La puerta de entrada a la Amazonia colombiana, asfixiada entre la deforestación y la inseguridad

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Desde el aire, la carretera que comunica a Calamar con Miraflores, en el departamento de Guaviare, aparece como una cicatriz en la tierra. Alrededor de este camino no pavimentado, que empezó a abrirse ilegalmente en la década de los setenta por cocaleros, se percibe cómo se ha perdido el bosque: la intensidad del verdor baja progresivamente. Más al noreste, sobre los límites del resguardo indígena Nukak Maku, la densidad de los árboles apretados a lo lejos contrasta con algunos parches de cultivos de coca. Y durante casi todo el sobrevuelo que dura hora y media, la sensación es la de estar por encima de una maqueta en donde las líneas fueron trazadas con precisión. Priman los potreros para la ganadería, aunque por la distancia y los números, las vacas sean casi efímeras.

Al Guaviare, uno de los seis departamentos amazónicos de Colombia, lo sigue acechando la deforestación. “Siempre hemos tenido una vocación equivocada hacia la ganadería”, dice Willy Alejandro Rodríguez Rojas, alcalde municipal de San José del Guaviare, del partido Nuevo Liberalismo. La ganadería extensiva, el acaparamiento de terrenos baldíos, la siembra de cultivos y las vías ilegales han sido una constante en el departamento, aunque con ciertas fluctuaciones. Este año, sin embargo, el acentuamiento de los problemas de seguridad pública llevó al medioambiente a un segundo plano. “Si no somos capaces de hacer un llamado a la preservación de la vida, mucho menos se puede a la de nuestros bosques”, comenta durante un encuentro liderado por la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI) en San José del Guaviare.

A principios de noviembre, la casa del alcalde de Calamar, Farid Camilo Castañeda, del municipio vecino, fue atacada con drones y, semanas después, se confirmó que siete menores murieron por un bombardeo de las Fuerzas Militares contra las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco, también en Calamar. A lo largo de 2025, la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre desapariciones, reclutamiento forzado y confinamientos en todo el departamento. En agosto, secuestraron allí a 34 militares y, en julio, le dispararon al periodista Gustavo Chicangana. “Estábamos acostumbrados a la presencia de un grupo irregular”, agrega el alcalde Rodríguez. “Pero hoy hay grupos de grupos. Hay disputa por el territorio para ejercer la extorsión, el tráfico y la hoja de coca. Y la comunidad está ahí de por medio”.

Primeras alertas

“Cuando los colonos llegaron a Guaviare y vieron las sabanas naturales, creyeron que era lo mismo que el Meta”, dice Julio Roberto del Cairo, coordinador de la Corporación para la Investigación, el Desarrollo Agropecuario y Ambiental (CINDAP). “Y se olvidó por un tiempo que se trataba de la Amazonia”. Los primeros lo hicieron en los años 20, impulsados por el mismo Gobierno colombiano que, en ese entonces, buscaba poblar la región. Trataron la tierra como si fuera la misma del llano: con ganadería y agricultura. Fueron comiéndose la selva.

Pero en los últimos años, la deforestación en el departamento, cubierto en un 85% de bosque, tiene patrones asociados al conflicto, al igual que otras zonas del país. Tras un máximo de casi 45.000 hectáreas taladas en 2018 tras el Acuerdo de Paz firmado con la ex guerrilla de las FARC, la cifra se logró contener para 2023, cuando se redujo en un 27%, según datos oficiales dados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Ante la crisis de seguridad y el cambio climático, que hace las sequías más intensas, hay inquietud por lo que viene.

En el primer boletín de alertas tempranas de deforestación de 2025 —de enero a marzo —, cuatro de los 18 núcleos de alerta temprana a nivel nacional se identificaron en Guaviare: Yaguará II, Calamar-Miraflores, San José del Guaviare-Kuway-Nueva York, y El Retorno. “Durante ese primer trimestre tuvimos un verano fuerte”, recuerda Felipe Esponda, director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA). En febrero es cuando más se quema y, en casi todos los casos, se notificaron expansiones de trochas a principios del año. El reporte, por ejemplo, habla de “la expansión de la infraestructura de transporte no planificada desde la vía Marginal de la Selva y una trocha sobre el límite norte del resguardo Llanos del Yarí-Yaguara II”, para el primer núcleo del Guaviare.

