Política exterior feminista: liderazgo participativo para la agenda global de la igualdad

Durante décadas, la política exterior de Colombia abordó los asuntos de género y los derechos de las mujeres principalmente desde el ámbito multilateral. Fue, sin duda, un accionar relevante, pero también periférico: presente en los discursos, aunque con limitada capacidad de incidir de manera real en la forma en que el país se relacionaba con el mundo y, sobre todo, distante de las vivencias concretas de las mujeres, de las personas LGBTIQ+ y de los territorios.

Ese relato hoy es distinto. Con la firma del Decreto 270 de 2026 por parte del presidente Gustavo Petro, que adopta como política pública de Estado la Política Exterior Feminista (PEF) Colombia dio un paso decidido hacia una transformación profunda de su política exterior.

La política exterior feminista no es un documento más. Es el resultado de un proceso de construcción colectiva en el que participaron más de 45 organizaciones de mujeres, movimientos feministas, personas LGBTIQ+, mujeres colombianas en el exterior, la academia y el propio servicio diplomático. Por eso, la PEF no es una política que habla sobre las mujeres y la diversidad, sino una política construida junta a ésta.

Este cambio no fue automático. Implicó revisar la forma misma en que entendemos la política exterior. Implicó reconocer que las decisiones internacionales no pueden seguir tomándose de espaldas a las realidades sociales. Y, sobre todo, implicó una decisión política clara desde el más alto nivel: poner los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+ en el centro de la Política Exterior del país.

Esa voluntad quedó consignada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026: “Colombia, Potencia Mundial de la Vida” y en la Ley 2294 de 2023, que incorporó la política exterior feminista como un mandato. Es decir, dejamos atrás el terreno de lo aspiracional para avanzar hacia una política pública con institucionalidad, recursos y capacidad de acción.

Hoy contamos con una política adoptada mediante el Decreto 270 del 17 de marzo de 2026, estructurada en torno a cinco ejes —justicia social, justicia ambiental, paz positiva, educación, ciencia y cultura, y fortalecimiento institucional— y sostenida en principios claros: es pacifista, porque no hay paz sin igualdad; es interseccional, porque reconoce que las desigualdades se cruzan y afectan de manera diferenciada; y es participativa, porque se construye de la mano de la sociedad civil.

Pero esta política no solo transforma lo que hacemos hacia afuera. También nos interpela hacia adentro.

Hemos avanzado en su institucionalización con la creación del Grupo Interno de Trabajo de Política Exterior Feminista y Asuntos de Género, respaldado por recursos específicos que nos permiten contar con un equipo técnico especializado. Asimismo, hemos comenzado a revisar nuestras propias prácticas: adoptamos el Protocolo de Prevención de Violencia por Razones de Género y, aunque su implementación debió adelantarse en 2025, hoy hemos iniciado su activación con jornadas de capacitación y nuevos mecanismos internos. Mi convicción es clara: las violencias basadas en género no serán toleradas en esta institución.

En esta misma línea, contamos con una línea base institucional que nos ha permitido identificar actitudes y prácticas que aún reproducen discriminación. No se trata de señalar, sino de transformar. Por ello, hemos impulsado procesos de formación en diversidad, inclusión, prevención del acoso y equidad de género, convencidos de que la coherencia empieza por casa.

Hacia el exterior, los avances son igualmente significativos. Hemos suscrito acuerdos de cooperación en política exterior feminista con países como México, Chile, Francia y Estados Unidos, e incorporado este enfoque en nuestras relaciones con Brasil y otros socios estratégicos. En el ámbito multilateral, Colombia ha asumido un rol de liderazgo: organizamos la Conferencia Internacional para la Prevención de la Violencia Sexual en los Conflictos, la séptima Conferencia Internacional sobre Planificación Familiar (ICFP), incidimos en eventos tan importantes como la COP16 y el Foro Mundial de Migración y Desarrollo con una agenda de género robusta.

Asimismo, hemos liderado con nuestras misiones y embajadas, y en articulación con entidades del orden nacional, agendas como la de mujeres, paz y seguridad, Cuidado y Cambio climático. De esta forma, nuestra política exterior y nacional aúnan esfuerzos para garantizar los derechos de las mujeres, las jóvenes, las niñas y la igualdad de género.

Asimismo, hemos impulsado proyectos regionales como el programa de cooperación en política exterior feminista con Chile y México, en alianza con la CEPAL y con el apoyo de Alemania. Este tipo de iniciativas demuestra que no estamos ante una política declarativa, sino ante una agenda que se traduce en acciones concretas y en cooperación efectiva.

Nada de esto ha sido sencillo. Siempre un esfuerzo colectivo y de la mano de la sociedad civil. Avanzamos en un contexto global donde los derechos de las mujeres enfrentan retrocesos y donde los discursos de odio ganan terreno.

Precisamente por eso, la decisión de Colombia es aún más relevante. Hemos optado por avanzar, por consolidar la igualdad como una política de Estado y por enviar un mensaje claro: no hay marcha atrás en la garantía de derechos.

La política exterior feminista no es un gesto simbólico. Es una declaración de principios y una hoja de ruta. Es el resultado de un esfuerzo colectivo y seguirá transformándose con la sociedad. Porque la igualdad no es un discurso: es una tarea permanente.