Petro refuerza su apoyo a los estudiantes de las universidades públicas con miras a las elecciones

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha apretado el acelerador en las últimas semanas para mostrar resultados en su política de educación superior. A mediados de diciembre, su Gobierno sacó adelante una reforma legislativa que aumentará los recursos de las universidades públicas. Unos días después, suspendió el financiamiento de los créditos-beca para estudios de posgrado en el exterior que otorga la fundación Colfuturo y prometió que lo reemplazará por un sistema más equitativo de administración estatal. Horas antes del Año Nuevo, removió al rector de la Universidad de Antioquia y anunció un rescate financiero de la institución, inmersa en una profunda crisis presupuestal. El tiempo se acaba y el mandatario de izquierdas sabe que necesita del apoyo de los estudiantes universitarios, una de sus bases principales, para las futuras elecciones legislativas de marzo y las presidenciales de mayo.

Juan Manuel Muñoz, representante de los estudiantes en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, comenta por teléfono que las decisiones del Ejecutivo son “un guiño” al movimiento estudiantil con miras a las elecciones. “Tomó mucho tiempo que entendieran las prioridades, en vez de desgastarse con otros puntos para los que no tenían capital político, como la reforma a la salud. Pero no deja de ser positivo que se pudiera avanzar, así sea al final del Gobierno”, evalúa, con especial énfasis en el fortalecimiento del financiamiento de las universidades públicas. Enumera, eso sí, varios matices: recuerda que a la reforma de la ley 30 le faltaron aspectos como la democratización de los órganos de gobernanza, señala que el programa que promete el Gobierno para reemplazar a Colfuturo será insuficiente si no se avanza en un sistema de ciencia que incorpore a los graduados en el exterior, y pide que se inicie lo más pronto posible el proceso para elegir “de manera democrática” a un nuevo rector en la Universidad de Antioquia.

Aunque los estudiantes fueron fundamentales en llevar a Petro al poder en 2022, las políticas dirigidas a ellos estuvieron estancadas durante años. “El Ministerio de Educación no ha girado hasta el momento alrededor del programa de gobierno, sino alrededor de otras cosas”, reconoció el presidente en febrero de 2025. Ha habido dificultades para avanzar en los proyectos de infraestructura universitaria que el mandatario ambicionaba. Asimismo, la ampliación de cupos en instituciones estatales está lejos de la meta de 500.000: ronda los 200.000, según cifras del Ministerio de Educación que los expertos señalan de estar infladas. El ICETEX, encargado de dar créditos para estudiar en instituciones públicas y privadas, se ha desfinanciado antes de que se consolide el fortalecimiento de las universidades estatales como alternativa.

Ante estas dificultades, el mayor logro ha sido la modificación de dos artículos de la ley 30 de 1992 para robustecer el financiamiento de las instituciones públicas. La reforma, aprobada por el Legislativo en diciembre, era un viejo reclamo del movimiento estudiantil y de los académicos ante el desfinanciamiento estructural de estas casas de estudios. Implica que los ajustes anuales a los presupuestos dejen de utilizar como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ya que los costos de las instituciones de educación superior —sueldos, tecnología, infraestructura— suelen ser más elevados que la inflación. En su lugar, se utilizará el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El Gobierno se anotó el logro de la aprobación de la reforma por unanimidad en ambas cámaras, pese a que existía desde hace años un consenso amplio sobre la necesidad de robustecer el financiamiento y que congresistas de otros sectores habían presentado en 2024 un proyecto que se hundió sin el apoyo del petrismo. “Este es un regalo de Navidad a la juventud que entregamos con mucho orgullo. Le agradezco a los parlamentarios (...) y al ministro de Educación, que estuvo todo el tiempo arrastrando la maquinaria del Congreso de la República para que pensara en la juventud”, celebró el presidente Petro. Algo similar dijo el jefe de la cartera, Daniel Rojas Medellín, que definió la norma como “una victoria histórica” del movimiento estudiantil: “Hace 10 años, miles de estudiantes salieron a las calles para exigir financiación pública para la universidad pública. Hoy podemos decir que esa lucha no fue en vano”.

