Colombia retrocede en sus esfuerzos por medir mejor el contrabando

El contrabando le quita más de ocho billones de pesos al Estado colombiano al año, según los últimos datos publicados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Es el equivalente a media reforma tributaria y, aunque resulta un desangre para las cuentas del país, el problema radica en que las autoridades luchan con una radiografía desactualizada contra un fenómeno muy dinámico. La medición oficial compara lo que otros países dicen que le venden a Colombia con lo que el país admite que compra, pero esos datos tardan hasta 24 meses en consolidarse en Naciones Unidas. “Por eso en 2025 vemos apenas la foto de 2023”, explica Luis Carlos Reyes, primer director de la DIAN en el Gobierno de Gustavo Petro, actualmente precandidato presidencial en la izquierda y, por varios años, director del Observatorio Fiscal en la Universidad Javeriana.

Para corregir ese desfase, Reyes impulsó un método más preciso: incrustó un muestreo estadístico en los procesos de inspección para medir con rigor la brecha entre lo declarado y lo real. Con ese ajuste, la muestra se amplió de 37 a 120 socios comerciales y cubrió el 85,5% del intercambio total. El resultado movió la línea base: la distorsión por contrabando —que históricamente ha rondado el 10% con las mediciones previas— saltó al 14,7% entre 2022 y 2023. Ese avance metodológico, sin embargo, se frenó tras la salida de Reyes, quien denuncia que el piloto se desmontó. “En la DIAN se mantienen muchos más los abogados que los estadísticos”, lamenta.

Sin ese método, sobrevive el espejo clásico (la comparación de comercio exterior), que aunque es útil, resulta tardío para un delito que se sofistica día a día y aprovecha cada rezago del sistema. El problema, que parece solo metodológico, es más profundo: la forma en que se mide y se tipifica el contrabando lo reduce a un delito económico, y borra su dimensión criminal. “No hay un enfoque para desarticular la cadena; se opta por recuperar el dinero y no por cortar el flujo que financia la violencia”, advierte el ex director de la Policía Fiscal Aduanera (POLFA), Juan Carlos Buitrago. El general en retiro explica que es clave renovar la mirada de este delito, pues “el contrabando se ha convertido en la modalidad privilegiada del crimen organizado para monetizar sus ganancias, para lavar dólares del narcotráfico y de la minería ilegal”.

La mecánica es simple: mercancía que entra o se triangula y que se vende en efectivo para luego reaparecer como utilidades legales. “Contrabandear cigarrillos renta más, y al tiempo se arriesgan menos que moviendo cocaína. Una cajetilla comprada en Colombia por dos dólares se vende en Ecuador por seis o siete”, explica Buitrago a este diario. Las técnicas se han sofisticado y, tal como lo denunció el Gobierno de Gustavo Petro, se alimentan de una red de infiltrados en la DIAN. El circuito conecta puertos, aeropuertos y pasos terrestres con bodegas urbanas y plataformas digitales. “Los mismos barcos que salen cargados de droga regresan con alcohol, cigarrillos y confecciones como forma de pago”, añade Buitrago.

La desinstitucionalización agrega presión. El experto en seguridad explica que es contraproducente que la DIAN, la UIAF y la Polfa estén sin directores en propiedad desde hace meses: “Eso debilita la capacidad de control y abre boquetes para la infiltración”. Reyes, que también fue ministro de Comercio de Petro, coincide y apunta a la raíz. “El interés en mantener la opacidad del sistema es el mismo interés que hay en que no se modernicen los sistemas de la DIAN, o en que la Fiscalía tenga un software fatal para manejar sus expedientes. Eso no es negligencia ni incompetencia: es el resultado de la economía política de transar con la ilegalidad, en las maniobras que los presidentes creen erróneamente que necesitan para pasar leyes por el Congreso”.

El diagnóstico del precandidato presidencial es lapidario: “Por ese mismo mecanismo de infiltración a través del clientelismo del Congreso también hay fichas del narcotráfico en la AeroCivil y en la Agencia Nacional de Minería”, denuncia. El enemigo no es solo técnico; es una “hidra de mil cabezas”, destaca Buitrago. “Es corrupción enquistada en los puertos, fiscalías y entidades llamadas a combatir el delito que colaboran con grupos ilegales”, zanja.

