Santa Marta congrega a los países que quieren dejar atrás los combustibles fósiles: así llega América Latina a la conferencia

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A partir de hoy y durante seis días, delegados de más de 50 países se reúnen en la ciudad de Santa Marta, Colombia, para buscar caminos que lleven a economías y sistemas energéticos que no estén encadenados al carbón, el gas y el petróleo, los principales responsables del cambio climático. La que se ha convertido en la primera conferencia internacional para dejar atrás estos combustibles fósiles cae además en un momento crítico para el sector energético y la política latinoamericana. Mientras la guerra en Oriente Próximo deja al desnudo la volatilidad de los precios del petróleo, en la región se juega la contienda presidencial de Brasil, Colombia y Bolivia en lo que falta del año.

“La conferencia llega en un momento muy paradójico para América Latina y el Caribe”, comenta Ana Carolina González, directora para la región del Natural Resource Governance Institute (NRGI). “No solo porque es muy probable que haya una presencia mayor de nuestros países en la reunión, sino por las posiciones oficiales que han asumido muchos de sus Gobiernos”.

Colombia, país que hace de anfitrión junto a Países Bajos y mantiene alrededor del 30% de sus exportaciones ligadas a la industria petrolera, asumió la narrativa de que quiere salir de los fósiles desde 2022: posición que, aunque le ha dado protagonismo internacional, se ve poco reflejada en la práctica. México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, científica climática, anunció este mes la incursión en el fracking para extraer gas natural. Brasil, que viene de ser sede de la última conferencia internacional del clima (COP30), donde se le asignó la misión de proponer una hoja de ruta global para abandonar los combustibles fósiles, ha insistido en explorar petróleo y gas, incluso en la Amazonia, con el fin de asegurar recursos que le permitan financiar su transición energética.

A esta suerte de contradicciones se suma que, con la disrupción internacional y el aumento de los precios del petróleo, “algunos países de América Latina ven una oportunidad para entrar y suplir esa brecha en la oferta de combustibles del mercado global”. La precaución es cuáles y cómo. Brasil y Argentina, por ejemplo, podrían tener un incentivo justificado “ya que tienen una capacidad de expandir su producción de manera acelerada”, dice González. Otros, como Colombia y México, tendrían que invertir en más exploración, crear infraestructura y expandir sus campos sin ninguna garantía de que, cuando ya produzcan petróleo, el mercado global luzca tan atractivo como ahora mismo.

En lo que la región sí llega con ventaja es en cómo está produciendo electricidad. Un informe publicado recientemente por el grupo de expertos británicos Ember reveló que, durante 2025, América Latina y el Caribe generaron el 63% de su electricidad a partir de fuentes renovables, como la solar, la eólica y la hidroeléctrica. Es una cifra mayor que el promedio mundial de 34%. Aunque la cuota que dan las hidroeléctricas sigue siendo considerable, con el 40%, la participación combinada de la solar y eólica aumentó a 19%, un porcentaje también mayor que el promedio global, 17%.

La tendencia que se verá a futuro en la región, comenta Wilmar Suárez, analista para América Latina de Ember y coautor del informe, “es que la generación hidroeléctrica va a crecer muy poco y la generación solar y eólica lo hará a tasas mucho más altas, acompañada de almacenamiento en batería”.

Chile, con el 25% de su electricidad generada a partir del sol en 2025, se ubica como segundo líder mundial en el avance de esta energía, solo tras Hungría (27%). Y en Brasil, por primera vez, el porcentaje de electricidad generado por las solares (12%) superó al de los combustibles fósiles (11%). Entre la mezcla de razones sobre cómo lo lograron, Suárez destaca que el primero superó el dilema de cómo almacenar la energía -con una capacidad de baterías que podría albergar hasta la mitad de la generación solar que tuvo en 2025-, y que Brasil le apostó a la generación solar distribuida. Es decir, varios proyectos energéticos de menor escala que autogeneran energía e, incluso, le venden excedente al sistema. Uruguay, El Salvador y Honduras, dice, también “vienen haciendo despliegues de renovables impresionantes”.

Capítulo aparte es lo que sucede en Colombia y México. A pesar de que el año pasado la generación con renovables siguió creciendo, se mantuvo por detrás de la tendencia global para eólica y solar combinadas, con solo un 5,3% (el de Latinoamérica es del 19% y el global del 17%). Mientras, en México, la electricidad sigue subyugada al gas, representando el 62%: casi el triple del promedio latinoamericano (24%) e, incluso, el mundial (22%). “Más de la mitad de la energía eléctrica que se genera en México se da con gas importado de Estados Unidos”, recuerda el autor del documento, advirtiendo una vez más lo débil que es la energía de algunos países frente a la cada vez más errática geopolítica.

A la conferencia de Santa Marta llega una Latinoamérica que no logra deshacerse de sus incongruencias orgánicas. Una que, desde la sociedad civil, sigue demandando un multilateralismo más horizontal y reformas a un sistema financiero que siente obsoleto en medio de la crisis climática. “El modelo actual presiona a nuestros países para seguir en la vía de las industrias extractivas y retrasa el plan de transición energética”, asegura Carola Mejía de la Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática.

También llega a la ciudad caribeña una región que siempre tendrá en algún plano a los pueblos indígenas, que esperan ser más centrales en esta conferencia. “Llegamos a la COP30 creyendo que iba a funcionar, pero no pasó”, recuerda Alana Manchineri de la Coordinadora Conjunta de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (Coiab). “Lo que suceda en Santa Marta solo será legítimo con la participación de las personas indígenas”, dice sobre los días que vienen. Unos que empiezan este viernes con diálogos académicos; pasarán por conversaciones de indígenas, sindicatos, parlamentarios y gobiernos locales, y van a terminar con un panel con ministros de distintos países. Los insumos de todo el proceso, dijo en otra ocasión la ministra de Ambiente encargada de Colombia a EL PAÍS, se convertirán en un informe que esperan terminar y entregar en junio, un mes antes de las elecciones presidenciales de Colombia.