y décadas de grandes inversiones extractivas no han cambiado ese hecho. “Alguien me dijo que el daño más grande que le hizo la mina de El Cerrejón es que el tren carbonero no lo dejaba dormir; es decir, soñar”, prosigue.

Mientras los vientos caribeños se mantienen lejos de las turbinas, la energía solar avanza más rápido, y ya aporta el 6,3% de la generación nacional. Entre los apostadores está la andaluza Grupo Negratín, que este año ha comprometido 59 millones de euros, unos 251.000 millones de pesos, en seis plantas fotovoltaicas. “La solar permite plazos más cortos y una ejecución más ágil en un país que necesita capacidad pronto”, explica la compañía. “La eólica requiere ubicaciones más específicas y procesos de desarrollo más largos y complejos”, complementan.

Con todo, los expertos ven retrasos generalizados: “Un proyecto tarda entre tres y siete años en operar”, explica Hernández. “La construcción toma entre 12 a 18 meses. El resto —tres años en promedio— se va en trámites”.

La dimensión financiera

Si las tensiones sociales explican la dificultad, los obstáculos financieros la atornillan. Instalar un megavatio cuesta entre 750.000 y 800.000 dólares, y actualmente 5.086 MW están sin cierre financiero —es decir, sin los recursos para implementarlos—, suficientes para abastecer a casi 13 millones de personas, según SER Colombia. Para que la banca desembolse, los proyectos necesitan contratos de largo plazo, pero las intervenciones estatales en la bolsa de energía han desincentivado este tipo de contrataciones. La inversión extranjera se desplomó un 70% entre 2022 y 2023, desde los 1.200 millones de dólares a los 410 millones, informa el SEI.

La espera produce “asfixia financiera”, dice Hernández. Cuando un proyecto firma contratos y se obliga a suministrar energía, pero tiene demoras, la empresa debe comprar energía cara al contado y vender a pérdida. “Si se cumplieran los tiempos de la norma —licencias ambientales en seis meses, permisos en 30 días hábiles—, el tiempo bajaría a la mitad”, sentencia la experta. Dos multinacionales europeas sucumbieron a ese ahogo a finales de 2024. La portuguesa EDP Renovables abandonó los proyectos eólicos Alfa y Beta (800 MW), y la italiana Enel salió de Windpeshi (la compró Ecopetrol). No son las únicas: SEI apuntala que se han desestimado 1,3 GW en proyectos eólicos, incluyendo otros de Enel y Celsia. “Cada vez que una empresa renuncia, los inversores se asustan”, reconoce Hernández.

Mateus aclara que las comunidades apoyan la transición energética, aunque acota que “no se resignarán a que sea el mismo extractivismo por otros medios”. También entrega una lectura paralela del asunto económico: “Se nos hace creer que necesitamos del sector minero-energético para suplir la inversión social; no es así. El carbón no declara renta en el país; da regalías, pero tiene exenciones tributarias; y deja un pasivo en salud que cuesta billones por la atención al cáncer o la silicosis”, manifiesta.

Con todo, el problema va más allá del sol y el viento. Tomás González, exministro de Minas y Energía, lo explica: “Hay que distinguir lo energético y lo eléctrico. La matriz eléctrica en Colombia es renovable en un 70%, pero la electricidad apenas representa el 18% de toda la energía que consume el país. La transición eléctrica, aunque avanza, no resuelve sola el problema energético”, dice a EL PAÍS. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), los combustibles fósiles representaron más del 75% de la demanda energética total de Colombia en 2024.

Por eso, González apunta a una armonía de las prioridades: medioambiente, seguridad de suministro, asequibilidad. “Al obsesionarse solo con lo ambiental, se descuidan los otros. Eso pasó con Europa y el gas ruso”, advierte. Es precisamente el gas el elemento que los expertos auguran como la barca que aseguraría una transición tranquila. “Necesitaríamos el doble del gas actual hacia 2040 para reducir las emisiones un 40% sin debacles económicas. Es el puente entre el antiguo mundo fósil y el nuevo de bajas emisiones”. Jaime Millán, execonomista principal de energía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), simplifica la cuestión: “Tarzán no suelta un bejuco hasta que no tiene el otro agarrado. Eso es lo que hay que hacer”, dice a EL PAÍS.

La transición energética, en lo político, tiene favores: un 96% de los colombianos considera que la solar debe crecer, cifra del 88% para la eólica, según la consultora Arteaga Latam. Pero la tensión se mantiene. Del 24 al 29 de abril, Santa Marta acogerá la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, coorganizada entre Colombia y Países Bajos. Tanto SER Colombia como CAJAR estarán allí, con sus respectivas hojas de ruta. Mateus reflexiona: “Dicen que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es falso, hay alternativas. Hay modelos energéticos sostenibles, pero no se escuchan”.