La muerte política de las FARC: una tragedia anunciada para la paz de Colombia

Las elecciones legislativas del 8 de marzo dejaron un resultado que, aunque previsible, no por ello deja de ser profundamente preocupante: el partido Comunes —la expresión política de la antigua guerrilla de las FARC— no alcanzó el umbral del 3% necesario para conservar su personería jurídica, perdiendo toda representación en el Congreso. Después de más de medio siglo de intentar, sin éxito, transformar a Colombia por la vía armada, los excombatientes tampoco lograron hacerlo por la vía democrática. La que fuera la guerrilla más antigua y poderosa del continente murió, de facto, como partido político.

Esta es una pésima noticia para la paz de Colombia. Y lo es por razones que van más allá de las simpatías o antipatías que genere el proyecto político de los exguerrilleros. Para entender por qué, conviene mirar la historia larga del país, una historia que he estudiado con mi amigo Leopoldo Fergusson y que revela un patrón recurrente y trágico: cada vez que Colombia ha cerrado las puertas de la participación política a grupos significativos de la sociedad, la violencia ha encontrado el camino de regreso.

Colombia es un caso atípico en América Latina. Ha sido, simultáneamente, uno de los países más democráticos de la región y uno de los más violentos. Esta paradoja —democracia y violencia conviviendo durante 200 años— desafía la sabiduría convencional que ve en la democracia un antídoto contra el conflicto. ¿Por qué no lo ha sido en Colombia? La respuesta tiene que ver con las condiciones bajo las cuales las reformas democráticas logran, o no, pacificar una sociedad.

La historia es instructiva. A mediados del siglo XIX, Colombia fue pionera mundial en otorgar el sufragio universal masculino con la Constitución de 1853. La reforma funcionó: redujo significativamente los enfrentamientos políticos violentos en los municipios donde más creció el número de votantes. Pero una década después, las élites locales aprovecharon el federalismo para restringir nuevamente el voto, y la violencia regresó. A comienzos del siglo XX, tras la devastadora Guerra de los Mil Días, un mecanismo de reparto del poder entre liberales y conservadores —el “voto incompleto”— trajo medio siglo de paz. Pero cuando las condiciones políticas cambiaron y el reparto se volvió obsoleto, la violencia volvió a estallar con La Violencia de mediados de siglo.

El patrón se repite con variaciones, pero el mecanismo subyacente es consistente: los arreglos institucionales que excluyen a grupos relevantes de la sociedad son inherentemente frágiles. El Frente Nacional de 1958, que terminó La Violencia repartiendo el poder entre liberales y conservadores, excluyó explícitamente a todas las demás fuerzas políticas. Esto plantó la semilla del conflicto armado que marcaría la segunda mitad del siglo XX: las guerrillas nacieron, en buena medida, porque el sistema político les cerró la puerta.

Cuando en los años ochenta Colombia intentó corregir este error mediante la elección popular de alcaldes y gobernadores, las élites tradicionales respondieron con violencia. Nuestra investigación muestra que cuando un candidato de izquierda ganaba una alcaldía por un margen estrecho, los ataques paramilitares se triplicaban durante el período de gobierno subsiguiente. La respuesta violenta se concentraba hacia el final del mandato, consistente con el objetivo de impedir que la izquierda retuviera el poder local. El caso más dramático fue el de la Unión Patriótica, el partido político fundado por las FARC como parte de las negociaciones de paz de los años ochenta: tras obtener resultados electorales sin precedentes, sus miembros fueron sistemáticamente asesinados. Más de 500 militantes activos fueron asesinados entre 1986 y 1988, incluyendo congresistas, concejales y su candidato presidencial.

Este es el contexto histórico que hace tan preocupante la desaparición de Comunes del Congreso. El acuerdo de paz de 2016 reconoció explícitamente que una de las raíces del conflicto era la exclusión política. Por eso garantizó diez curules transitorias —cinco en Senado y cinco en Cámara— durante dos períodos legislativos para facilitar la transición de las armas a la política. La idea era que, en esos ocho años, los excombatientes construyeran una base electoral propia y se consolidaran como fuerza política legítima.

Eso no sucedió. Las razones son múltiples: el estigma de la guerra, que en un país con más de 96.000 homicidios y 20.000 secuestros atribuidos a las FARC no se borra fácilmente; un desempeño legislativo pobre que no logró convencer a la ciudadanía; la fragmentación de la izquierda colombiana, que compitió por los mismos votos; y una implementación del acuerdo de paz que ha sido, en el mejor de los casos, lenta. Pero que las razones sean comprensibles no hace que el resultado sea menos peligroso.

Porque lo que la historia colombiana enseña con claridad meridiana es que la exclusión política —sea formal o de hecho— alimenta la violencia. Y el mensaje que reciben hoy los excombatientes y, quizás más importante, quienes aún permanecen en armas, es que la vía democrática no es viable. Que después de entregar las armas, someterse a la justicia transicional y aceptar condenas por crímenes atroces, el sistema político colombiano los expulsa. Esto no justifica un regreso a la violencia, pero sí socava el argumento más poderoso a favor de la paz: que la política es un sustituto eficaz de la guerra.

Además, la desaparición política de Comunes se inscribe en un contexto más amplio de debilidad institucional. Como hemos argumentado, la democracia solo reduce el conflicto cuando el entorno institucional es lo suficientemente fuerte para garantizar que las reformas se traduzcan en inclusión real. Colombia sigue siendo un país donde las élites tradicionales tienen una capacidad desproporcionada de capturar las instituciones del Estado, donde 487 firmantes de paz han sido asesinados desde 2016, y donde las disidencias armadas han llenado los vacíos dejados por la implementación incompleta del acuerdo.

No se trata de romantizar a las FARC ni de ignorar las atrocidades que cometieron. Se trata de reconocer que un acuerdo de paz que no logra integrar políticamente a quienes dejaron las armas es un acuerdo que se debilita peligrosamente. La paz en Colombia necesita tres ingredientes que hemos identificado en nuestro trabajo académico: un compromiso creíble de redistribución, mecanismos institucionalizados y no personalistas de reparto del poder, y un equilibrio institucional que funcione. La muerte política de Comunes sugiere que Colombia sigue fallando en los tres.

El país se encuentra ante una encrucijada conocida. La exclusión política de grupos significativos ha sido, una y otra vez, el preludio de la violencia en Colombia. Que esta vez la exclusión sea resultado de las urnas y no de un decreto no cambia el resultado práctico: un grupo que abandonó las armas por la promesa de participación política se encuentra ahora sin voz institucional. La pregunta no es si los colombianos tenían derecho a no votar por Comunes —por supuesto que sí—. La pregunta es qué hará el Estado colombiano para evitar que la historia, una vez más, se repita.