​​Catatumbo: en el corazón de la guerra en Colombia

El autobús llevaba casi cinco horas avanzando de bache en bache por una carretera destrozada. Dentro, el calor se acumulaba y el polvo se pegaba a la piel. De repente, el vehículo se detuvo en seco a las puertas de Tibú, la capital del Catatumbo, en el norte de Colombia. En cualquier otro lugar habría sido solo eso: una parada. En el Catatumbo, no.

Un guerrillero de civil, con un fusil viejo al hombro, se subió al vehículo. Se presentó como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), uno de los grupos armados de Colombia que recoge muerte allá donde planta su bandera.

—¿Qué hacen ustedes acá? ¿Extranjeros? —preguntó al reparar en algunas cabelleras rubias y pelirrojas.

—¿Comitiva humanitaria? —insistió, frunciendo el ceño al escuchar la respuesta.

Y se bajó del destartalado autocar.

Al mismo tiempo, un joven que venía en una moto se enfrentaba a la única camioneta blindada del convoy. Empuñaba su revólver plateado con un vaso de helado de mango colgándole de la boca.

—¡Bajen los vidrios! ¡Levanten las manos! —gritó con el mango ya desparramado por el suelo.

Pero los vidrios del blindado no se bajan.

La tensión se rebajó sin más explicación que la de un militar acercándose a menos de 30 metros. ¿Cómo unos y otros podían estar tan cerca? La pregunta empezó a flotar entre los que vieron la escena, hasta que en el autobús —y en la veintena de camionetas que le seguían— se instaló un nuevo temor: quedar en medio de un tiroteo.

Al final no hubo disparos. El episodio quedó en una anécdota, pero en el Catatumbo esto es el día a día. La rutina de un territorio donde nadie entra ni se va sin permiso, donde nadie es libre de hacer y decir lo que quiera. Desde hace más de un año y tres meses, salir de casa —e incluso quedarse en ella— implica el riesgo de quedar atrapado en mitad de una balacera.

Esta es también una guerra de movimiento: de caminos que no se pueden tomar, de pueblos de los que no se puede salir y de familias resignadas a quedarse quietas.

Catatumbo, uno de los mayores enclaves de cultivo de hoja de coca de Colombia, está inmerso en un conflicto que no ocupa muchos titulares internacionales. Para los vecinos de esta región fronteriza con Venezuela, la violencia no es nueva, pero desde el 16 de enero de 2025 escaló como no lo había hecho en décadas. Ese día asesinaron a un funerario de Tibú, a su mujer y a su bebé de solo unos meses.

Siguen corriendo teorías de por qué los mataron en el mismo vehículo fúnebre, pero tras esa masacre comenzó una disputa sangrienta entre el ELN y el Frente 33, un sector de las disidencias de las extintas FARC, los guerrilleros que no firmaron la paz en 2016. Y se desató la crisis humanitaria más grave que ha sufrido Colombia en 20 años.

Desde entonces, 99.000 vecinos, la inmensa mayoría campesinos, tuvieron que abandonar sus casas y sus cultivos, según la organización Vivamos Humanos. También ha habido más de 4.000 evacuaciones de emergencia, más de 170 homicidios de civiles y al menos 262 eventos violentos en 2025, lo que convirtió al Catatumbo en el punto más caliente del país.

El comercio se paralizó y la gente sigue con miedo de salir a trabajar o incluso de cultivar sus propias fincas. Cada día es más difícil ponerse a salvo. En lugares donde el internet solo llega por satélite y no hay un solo médico en kilómetros a la redonda, la guerra, en cambio, trajo sus propias innovaciones. Minas en los caminos. Drones con explosivos en el cielo. “Esto es una fábrica de víctimas”, lamenta César Ruiz, líder comunitario que representa a más de 12.000 vecinos.

No hay mucha ideología en esta batalla. Se matan por conquistar un territorio fértil en petróleo, carbón y cultivos de coca, y por controlar un corredor hacia Venezuela clave para la salida de la droga y el movimiento de los grupos armados. Es una guerra fratricida: muchos de los que se disparan se conocen de siempre. Son parientes, amigos o conocidos que acabaron en bandos distintos. Y sus víctimas, además de los guerrilleros, son los vecinos. Desplazados. Muertos. Mutilados. Espiados. Aterrorizados. Locos por marcharse de allí.

Las penosas carreteras del Catatumbo atraviesan barrios fantasma. El autobús pasa despacio entre fachadas cerradas, carteles de se vende y portones con una advertencia: “Ojo, minado”. De camino al Kilómetro 25, uno de los tres pueblos visitados por EL PAÍS, el bar Las Reinas del Norte perdió hasta la última botella y el polvo se ha ido posando sobre las mesas de billar de los porches. Nadie juega ya. Nadie se detiene. Los grafitis con las siglas de los guerrilleros marcan las casas vacías y la escuela, ese supuesto escudo contra los ataques, está muerta.

Tras los tejados de zinc está la selva y las montañas, el hábitat donde se esconden los guerrilleros y sus negocios.

