Jaime Granados: “Hoy, jurídicamente, Santiago Uribe Vélez es inocente”

Jaime Granados es uno de los abogados penalistas más reconocidos de Colombia. Entre sus clientes actuales está el expresidente de derechas Álvaro Uribe Vélez, absuelto en segunda instancia en un caso por presunta manipulación de testigos, y el hermano del político, el ganadero Santiago Uribe Vélez, condenado en segunda instancia por la conformación de un grupo paramilitar y el asesinato de una persona hace tres décadas. Protagonista del proceso penal más sonado de la política colombiana, el jurista aclara desde Madrid que se prepara para presentar un recurso contra la condena del menor de los hermanos, y que este técnicamente mantiene su presunción de inocencia. Sobre el político, hoy candidato al Senado y cabeza del partido de oposición Centro Democrático, se muestra confiado en que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mantendrá el veredicto del Tribunal Superior de Antioquia.

En medio de la campaña electoral a la que entra de lleno Colombia, Granados cuestiona los señalamientos contra los Uribe que han hecho el presidente Gustavo Petro y el senador o candidato presidencial del continuismo, Iván Cepeda, impulsor del proceso contra el expresidente. “Esas afirmaciones no tienen sustento judicial y solo se explican por el contexto electoral“, dice en entrevista con EL PAÍS.

P. ¿En qué estado se encuentra hoy el caso de Santiago Uribe Vélez?

R. Antes de llegar a eso, creo que es importante señalar que el caso de Santiago Uribe tiene un paralelismo muy claro con el de su hermano, el expresidente Álvaro Uribe. Los dos se construyen a partir de una búsqueda prolongada de testigos que vinculen a la familia Uribe con estructuras paramilitares. En el caso de Álvaro, el primer antecedente es de 2008. Ese año, Piedad Córdoba y otras figuras visitaron varias cárceles de Estados Unidos, donde estaban extraditados los 15 líderes paramilitares de las extintas AUC que Uribe extraditó siendo presidente, como Salvatore Mancuso, Don Berna o el Tuso Sierra. Ninguno de ellos afirmó tener información sobre vínculos con los Uribe. Y es que mentir habría puesto en riesgo los beneficios judiciales que habían conseguido en Estados Unidos.

P. ¿Cómo entra Iván Cepeda en esa historia?

R. En ese entonces, Cepeda era conocido como hijo del líder de la Unión Patriótica Manuel Cepeda, lamentablemente asesinado por los paramilitares años atrás. Él adquiere visibilidad política precisamente a partir de ese proceso y llega al Congreso en 2010. Ya como congresista, lidera una comisión que visita cárceles en Colombia, pregunta de nuevo por lo mismo, y encuentra a Pablo Hernán Sierra y a Juan Guillermo Monsalve. Sierra dice que sabe de las relaciones entre los Uribe y los paramilitares por Monsalve; Monsalve, por su parte, reconoció en 2012 ante la Fiscalía que no le constaba nada sobre Álvaro Uribe, que no lo conocía, y que de Santiago Uribe solo tenía referencias indirectas. Eso mismo lo reiteró años después. Aun así, esas declaraciones se han reciclado políticamente, sobre todo en contextos electorales.

P. ¿Y qué ocurre específicamente en el caso de Santiago Uribe?

R. El proceso, en el que se debate si él dirigió un grupo ilegal que asesinó al conductor Camilo Barrientos, se apoya esencialmente en un único testimonio: el del exmayor de Policía Juan Carlos Meneses, que lo presentó inicialmente en 2010 ante comisiones de derechos humanos, a las que lo llevó el abogado Daniel Prado Albarracín. Meneses afirmó que, cuando llegó como comandante a la estación de Policía de Yarumal, a inicios de 1994, su antecesor, el capitán Benavides, le presentó a Santiago Uribe como jefe de un grupo de “limpieza social”. Pero el supuesto encuentro no pudo ocurrir. Las únicas fechas en las que se pudo dar, según los días en los que Meneses y Benavides coincidieron en Yarumal, fue de la mañana del 7 de enero a inicios de la tarde del 10 de enero. Pero hay registros, fotos y pruebas de que entre el 4 y el 10 de enero de 1994 Santiago Uribe estaba en Manizales, en la conocida feria de esa ciudad, donde la ganadería de lidia de su hacienda La Carolina puso dos encierros. Además, el capitán Benavides también negó los hechos. El otro supuesto testigo, el policía Alexander de Jesús Amaya Vargas, luego se retractó. Aun así, el testimonio de Meneses fue suficiente para una condena a Santiago Uribe en segunda instancia, y tras haber sido absuelto en la primera.

