El ‘caso ITV’ de Móstoles lleva a la exalcaldesa, Noelia Posse, al banquillo de la Audiencia Provincial

Las responsabilidades por la presunta malversación de fondos públicos en el ayuntamiento de Móstoles al condonar en 2022 una deuda a la empresa que realizaba las Inspecciones Técnicas de los Vehículos (ITV) municipales se dirimirán finalmente en la Audiencia Provincial de Madrid. Tras la presentación de escritos de todas las defensas, el juzgado número 1 de Móstoles ha remitido ya las actuaciones del llamado “caso ITV de Móstoles” al tribunal que deberá juzgar a la exalcaldesa y actual portavoz del PSOE, Noelia Posse, a parte de su equipo de gobierno de entonces y a la mercantil ITV Móstoles S.L.

La causa se inició tras la querella presentada el 22 de febrero de 2022 por los entonces concejales de Más Madrid, Gabriel Ortega Sanz y Susana García Millán, que acusaban a la edil de un presunto delito de prevaricación administrativa y otro de malversación de caudales públicos.

La acusación popular, ejercida por los exconcejales de Más Madrid, pide seis años de cárcel y 15 de inhabilitación absoluta para los acusados: Noelia Posse y los concejales de su equipo de gobierno en esa legislatura, Álex Martín, Aitor Perlines, David Muñoz, Rebeca Prieto, Marisa Ruiz, Lola Triviño, Beatriz Benavides, todos ellos del PSOE y Nati Gómez (Podemos). Y solicitan la pena para el tesorero municipal, Francisco Javier Torner. Para la empresa ITV Móstoles S.L. solicitan 3 años y 6 meses de prisión con una cuota diaria de 5.000 euros. Y

La Fiscalía reduce su petición a una pena de 12 años de inhabilitación, mientras que el Ayuntamiento —personado en la causa— solicita inhabilitación y ahora acusa también acusará por malversación. Y en concepto de responsabilidad civil, se reclama a todos los acusados el abono de 817.453,94 euros por los perjuicios causados.

Si no hay acuerdo de conformidad de las partes en una audiencia preliminar, el tribunal de la Audiencia Provincial deberá establecer fecha para que comience el juicio oral.

“Siempre nos pareció que este era un caso indiscutible, porque la ley no es interpretable, y en este asunto es explícita: los créditos públicos no son de disposición en fase de preconcurso de una empresa”, explicó en su día Gabriel Ortega, portavoz de Más Madrid Móstoles (la marca local de Más Madrid), que recurrió el archivo provisional del caso, decisión que apoyó la Fiscalía. “Intentamos resolver esto políticamente antes de acudir a los tribunales, y cuando se nos cerraron todas las puertas, y se nos dejó claro que se iba a hacer sí o sí, optamos por poder seguir mirándonos al espejo el resto de nuestras vidas, porque fuimos a las instituciones para luchar contra la corrupción”, añade el edil. “Hubo una intencionalidad clara de llevar esto a cabo”, remata Ortega, que arrancó la legislatura en el gobierno municipal y lo abandonó a los cuatro meses por los numerosos escándalos que han rodeado a la regidora desde que obtuvo el bastón de mando, en 2019.

Otras polémicas

Las primeras polémicas de Posse como alcaldesa se remontan a 2019, cuando contrató a su hermana por 52.000 euros anuales para llevar las redes sociales del Ayuntamiento. Luego nombró a Jesús Miguel Espelosín, hijo de un exconcejal socialista de Madrid, gerente de la Empresa Municipal del Suelo. Además, ordenó el ascenso de su tío, funcionario municipal, al que se le otorgó un complemento de 1.600 euros al mes. También aprobó un incremento salarial de 800 euros para su expareja, Gonzalo Sánchez Oliva, colocado como supervisor del Grupo de Intervención Especial del Consistorio. Y fichó como coordinadora del Gabinete de Alcaldía a una amiga personal, Alicia Domínguez Villarino. Todos ellos dimitieron o fueron destituidos tras brotar el escándalo en los medios de comunicación.

En ese difícil contexto llegó la denuncia de Más Madrid por el caso ITV. Según el relato de hechos que recoge ese documento, la empresa fue adjudicataria el 6 de junio de 2011 de una parcela en el Parque Móstoles Tecnológico. Tenía que pagar un canon anual de 133.000 euros y se le otorgaba la cesión del terreno por un periodo de 30 años. Esa cuantía debía incrementarse cada año según el índice de precios al consumo (IPC), de forma que en 2020 llegaba ya a los 147.653,59 euros anuales, según la querella.

Durante los dos primeros años, la ITV pagó sin problemas el canon, pero en 2013 solo ingresó, siempre según el escrito judicial, 713 euros. A fecha del 22 de julio de 2020, adeudaba al Ayuntamiento 1.129.570,78 euros. En noviembre de 2017, el servicio de Recaudación inició un procedimiento de cobro al llegar el pasivo a casi 550.000 euros.