Miles de contratos a dedo y cientos de despidos empañan la promesa de formalización laboral de Petro

Los despidos masivos y sin justa causa en las entidades del Estado y el auge de la contratación a dedo y por prestación de servicios en los ministerios han empañado la promesa de formalización laboral del Gobierno de Gustavo Petro. Esas dos formas de vulnerar los derechos de los trabajadores públicos se han agudizado a pocos días de que entre en vigencia la ley de garantías electorales que impide vincular o despedir personas a partir del 31 de enero, con el propósito de evitar que se use la contratación estatal para el beneficio de los candidatos. Una contradicción para el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia.

Solo esta semana, Nhora Mondragón, la nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, ordenó el despido de al menos 30 empleados. La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, reconoció que en los últimos días declaró insubsistentes a cerca de 120 funcionarios. También ha habido despidos en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y en la Unidad Nacional de Protección. Algunas de las personas que perdieron su trabajo llevaban años vinculadas a las entidades y otras tenían protección sindical y estabilidad laboral reforzada.

En paralelo, el Gobierno contrató miles de personas para distintas instituciones del Estado. En Colpensiones, por ejemplo, los sindicatos denunciaron que la contratación de 800 personas a dedo, a través de una empresa de tercerización laboral, es para favorecer intereses políticos del director de la entidad, el político de izquierda Jaime Dussán. “El proceso de selección en Colpensiones es un fraude, la administración de Dussán sin sonrojarse manipula quien ingresa a la planta. Hoy denunciamos: clientelismo, cuotas políticas, presión electoral y cargos entregados como favores. Eso no es mérito. Eso no es transparencia”, aseguran los representantes del sindicato. En la Unidad para la Reparación de Víctimas también se vincularon este mes 440 personas por contratos de prestación de servicios. En el Ministerio del Trabajo, dirigido por el exsenador Antonio Sanguino, se creó esta semana una planta temporal de 1.141 cargos.

Los nuevos cargos, los despidos y la informalidad laboral no son un problema de esta semana. El candidato a la Cámara de Representantes por el Nuevo Liberalismo en Bogotá, José David Castellanos, denunció que durante el Gobierno Petro se han creado más de 7.000 nuevos puestos por prestación de servicios, solo en los ministerios. “En solo tres años, la contratación de servicios pasó de 11.851 a 18.685 contratos, lo que significa más de 7.000 nuevos puestos nombrados a dedo”, aseguró Castellanos. El político afirma que estas contrataciones se han dado mientras “el país enfrenta una crisis fiscal, social y de endeudamiento”.

De acuerdo con la investigación, el auge desproporcionado de estos contratos significa un aumento de más de siete billones de pesos en el gasto público, de $12,1 billones en 2022 a $19,3 billones en 2025. “Esto configura una nómina paralela que opera a espaldas de los colombianos y presiona gravemente las finanzas públicas”. Castellanos afirma, además, que una parte del dinero se dirigió a empresas contratistas del Estado. “Esta suma es casi la mitad de los $16 billones de pesos que estaban solicitando en la reciente reforma tributaria”.

Entre los casos más críticos, según la denuncia, está el Ministerio de Salud, en el que la nómina creció un 154 %. Un contrato con la veterinaria Vecol llama la atención por su alto monto. Según el SECOP, el contrato firmado el 30 de diciembre de 2025 es por $956,764,192,641, cerca de un billón de pesos, y tiene como propósito “desarrollar, recuperar y consolidar las capacidades técnicas, científicas, institucionales e industriales en investigación, desarrollo y producción nacional de inmunobiológicos en Colombia”.

En el ministerio de Agricultura el aumento fue de 127 %, en el de Ambiente 117 % y en el de Trabajo 285 %. “Por su parte, en el Ministerio de Cultura el incremento fue de 1.985 % desde 2022. Todo esto de acuerdo a los datos reportados en la base integrada de Secop I y II”. dice Castellanos. “Este crecimiento del gasto se ha sostenido endeudando al país, agotando ahorros y comprometiendo vigencias futuras”.

El exconcejal de Bogotá asegura, además, que en comparación con el Gobierno de Iván Duque, los contratos son de menor duración. Antes, el 45% tenía un plazo de nueve meses o más, una cifra que ha caído al 34,5 %. Al mismo tiempo, se dispararon los contratos de corta duración: los de cuatro meses o menos pasaron del 30 % al 37 %, y los de cinco a ocho meses aumentaron del 25 % al 28,5 %. “En la práctica, el Gobierno Petro reemplazó contratos estables por contratos temporales. Hay más rotación, más incertidumbre y más personas trabajando contrarreloj. Hay mucho discurso y menos estabilidad laboral”, concluyó Castellanos.

Estas cifras contrastan con las promesas del presidente, quien en 2022 aseguró que acabaría con los contratos de prestación de servicios en el Estado. “Esa forma de contratación debe pasar a la historia. Encubre una relación laboral, de manera mentirosa, solo para sobreexplotar a los trabajadores”, dijo en un discurso después de llegar al poder. Tres años después, y a pocos meses de terminar su mandato, las OPS, como se les conoce en Colombia, se han multiplicado. Aunque es legal contratar a una persona por prestación de servicios, los jueces han indicado que solo se puede usar en ciertas condiciones, y los expertos indican que es una modalidad que afecta los derechos laborales porque los contratistas no tienen vacaciones remuneradas, no reciben cesantías o ni primas, y deben asumir todos los costos de su seguridad social.