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La familia colombiana que denunció a Lucas Hernández, jugador del PSG, por trata de personas: “Nos explotaban por ser migrantes”

Los denunciantes hablan con EL PAÍS sobre el caso que involucra al defensa francés y a su pareja, Victoria Triay, para los que trabajaron durante más de un año en Francia sin un contrato formal

Lucas Hernandez del Paris Saint-Germain FC

Una familia colombiana ha puesto en el ojo del huracán al jugador del Paris Saint-Germain Lucas Hernández y a su mujer, Victoria Triay, tras denunciarlos por los presuntos delitos de trata de personas y trabajo no declarado, según adelantó la revista francesa Paris Match. Beatriz —que prefiere no revelar su nombre real—, sus padres y dos de sus hermanos trabajaron para la pareja en su casa de las afueras de París entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, haciendo todo tipo de tareas: desde el cuidado de menores y la limpieza hasta la seguridad. “Traje a toda mi familia a Francia porque nos prometieron que nos ayudarían a sacar los papeles si trabajábamos para ellos. No fue así. Ahora sabemos que nos estaban explotando, haciéndonos trabajar por más horas de las permitidas y con sueldos muy bajos, por ser migrantes y vulnerables”, cuenta Beatriz en una conversación telefónica con EL PAÍS.

Beatriz, una bogotana de 27 años, conoció a Triay en Colombia hace varios años. “Fue a hacerse una cirugía estética y yo fui su enfermera. Guardó mi contacto y me dijo que le gustaría que trabajara con ella”, relata. A mediados de 2024, recibió su llamada: le dijo que necesitaba una niñera para cuidar de su hija, pues había comenzado una relación con un futbolista famoso y estaría mucho tiempo viajando. Beatriz, que se encontraba en España, sin visa de trabajo y con estatus irregular, no lo pensó dos veces. De paso, se llevó a su familia.

“Mi hermano y mi padre se encargaban de la seguridad. Uno hacía el día y recibía los pedidos y estaba pendiente de los perros; el otro estaba de noche, y estaba pendiente de la casa y atender a la pareja cuando llegaba de fiesta o de un partido”, cuenta Beatriz. Su madre hacía el aseo en la casa y ella cuidaba de la niña. Su otro hermano, menor de edad, hacía los recados. El salario de Beatriz era de 2.000 euros mensuales, pese a que, según su relato, trabajaba casi las 24 horas del día y en algunas semanas no tenía día de descanso. Su madre y su hermano mayor ganaban igual que ella; su padre, 3.000 euros.

“Todo ese tiempo nos pagaron sin haber firmado nunca un contrato. No teníamos acceso a la sanidad pública y por eso ni enfermarnos podíamos. Solo un año después nos hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad, pero nada más”, asegura la denunciante. Según Beatriz, la pareja les dio a ella y a su familia documentos españoles de identidad falsos, con el fin de aparentar que sus papeles estaban en camino.

La ruptura definitiva llegó a fines de 2025. Beatriz comenta que Triay comenzó a exigirle pasar cada vez más tiempo con ella y las tensiones en la casa ya eran innegables. “El chef de la casa no respetaba a mi familia. Se lo dije, y ella me respondió que la tenía harta y que me buscara otro trabajo. El último día me dijo: ‘Cuando me pregunten por ti, voy a decir la clase de persona que eres y te voy a cerrar todas las puertas para que tengas que regresar a Colombia’. Abrió la puerta y me sacó. A los pocos días echaron también a mi padre y mis hermanos”.

La familia contactó con una abogada después de que, supuestamente, Hernández y su mujer se negaran a pagarles una indemnización. Beatriz sostiene que, en palabras de su defensora, lo que ella atravesó es un posible caso de “esclavitud moderna”. La denuncia fue presentada formalmente el pasado 14 de enero ante la Fiscalía de Versalles (departamento de Yvelines), según confirmó el Ministerio Público a la agencia AFP.

Hernández y Triay negaron el miércoles todas las acusaciones mediante un comunicado compartido en sus redes sociales, en el que aseguran que fueron manipulados. “Hemos sido manipulados por narrativas cargadas de emoción y falsas promesas. Nunca hemos actuado con mala intención ni en desacato a la ley. Actuamos como seres humanos y aprendimos, dolorosamente, que la compasión puede ser explotada”, indica la nota de prensa.

De acuerdo con la pareja, los colombianos “se presentaron como amigos” y sintieron por ellos un “afecto genuino”. “Estas personas compartieron nuestras vidas con respeto y dignidad. Las ayudamos, las apoyamos y les creímos cuando nos aseguraron que estaban en proceso de regularizar su estatus migratorio”, añaden.

La familia responde que empezaron a investigar cómo iniciar los trámites apenas unas semanas antes de ser despedidos, cuando se dieron cuenta de que “los Hernández no querían hacer la documentación”. “Hemos callado muchas cosas, y permitimos otras más. Cuando tú eres inmigrante, es fácil que te ilusionen y te hagan promesas que con el tiempo te das cuenta de que no se van a poder cumplir”, reflexiona Beatriz.

Los colombianos han decidido permanecer en Francia en tanto avanza el proceso legal y están a la expectativa de que la denuncia sea formalmente admitida a trámite. Beatriz dice que antes de presentarla, su abogada se puso en contacto con los defensores de Hernández para buscar una conciliación. No obtuvieron respuesta. La mujer espera “que se haga justicia” —así “tarde lo que tenga que tardar”—. Mientras tanto, celebra que vuelva a tener tiempo para estar con su hija, que tiene cinco años. “A veces duraba una semana sin que la pudiera ver. Eso para ella es un golpe psicológico seguro”.

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