Un mapa del contrabando

Los puertos operan como puertas giratorias. Buenaventura, Cartagena, Santa Marta o Barranquilla se han convertido territorios en disputa. “Estos puertos en Colombia tienen hoy el mayor índice de homicidios, superior al 40%”, advierte Buitrago. Según la Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del Comercio Ilegal (CIMA), una plataforma especializada en rastrear operaciones de comercio ilícito en América Latina, destaca que el fenómeno en Colombia ha mutado hacia esquemas sofisticados de lavado y triangulación.

La convergencia criminal en Colombia opera con alta ingeniería financiera. Uno de los casos más reveladores de CIMA es el del Clan del Golfo, que convirtió el contrabando de maquinaria en la columna vertebral de la minería ilegal. “Operativos recientes en Chocó frenaron ingresos cercanos a 2,4 millones de dólares mensuales, confirmando que la maquinaria ilícita sostiene la extracción de oro fuera de la ley”, sostienen en un informe. CIMA también documenta cómo la red de Papá Pitufo, el zar del contrabando, usó criptomonedas para comprar mercancía en China, ingresarla por canales ilegales y venderla en efectivo en Cali, inyectando más de 200 millones de dólares al año en la economía local.

La capital del Valle del Cauca es, de hecho, un nodo crítico del suroccidente del país, con aprehensiones récord por 105.699 millones de pesos en 2024. Cartagena hace de dique de contención, con más de 54.200 millones incautados durante el año pasado, mientras que en Barranquilla las incautaciones saltaron un 64% entre 2024 y 2025, hasta los 44.696 millones. También en 2025, Bogotá y el aeropuerto El Dorado sumaron 115.397 millones en mercancía interceptada.

El mapa del fraude delata focos críticos: lo importado desde China lidera, con más de 2.000 millones de dólares defraudados a Hacienda en celulares, televisores y portátiles; Bolivia sigue con 887,1 millones en insumos de soya; y Estados Unidos, con 783,7 millones en productos inmunológicos y vacunas. El método estrella de los tramposos pasa por declarar menos de lo que realmente entra o clasificar mal para pagar menos aranceles. Es el llamado contrabando técnico, la modalidad que concentra el 90% del fraude, según la DIAN.

Desde la academia, Carolina Acosta, abogada de la Universidad Externado de Colombia y experta en derecho aduanero, agrega un matiz de realidad: “Es muy difícil medir lo que no tienes o lo que no conoces”, sentencia. Y expone la paradoja del control: “La DIAN controla al legal porque es sobre el que tiene información”. Así, el sistema se alimenta de lo que está declarado, mientras el grueso del fraude se aprovecha de subvaloraciones, clasificaciones acomodadas o de químicos indistinguibles al ojo humano. “Un inspector frente a un contenedor no diferencia un grado de acero de otro; se requieren pericia y un laboratorio, y los tiempos de análisis casi siempre castigan al importador legítimo, al tiempo que alimentan el incentivo del tramposo”, detalla la profesora.

Los datos cedidos por la DIAN a EL PAÍS muestran una batalla desigual. Las incautaciones de mercancía pasaron de 39.409 en 2022 a 22.922 en lo corrido de 2025: un 41,8% menos. Pero los golpes ahora son más costosos para los contrabandistas: el valor de lo interceptado saltó de 440.111 millones de pesos en 2022 a más de 517.192 millones en 2025. Menos decomisos, más impacto por operación. El Estado parece ajustar la mira, aunque el frente territorial se encrespa.

Hay algunas soluciones sobre la mesa. Reyes propone reformas técnicas y normativas —declaración anticipada, trazabilidad satelital, muestreo estadístico y modernización tecnológica—, mientras Buitrago exige inteligencia y cooperación internacional, depuración de agencias, monitoreo en tiempo real y alianzas público-privadas para blindar las inspecciones. Ambos coinciden en dos urgencias: usar Big Data e inteligencia artificial para perfilar riesgos y purgar la corrupción interna que permite que las mafias coopten cargos clave.

El Estado ha blindado sus procesos, a pesar de la presión territorial. Si en 2022 la justicia obligaba a devolver casi el 10% de lo incautado por fallas en el procedimiento, hoy ese margen de error se ha desplomado por debajo del 3%. De todas formas, cambiar la mirada legal del fenómeno resulta urgente ante un sistema penal que pierde músculo. Según el Segundo Informe al Congreso del Consejo Superior de Política Criminal (de octubre de 2024), los procesos por contrabando cayeron de 2.764 en 2017 a 863 en 2023, y las condenas bajaron de 255 a 90. Actualmente, seis de cada 10 casos se resuelven mediante preacuerdos. La conclusión de Buitrago es amarga: “Donde hay contrabando es porque hay corrupción. De lo contrario, no podría operar”.