Medicina Legal confirma la muerte de cuatro menores de edad por los enfrentamientos entre disidencias en Guaviare

El Instituto Nacional de Medicina Legal ha confirmado este miércoles que cuatro menores de edad, un hombre y tres mujeres, están dentro de las víctimas mortales del enfrentamiento entre disidencias de las extintas FARC en el departamento del Guaviare. El combate, que ocurrió el viernes pasado en zona rural del municipio de El Retorno, dejó al menos a 26 combatientes fallecidos, de los cuales 24 ya han sido identificados, según la autoridad forense. Los grupos implicados son el Estado Mayor Central, al mando de Iván Mordisco, víctima del ataque, y el Estado Mayor de Bloques y Frente, que responde a Calarcá Córdoba, que cometió la agresión. Los dos grupos se enfrentan por las economías ilícitas de la Amazonia.

Una denuncia del Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) ya había advertido que varias de las víctimas del enfrentamiento más atroz que se ha registrado este año en Guaviare eran menores de edad, indígenas Nasa, oriundos del departamento del Cauca, a centenares de kilómetros de distancia. En un comunicado que ha publicado la organización, señalan que “una vez más son nuestros niños y niñas quienes pagan las consecuencias de una guerra que no les pertenece”. Se trata de una nueva denuncia de reclutamiento forzado en el suroccidente del país y de una prueba de que los grupos ilegales trasladan a los menores víctimas de ese delito a otras regiones, donde tienen menos opciones de huir.

La Defensoría del Pueblo, que ha emitido al menos tres alertas tempranas sobre el conflicto en la Amazonia, había advertido “graves riesgos para la población civil” de estos municipios por los nuevos focos de violencia. Además, alertó sobre el riesgo por el incremento del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en medio de la disputa armada. De hecho, el Ejército no descartaba que al menos uno de los fallecidos fuera civil, pero sobre ello no se ha pronunciado Medicina Legal.

La confrontación actual se explica, en parte, por la ruptura interna que se produjo a mediados de 2024 en el Estado Mayor Central, una de las grandes sombrillas de las disidencias de las extintas FARC. Las diferencias entre Iván Mordisco y Calarcá Córdoba, dos antiguos guerrilleros que no firmaron la paz en 2016, giran alrededor de sus desacuerdos sobre el manejo de los diálogos con el Gobierno, que aún mantiene el segundo, y de su puja por el control de las economías ilícitas en el sur del país. Mientras Mordisco rechazó los acercamientos con el Ejecutivo y mantuvo una línea de confrontación armada, Calarcá conformó el llamado Estado Mayor de Bloques y Frente, con el que decidió avanzar en una negociación propia, fractura que derivó en enfrentamientos entre ambas facciones en varios territorios.

Desde comienzos de 2025, esa confrontación se ha intensificado en varios puntos de la Amazonia colombiana, especialmente en Guaviare, Caquetá y sectores del Meta. Las autoridades atribuyen esta escalada a la disputa por el control de corredores estratégicos para el narcotráfico, la explotación ilegal de madera y las rutas de movilidad hacia la frontera amazónica. Mientras tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha advertido sobre el aumento de hostilidades en zonas donde la población civil queda atrapada entre los actores armados.

Pese a este escenario, el Gobierno mantiene una mesa de negociación con el grupo que responde a Calarcá Córdoba en el marco de la política de paz total. Es uno de los diálogos más avanzados, en el que se han firmado acuerdos parciales en materia de cese de acciones ofensivas y compromisos humanitarios. No obstante, el Gobierno ha reiterado que la continuidad del proceso está condicionada al cumplimiento de estos compromisos en el territorio, algo difícil cuando ese grupo mantiene una guerra frente a sus antiguos aliados, que además denunciaron que las muertes en el Guaviare se debieron a envenenamientos y asesinatos.