Las criptomonedas, el método de moda para lavar el dinero de la cocaína en Colombia

La gulupa, una fruta dulce y exótica de cáscara morada, ampliamente cultivada en Colombia, ha servido para bautizar una de las mayores operaciones contra el narcotráfico de los años recientes - que develó, además, la sofisticación tecnológica y el uso de las criptomonedas en el mercado de las drogas en América Latina y Europa. La operación Gulupa, llamada así por ser la fruta en que se camuflaban cargamentos de más de 120.000 toneladas de cocaína, fue coordinada por las autoridades de Colombia y España. Tras dos años y medio de investigación, se convirtió en el caso de criptoactivos más importante para la justicia del país latinoamericano, pues deja en evidencia la manera en la que los capos, además de traficar, ocultan y mueven grandes cantidades de dinero fuera del alcance de los bancos tradicionales y manteniendo en la sombra sus rentas en billeteras digitales. Un entramado delictivo enorme se ha convertido en una especie de mapa para las autoridades, forzadas a actualizarse en su conocimiento tecnológico más rápido que los carteles y los delincuentes.

Los antecedentes de la operación datan de 2021, cuando las autoridades belgas allanaron las oficinas de Sky ECC, un portal de mensajería cifrada usado en el crimen organizado. El megaoperativo, que terminó con la detención de 48 personas, registró millones de pines que contenían códigos encriptados con las conversaciones de sus usuarios. Una fuente judicial cercana al caso cuenta que a la Oficina Europea de Policía (Europol), le tomó más de 3.000 horas de trabajo descifrar el material que se alojaba en servidores. Encontraron que cuatro colombianos usaban la plataforma para coordinar el envío de cocaína a Europa.

La información sobre un grupo de narcos invisibles llegó un año después a la dirección de inteligencia de la Policía colombiana. Se trataba de droga proveniente del Clan del Golfo, una organización criminal colombiana heredera del paramilitarismo y que ha expandido sus contactos a Europa y Oriente Medio. El grupo armado más poderoso de Colombia se encargaba, según la investigación, de entregar la droga en los puertos colombianos y ecuatorianos. “En un envío de 200 kilos, el pago que entregaron al grupo armado fue de 25.000 millones de pesos”, se lee en el expediente. Para la Fiscalía, se trata de “la organización con la logística más fuerte de Latinoamérica” para el tráfico de cocaína.

Otras pistas sobre su existencia habían quedado evidentes en febrero de 2020 en Costa Rica, cuando las autoridades de ese país incautaron 5.048 kilos de coca en un contenedor proveniente de Colombia y que tenía como destino Róterdam, en los Países Bajos. Según la Fiscalía colombiana, esta fue la incautación más grande en la hsitoria del país centroamericano. Las rutas que reconstruyeron los investigadores, muestran que la droga paraba en el Caribe para ser fraccionada y reempaquetada antes de continuar su viaje marítimo. Una parte se dirigía a puertos de España, mientras que otros cargamentos cruzaban el Atlántico por rutas menos convencionales, haciendo escalas en países como Portugal y Bélgica.

Un año después de esas primeras pistas, la Guardia Civil Española capturó en Madrid e Ibiza a dos personas implicadas en la red transnacional y que, hasta ese momento, eran anónimos para las autoridades colombianas. Pablo Felipe Prada Moriones, alias Black Jack, y su hermano Santiago Prada Moriones, alias Marco, luego pedidos en extradición por Colombia, aparecían como líderes de la estructura logística. Meses después, la Policía colombiana detuvo en Pereira a Jimmy García Solarte, señalado de transportar el dinero de las rentas ilícitas, y en Medellín a Brenda Yineth Pineda, representante legal de varias empresas fachada.

Según el expediente, a finales de 2020 la red comenzó a migrar desde sistemas tradicionales de movimiento de dinero hacia operaciones con criptoactivos, y a partir de 2022 constituyó empresas intermediarias de activos virtuales en seis países, para canalizar recursos ilícitos. Bajo el nombre de B2Tech, se crearon en España, Lituania, Estados Unidos, Nicaragua, República Checa, El Salvador y Colombia. En este último país la compañía figura como una empresa de servicios de ciberseguridad industrial.

El dinero en efectivo, producto de las ventas de cocaína en Europa, era concentrado en intermediarios locales que operaban por fuera del sistema bancario. Uno de ellos recibía el dinero en un país y otro, en una jurisdicción distinta, entregaba al vendedor su equivalente en criptoactivos. Para dar apariencia de legalidad, la red utilizaba plataformas de intercambio y usaba múltiples transacciones pequeñas. En la investigación, que sigue abierta en Colombia, se ha determinado que a través de esa modalidad se han ocultado al menos 170.000 millones de pesos, unos 46 millones de dólares.

El dinero en la sombra

Las autoridades han detectado que grupos criminales como las disidencias de las extintas FARC, el Clan del Golfo y otras estructuras han empezado a usar criptoactivos para lavar dinero. En lugar de cargar maletas con billetes, los recursos se convierten en criptomonedas, se mezclan con inversiones legítimas y a veces regresan convertidos en dinero “limpio”. Lo que antes se podía rastrear con contadores y bancos ahora se mueve a través de códigos, claves y direcciones digitales, muchas veces en distintos países.

Cuando los criptoactivos apenas comenzaban a sonar en el país, entre 2014 y 2021, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) recibió 1.379 reportes de operaciones sospechosas que involucraban transacciones asociadas a posibles esquemas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o delitos semejantes. Desde entonces, Colombia se ha consolidado como uno de los cinco mayores mercados de criptomonedas de América Latina: solo entre 2023 y 2024 se movieron más de 40.000 millones de dólares en transacciones de ese tipo.

Un analista forense de la UIAF explica que, en la práctica, el lavado con criptomonedas suele seguir tres momentos. Primero, el dinero ilegal entra al sistema cuando es convertido en criptoactivos, directamente o a través de intermediarios, en países donde el control es débil o fragmentado. Luego viene la dispersión: los fondos se fragmentan en decenas o cientos de movimientos, entre billeteras, plataformas y monedas distintas, para diluir su rastro. Finalmente, parte de esos recursos reaparece integrada a la economía formal, reconvertida en efectivo, usada para comprar bienes o canalizada a través de fachadas legales. El resultado es un circuito opaco, transnacional y difícil de seguir en tiempo real.

Aunque las criptomonedas suelen presentarse como imposibles de rastrear, las autoridades colombianas y europeas han empezado a reconstruir esos circuitos digitales a partir del cruce de transacciones, direcciones virtuales y movimientos repetidos en distintas plataformas. En investigaciones como la operación Gulupa, el seguimiento no se hizo billetera por billetera, sino por patrones: tiempos de transferencia, montos fragmentados, conexiones entre empresas fachada y conversiones simultáneas en varios países. “No hay rastros del dinero lineales como antes, pero es posible seguir su comportamiento”, explica el forense.