Para el segundo semestre de 2025, el panorama dio mejores señales. En general, las alertas de deforestación en la Amazonia de Colombia se redujeron un 16% entre abril y junio de 2025 si se comparan con las de 2024. Y, en Guaviare, según Esponda, el agua volvió e, incluso, lograron tener los afluentes hídricos a tope, “como no sucedía hace 20 años”. Sin embargo, para el departamento, entre abril y junio se reportaron 167 hectáreas deforestadas más que en ese mismo trimestre en 2024.

Sobre los últimos meses del año aún no hay reportes oficiales, pero el director de la CDA mantiene la confianza. A pesar de que la deforestación continua, dice, “no se han vuelto a superar las 20.000 o 30.000 hectáreas” taladas a las que alguna vez se llegó.

Pagar por el bosque en pie

El Gobierno de Gustavo Petro trajo muchos cambios en el lenguaje. Entre esos, está el de darles el nombre de núcleos de desarrollo forestal y biodiversidad a las zonas que antes se conocieron como núcleos de deforestación por ser las áreas de mayor presión. La idea es que allí a las personas no solo se les pague por mantener la selva en pie —un programa a cargo del Ministerio de Ambiente—, sino que se desarrollen proyectos de reconversión productiva, manejo forestal sostenible y reforestación, entre otros, por parte de diferentes entidades ambientales. De los 28 núcleos que hay en Colombia, 22 están en la Amazonia y, ocho, en Guaviare.

En algunos casos, el avance ha sido complejo. La CDA, cuenta Esponda, tiene a su cargo los núcleos de Manavires y Angoletas, pero no “se ha podido avanzar mucho porque el mismo tema del orden público no lo permite”. En estas semanas, de hecho, están realizando las últimas mesas de gobernanza con involucrados en los núcleos para acordar cómo entrar con los proyectos. También comenta que los retrasos en el pago de 900.000 pesos colombianos mensuales (240 dólares) que el Ministerio de Ambiente les da a quienes deciden no deforestar a través del programa Conservar Paga, han generado desconfianza y desanimo entre los campesinos. “La comunidad a veces no entiende que no es nuestra potestad decir cuándo se paga. Nosotros, como CDA, verificamos en terreno la información que nos reporta el IDEAM para confirmar si hay deforestación o no”, aclara. “Pero ya es el Ministerio el que decide cuándo hacer el pago”, agrega. Actualmente, advierte, hay retrasos de hasta nueve meses o más en el programa para Guaviare, del que hacen parte 1.450 usuarios.

Ante otros núcleos, el relato es más favorable. El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) está a cargo de tres núcleos en Guaviare (Charras-Boquerón, Kuwait-New York-Cristalina y Miraflores) y su subdirector Científico y Tecnológico, Jaime Barrera García, cuenta que ya están trabajando con 1.113 familias. “Se está apoyando en procesos de restauración productiva basada en especies de la región, en la transformación a un modelo más agroecológico y en un manejo forestal sostenible”, comenta. También están haciendo un diplomado junto a la Universidad Javeriana para que 49 personas se conviertan en lo que llaman “extensionistas forestales”: personas locales con conocimientos en manejo forestal, restauración o rehabilitación que puedan diseminar lo que aprendieron.

Sobre el retraso en los pagos a los beneficiarios, Barrera dice que sí vieron que esa “inestabilidad generó inconformidad en el territorio”, pero que, en el caso de los tres núcleos en los que tiene presencia el Sinchi, ya se reanudaron los pagos incluyendo su retroactividad. “Estamos en el momento más alto de la ejecución de los programas y hay un compromiso muy grande de las comunidades”. El Ministerio de Ambiente fue consultado por América Futura sobre las razones y porcentajes del retraso de desembolsos de Conservar Paga en Guaviare, pero no recibió respuesta.

En octubre, sin embargo, la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres, anunció la extensión del programa. “Con esta ampliación, buscamos que a diciembre de 2026 tengamos al menos 9.000 acuerdos de conservación suscritos con las familias, cubriendo cerca de 350.000 hectáreas de bosque tropical”, afirmó. Tras un año de implementación, dijo, “se evidencia una efectividad del 98% en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las familias”.