P. ¿En qué punto está hoy el proceso judicial?

R. En enero de 2021 hicimos los alegatos finales del juicio de la primera instancia. Y solo en 2024 el juez emitió una sentencia absolutoria, la que en noviembre pasado fue revocada por el Tribunal. Como toda persona tiene derecho a que revisen una condena en su contra, interpondremos una impugnación especial, para lo que tenemos hasta el 2 de marzo. La estudiará la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que recibirá también las respuestas de la Fiscalía y otros intervinientes. Aclaro que hoy, jurídicamente, Santiago Uribe es inocente. No se le ha imputado responsabilidad por ninguna muerte, ni siquiera por el caso Barrientos, porque el proceso no ha concluido. A pesar de eso, Gustavo Petro e Iván Cepeda han dicho que es responsable de esa y otras muertes.

P. En paralelo, Álvaro Uribe fue absuelto...

R. Sí, el tribunal absolvió de manera categórica a Álvaro Uribe en una segunda instancia. Pese a eso, en escenarios políticos y mediáticos, Petro o Cepeda han afirmado que es responsable de delitos gravísimos, como la supuesta creación del Bloque Metro de las AUC. Esas afirmaciones no tienen sustento judicial y solo se explican por el contexto electoral, con Cepeda como candidato de Petro. Es que llevan más de 30 años buscando pruebas de vínculos de Uribe con las AUC y no las han encontrado. El único que lo señaló fue Reinaldo Villalba, hoy fallecido, que habló de unas supuestas reuniones para coordinar el lamentable asesinato de Jesús María Valle, defensor de derechos humanos. Pero todos los que supuestamente se habrían encontrado, todos, negaron esas reuniones. Incluso Cuco Vanoy, el jefe paramilitar que puso la tropa para la masacre de Ituango. El expresidente nunca ha sido llamado siquiera a indagatoria por esos hechos. No hay la menor duda de que lo señalan porque se convirtió en la principal figura política de Colombia de las últimas décadas: gobernador de Antioquia, dos veces presidente, el senador más votado en la historia, ahora jefe de la oposición a Petro. Lo quieren acallar con esta campaña de desprestigio, sin importar la verdad, en cualquier escenario.

P. ¿Ustedes no pueden denunciar por calumnia a quienes hacen esos señalamientos?

R. En la práctica, no a Cepeda, que es senador. La jurisprudencia, como quedó claro en mi fallido proceso contra la fallecida senadora Piedad Córdoba, otorga una amplia inmunidad a los congresistas por sus opiniones, incluso después de dejar el cargo. La excepción es cuando declaran ante un juez, pues podrían cometer el delito de falso testimonio. Por eso, cuando le preguntamos en el juicio contra el expresidente, Iván Cepeda tuvo que decir que no le consta ninguna relación de Uribe con paramilitares. Ahora, como el indictment en Estados Unidos contra Nicolás Maduro usa los famosos computadores de Raúl Reyes, el comandante de las extintas FARC que murió en un bombardeo en Ecuador, estos parecen revivir como posible prueba... y en ellos hay menciones a Cepeda.

P. Al final, ambos casos llegarán a la Corte Suprema. ¿Eso es una garantía?

R. Sí, y es muy importante. La Sala Penal de la Corte Suprema tendrá la última palabra en dos procesos de enorme carga política. También es fundamental cerrar estos capítulos: el caso de Álvaro Uribe se remonta a 2008 y lleva ocho años en su fase final; el de Santiago Uribe tiene más de 30 años. Distintos tribunales internacionales han señalado que demoras de ese tamaño pueden constituir violaciones de derechos humanos. Esto es un ejemplo claro de lawfare.

P. ¿Qué deja todo esto para la democracia colombiana?

R. Que una democracia se sostiene sobre dos pilares: un poder judicial independiente y una prensa libre. Cuando los procesos judiciales se usan como armas políticas y los tiempos se eternizan, se erosiona la confianza en ambos. Por eso es tan importante que haya decisiones finales claras, basadas en pruebas y no en campañas de desprestigio.