Pero no todos pueden irse. O no saben adónde. Piden ayuda del Estado, que no siempre llega. Lucía, una campesina de 40 años, se registró como desplazada cuatro días después de que estallara la guerra y, desde entonces, espera. En todo el Norte de Santander, el departamento donde se encuentra el Catatumbo, hay 421.607 personas registradas como víctimas, sobre todo por homicidio, amenaza y desplazamiento forzado. “Eso ha sido una lentitud tan tremenda… No hay ayudas, no hay ingresos. Y en el pueblo no hay de qué vivir”, lamenta bajo la condición de no revelar su verdadero nombre. Lleva más de un año sin dormir en su finca: “Eso por la noche suena a pólvora”.

El Kilómetro 25 recibe al visitante con la bandera rojinegra del ELN, antaño una guerrilla que combinaba la doctrina marxista-leninista con la teología de la liberación. Hoy ya no se sabe en qué cree. Los niños con el pelo rubio platino llaman la atención en este pueblo de mestizos e indígenas. Son la herencia del petróleo, que en los años 20 trajo empresas norteamericanas, pozos, divisas, colonos y el intento de exterminio del pueblo indígena barí. Aquí la gente vive en jaulas al aire libre. No salen ni para dar a luz. Hay bebés que han cumplido tres meses sin que sus padres los hayan registrado. Para hacerlo hay que salir a la carretera.

Más de 30.000 personas han vivido confinadas en algún momento de esta crisis y más de 600 seguían así cuando EL PAÍS recorrió la zona.

Aun así, quedan quienes no se van. No porque no tengan miedo, sino porque irse también implica perderlo todo. Los hay que se quedan por convicción, como forma de resistencia. Roberto, un líder comunitario de 30 años y padre de dos hijos pequeños, asegura que marcharse sería abandonar todo lo que han construido durante años. “No es fácil uno dejar las cositas atrás: las fincas, los animales, lo que uno ha conseguido con mucho esfuerzo”, asegura bajo condición de anonimato.

Elkin Robles, otro de los líderes que resisten en el territorio, lleva ocho meses sin ver a su mamá y a su hermano, aunque viven relativamente cerca. No hay una prohibición explícita, pero tiene miedo. “No es que no quiera ir, pero hay una sensación constante de riesgo”, justifica. “Hay pueblos que parecen de otro país… tipo Irak, todos destruidos, pero es Colombia y es mi Catatumbo”, lamenta Robles, de 38 años. “Aun así, no me voy a ir”, advierte. “Quedarse es la verdadera revolución”.

El problema, dice Robles, es que no es solo la guerra. “Aquí lo que hace falta es inversión social. Siempre hemos estado abandonados”, señala.

“Nos escucharon, sí, pero ¿qué han hecho después?”, cuestiona Paulo Téllez, ante sus vecinos en un campamento en el que viven 180 desplazados —incluidos cerca de 60 niños—. Sus provisionales casas, construidas con lona y tablones de madera a orillas de un afluente del río Tibú, empiezan a parecer permanentes.

La ausencia total del Estado empieza por las carreteras, que no se han arreglado desde que las construyeron. No hay agua potable y en muchos sitios se tira de la cadena con un balde de agua. Los niños ni siquiera reciben su primera vacuna. Hay más uniformados que médicos. La nueva generación estudia como puede, pero sus mayores la dan por perdida. “¿Qué van a hacer aquí por muchos títulos que tengan?”, cuestionan.

Las 20 camionetas de la comitiva humanitaria, liderada por Vivamos Humanos, llegaron en fila con banderas blancas ondeando en las ventanillas y, en cuestión de minutos, se formó una cola. Madres con bebés en brazos, campesinos con papeles arrugados, padres que preguntaban en voz baja qué tenían que hacer para evitar que recluten a sus hijos.

Más de 20 instituciones, desde la Presidencia hasta el Ministerio de Salud, intentaban recuperar los meses —los años— de ausencia. Aquí el Estado aparece de golpe y por unas horas.

Entre los que esperan hay una familia que viene con prisa. Se dan diez días para marcharse. El ELN ha intentado llevarse a su hijo de 17 años demasiadas veces. Primero le ofrecieron un salario. Luego, una guerrillera lo enamoró, lo quiso convencer. Lo próximo, dicen, será por la fuerza. No quieren esperar a comprobarlo.

“La mayor preocupación es que los niños no deben estar en medio de este conflicto”, dice María Alejandra Quintero, una de las directivas de Madres del Catatumbo. El reclutamiento opera más allá de la fuerza. “Trabajan la parte sentimental para manejarlos y que les sean leales”. Desde que empezó la guerra, han visto cómo esa estrategia se repite con 70 niños cooptados en el último año. “Necesitan ingresar más personas… menores, adultos, gente vulnerable…”.

En la región, el lema de esta organización de mujeres amenazadas es un recordatorio en un lugar sin ley: “No parimos hijos para la guerra”.

Al atardecer del miércoles en Tibu sonó una fuerte explosión. Todos los pájaros de la ciudad levantaron el vuelo. Después, otra. Eran bombas de mortero lanzadas desde un batallón, intentando frenar una columna de guerrilleros. Las mismas que han caído en las fincas de varios campesinos, destrozándolo todo.

Durante unos segundos solo se oyeron los gritos de los pájaros huyendo. El pueblo, de unos 70.000 habitantes dispersos entre la ciudad y las zonas rurales, guardó silencio.

Antes de salir del Catatumbo, cuatro días después de aquel retén, alguien llamó para preguntar cómo volvíamos a casa.

—¿Por tierra o en avión?

La advertencia llegó sin escuchar la respuesta.

—No vayan por tierra. Están pegándose tiros.