El asalto final: La salud de Colombia en manos de la sospecha

La política, en su expresión más noble, debería ser el ejercicio de cuidar lo que es de todos. Sin embargo, en Colombia parecemos estar asistiendo a un experimento perverso donde la gestión pública no se mide por resultados, sino por la capacidad de premiar a personas en juicio por corrupción con cargos de alto impacto. El reciente nombramiento de Daniel Quintero Calle como superintendente Nacional de Salud no es solo un error administrativo; es una provocación directa a la ciudadanía y un riesgo sistémico para el derecho fundamental a la vida de 50 millones de personas.

Como alguien que recorrió cada pasillo del Concejo de Medellín denunciando, con pruebas en mano, el desvalijamiento de la capital antioqueña, no puedo evitar sentir un profundo deja vú. Lo que vivimos en Medellín bajo la administración Quintero fue un entrenamiento para lo que hoy se pretende nacionalizar: el uso de las instituciones técnicas como botines de guerra política.

El rastro de la crisis: Medellín como espejo

Para entender el peligro que hoy acecha al país, hay que mirar el espejo de Medellín. Durante cuatro años, nuestra red hospitalaria pública, que fue referente latinoamericano, fue sometida a un estrés innecesario provocado por la ineficiencia y, presuntamente, por la corrupción.

El Hospital General de Medellín (HGM) es el caso más doloroso. Vimos cómo una institución que históricamente operó con superávit y excelencia técnica terminó sumida en una crisis de desabastecimiento de insumos básicos, médicos especialistas alzando la voz por falta de pagos y, lo más grave, denuncias sobre el riesgo en la atención de neonatos. Mientras el personal de salud trabajaba con las uñas, los entes de control empezaban a encontrar hallazgos sobre contratos de mantenimiento con sobrecostos y una burocratización asfixiante.

Metrosalud no corrió con mejor suerte. La red que atiende a los más vulnerables quedó con un hueco financiero que superaba los 80.000 millones de pesos (unos 20 millones de dólares) y unas instalaciones físicas completamente deterioradas que atentaban directamente contra el derecho fundamental a la salud —sin mencionar que la directora de la entidad, nombrada por Quintero, favoreció con contratos de corretaje de seguro a la familia del entonces secretario de Hacienda, Óscar Hurtado—. Lo que para la administración de Quintero eran fichas en un tablero de ajedrez político, para el ciudadano de a pie se tradujo en la imposibilidad de conseguir una cita médica o un medicamento básico. Quintero no administró la salud; la asfixió.

El superintendente de las intervenciones

El cargo de superintendente de Salud es, quizás, uno de los más poderosos y delicados del Estado colombiano. Es el árbitro, el vigilante y, en muchos casos, el administrador de facto de las crisis. Hoy, la Superintendencia tiene bajo su control directo la salud de más de 26 millones de colombianos a través de EPS intervenidas.

Entregarle este poder a un exalcalde que hoy está acusado por la Fiscalía General de la Nación por el caso Aguas Vivas es una temeridad sin precedentes. No estamos hablando de simples críticas políticas; hablamos de un proceso penal por presunto interés indebido en la celebración de contratos y peculado. ¿Cómo puede alguien bajo acusación formal de saquear recursos públicos ser el encargado de vigilar la transparencia de los billones de pesos que fluyen en el sistema de salud?

El riesgo no se limita a las entidades ya intervenidas. La gran preocupación nacional recae sobre las EPS que aún mantienen su autonomía, como SURA. Con Quintero al mando, la intervención deja de ser una medida técnica de último recurso para sanear una entidad y se convierte en una herramienta de presión política. El temor de que la salud sea utilizada para “cobrar facturas” a los sectores que se opusieron a su desastrosa gestión en Medellín es una sombra que hoy nubla cualquier posibilidad de confianza técnica en la entidad.

Un llamado a la responsabilidad política

Este nombramiento no ocurre en el vacío. Es una decisión avalada por la coalición de gobierno y, por ende, conlleva una responsabilidad compartida. Es imperativo exigirle coherencia a figuras como Iván Cepeda, candidato presidencial del oficialismo. ¿Es este el estándar de ética pública que propone el proyecto político que lidera? Guardar silencio ante el nombramiento de una persona con semejante prontuario en un cargo tan sensible es, en la práctica, validar el “todo vale”.

Así mismo, la bancada del Pacto Histórico en el Congreso tiene una cita con la historia este 20 de julio. Los congresistas que terminan y los que llegan para este nuevo periodo legislativo deben decidir si su lealtad es con los intereses de una figura cuestionada o con la protección de los derechos de sus electores. La salud no puede ser la moneda de cambio para mantener aceitada la maquinaria política del oficialismo.

La captura de lo técnico por lo político

La institucionalidad colombiana se basa en un delicado equilibrio de pesos y contrapesos. Cuando un organismo de control y vigilancia como la Supersalud es capturado por una visión puramente política y personalista, el sistema entero colapsa. El “modelo Metroparques” —esa cuestionada triangulación de recursos que denunciamos en Medellín para saltarse la ley de contratación pública— no puede ser el manual de funciones de la salud en Colombia.

Los ciudadanos, las veedurías y los periodistas valientes que ya enfrentaron el acoso y la narrativa de odio de Quintero en el pasado, debemos redoblar esfuerzos. No se trata de una pelea entre derecha e izquierda, se trata de una defensa básica de la decencia. Si permitimos que el sistema de salud se convierta en el nuevo “lote de Aguas Vivas” o en la nueva caja menor del exalcalde, el costo no se medirá en pesos, sino en vidas perdidas.

Colombia está en una encrucijada. La reforma a la salud que no pudo pasar plenamente por el Congreso se está ejecutando ahora por la vía administrativa de las intervenciones. Poner al frente de ese proceso a Daniel Quintero es encender un fósforo en una bodega de pólvora.

Desde mi trinchera ciudadana, y con la autoridad moral que me da el haber advertido cada uno de los desastres que hoy son hallazgos judiciales en Medellín, hago un llamado a la resistencia civil y técnica. No podemos normalizar que el premio a la mala gestión y a la sospecha de corrupción sea el manejo de la vida de nuestros hijos y abuelos. El país debe despertar antes de que el diagnóstico sea terminal. La salud de Colombia merece algo mucho mejor que Daniel Quintero.