Entre la inclusión y el control: el debate sobre el nuevo registro de habitantes de calle en Bogotá

Bogotá busca darle la vuelta a su política para habitantes de calle. La Alcaldía publicó para comentarios un decreto con el que crea un registro administrativo, una herramienta estadística que complementará los censos periódicos que realiza (el último en 2024), al integrar la información producida por los hospitales, los servicios sociales, la Policía y varias entidades distritales. Con esa base, pretende diseñar políticas públicas más precisas, focalizar mejor los recursos y ofrecer rutas de atención personalizadas. Investigadoras del tema en Colombia y América Latina coinciden en que puede ser una oportunidad de mejora, pero advierten de los riesgos si no se implementa con garantías de protección.

El secretario de Inclusión Social, Roberto Angulo, explica que Bogotá ha trabajado con bases de datos que “no hablaban entre sí”. La información producida por entidades como la suya, Medicina Legal o la Policía permanece fragmentada, impidiendo un seguimiento individual. Eso se suma al modelo centrado en internar a los habitantes de calle para “que la gente no los vea”, como dice el secretario, limita las políticas para atender a esa población, que se han centrado en internarlos de forma prolongada en centros de rehabilitación.

El nuevo registro, explica Angulo, se alimentará de los datos que se generan cuando un habitante de calle hace uso de un servicio público como una atención en salud, y los cruzará con la información de los censos y la que resulte de los abordajes en la calle. Con ello, buscan que permita identificar tanto a quienes acceden a programas sociales como a quienes permanecen fuera de ellos. “El censo sigue siendo clave para tomar la foto general”, enfatiza el economista. Según el censo de 2024, si bien seis de cada diez habitantes de calle conocen los servicios que ofrece el Distrito, apenas 4 de cada 10 los utilizan. Del 60% que no los usa, algo más de la mitad dice que no lo hace porque “no le gustan”. Con el registro, esperan diseñar rutas diferenciadas para cada perfil: una cosa son las personas con fuerte desarraigo familiar, otras las que tienen un consumo problemático de drogas, otras más las que sufren de problemas de salud mental. La apuesta es pasar de un modo único de atención a un “ecosistema de servicios”.

Para Jaqueline Torres, socióloga y miembro del Comité Operativo Distrital de Habitabilidad en Calle, el registro permanente puede ser positivo si realmente se usa para reformular el abordaje. “Históricamente, Bogotá ha tenido una política fundamentada en el prejuicio y el estigma”, reprocha sobre una mirada que parte del enfoque de rehabilitación por consumo problemático de sustancias y no desde uno de derechos humanos. Eso, explica, ha derivado en intervenciones enfocadas en la supuesta seguridad del resto de la ciudadanía y en el control del habitante de calle, en vez de una búsqueda de la inclusión social. Eso, asegura, ha reforzado la violencia institucional y social contra esa población y los “imaginarios de peligrosidad” que la asocian al delito.

La experta señala que el registro refleja una mirada que reconoce a los habitantes de calle como sujetos de derechos, que lleva décadas en tensión con la “histórica estigmatización y criminalización”. Pero señala que el Distrito ha llevado a cabo múltiples ejercicios de referenciación desde los 90 que “no se han utilizado como base real para diseñar y evaluar políticas públicas”. Para Torres, un sistema de información actualizado podría ayudar a corregir el rumbo si incorporan variables, como la violencia sistemática que enfrentan los habitantes de calle: abusos policiales, homicidios de bandas criminales o agresiones de comerciantes y vecinos.

La investigadora mexicana Jennyfer Quintero, quien ha estudiado experiencias similares en América Latina, también ve el registro como una “oportunidad”. Señala que el decreto plantea mejorar la focalización del gasto social y fortalecer el seguimiento de trayectorias individuales (que, insiste, deben abordarse como historias humanas en cambio y vulnerabilidad constante y no solo como cifras). Eso permitiría agrupar casos por tipologías y diseñar programas más efectivos, como los implementados en vivienda en Chile o Sao Paulo. Bien aplicado, continúa, podría también ayudar a reconstruir la confianza de una población históricamente marginada.

Eso, sin embargo, exige un compromiso permanente con la actualización y depuración de los datos. El decreto ordena a la Secretaría de Integración Social fijar los mecanismos técnicos de operación, pero deja otros detalles para un documento posterior. “En São Paulo la limpieza se hacía cada cuatro años y eso generó inconsistencias entre los registros y los censos, lo que minó la credibilidad”, recuerda Quintero, que le suma a esa advertencia los riesgos de sesgos en la recolección de información, a cargo de la Secretaría. La experta remarca la necesidad de capacitar a los funcionarios para evitar discriminación por género, identidad sexual o nivel educativo, y para adaptar las estrategias a personas que no saben leer o tienen dificultades cognitivas.

Para Omar Rodríguez, profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, el éxito del registro finalmente dependerá de su uso. Para ello, son claves las organizaciones sociales que trabajan con esta población. “Hay que divulgarlo, presentarlo y hacer campañas de formación sobre cómo usarlo”, sostiene.

Angulo, por su parte, reconoce las falencias históricas de la política pública en una ciudad, que cuenta con albergues y comedores, “pero no con un ejercicio de transformación de proyectos de vida. No ha habido un esfuerzo por la inclusión”. Cuestiona el supuesto de que vivir en calle es una elección y asegura que la nueva política parte de que es prevenible, porque responde a fallas en los sistemas de protección social. Los tres investigadores consultados coinciden en que, más allá del registro, lo fundamental es abandonar la discriminación y los imaginarios de peligrosidad asociados a los habitantes de calle.