La congresista independiente Jenniffer Pedraza, que proviene del movimiento estudiantil y fue ponente del proyecto de reforma de la ley 30 en la Cámara de Representantes, coincide en que el Gobierno busca mostrarle resultados a sus bases. “Al principio no querían apoyarnos en reformar al menos estos dos artículos [de financiamiento], pero la presión de cara a las elecciones fue mucho mayor y finalmente lo hicieron”, comenta en un intercambio de mensajes. Asegura que el movimiento estudiantil “hará una evaluación amplia” ante las elecciones y tendrá en cuenta aspectos problemáticos de la política educativa. “El Gobierno estuvo muy enfocado en presionar por la creación de nuevos cupos e inaugurar nuevas sedes, pero puede salirle el tiro por la culata. Si tienes una casa de dos pisos que está en ruinas y le metes cinco pisos más, se agudiza la crisis”, dice.

La siguiente medida fue la suspensión del financiamiento al Programa Crédito-Beca de Colfuturo, una fundación privada que desde hace tres décadas otorga préstamos con componentes condonables para apoyar estudios de maestría y doctorado en el exterior. La noticia produjo un sinnúmero de críticas que recordaban que estos créditos-beca beneficiaron a muchas personas que hoy ocupan posiciones de liderazgo y que no hubieran podido pagar estos posgrados por su cuenta. Sin embargo, el Ejecutivo se mantuvo firme en su decisión y la presentó como parte de su búsqueda de mayor justicia social: señaló que los recursos de Colfuturo beneficiaban desproporcionadamente a los estratos más altos y que su objetivo es redistribuirlos de manera más equitativa.

Petro se puso al frente de la defensa de la postura del Gobierno. “El dinero público es para el pueblo; es inconstitucional entregar subsidios a los ricos”, comentó el 24 de diciembre en una publicación de X en la que también aseguró que Colfuturo favorece solamente a los estratos 4, 5 y 6 —la fundación respondió que estos representan el 72%, no el 100%—. Al día siguiente, en Navidad, el mandatario añadió que su Administración lanzará un programa que eliminará el componente de crédito y que, por consiguiente, será “totalmente gratuito” para los beneficiarios. Prometió que llegará a 10.000 beneficiarios y que estos serán mayormente “los y las hijas de los trabajadores y campesinos y los barrios populares de todas las regiones del país”. Varios de sus seguidores celebraron la decisión y comentaron que ellos habían sido excluidos de Colfuturo por no haber podido presentar garantes. Respecto al cambio con Colfuturo, sin embargo, la congresista Pedraza es escéptica: “No era un programa perfecto, pero dudo que lo vayan a reemplazar. El Ministerio de Ciencias es profundamente ineficiente”.

Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía para la Educación de la Universidad Javeriana, llama a la cautela ante estas últimas dos medidas del Ejecutivo. “Es indiscutible que la educación superior oficial necesita más recursos y la reforma a la ley 30 permitirá eso. Pero la estabilidad financiera no es suficiente. Persisten vacíos de fondo relacionados con la gobernanza del sistema, los incentivos al mejoramiento institucional y la articulación con otros niveles educativos″, apunta en mensaje de WhatsApp. También duda de que los créditos de Colfuturo, del cual fue beneficiaria, sean reemplazados: “No ha habido una explicación convincente sobre la destinación de esos recursos o por qué esa reasignación produciría mayores beneficios para el país”.

La última medida fue la remoción el 30 de diciembre del rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, a quien los estudiantes señalan de supuestos malos manejos de las precarias finanzas de la institución. Según el Ministerio en un documento que reseña El Espectador, el funcionario incumplió órdenes de poner en marcha un plan de saneamiento financiero y de entregar de manera adecuada la información que le solicitó una inspectora. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, acusó al presidente a través de un mensaje de X de actuar “como un usurpador” y de vulnerar la autonomía universitaria.

El Ejecutivo, además, anunció el 31 de diciembre un rescate financiero de 70.000 millones de pesos (unos 18,5 millones de dólares) para la casa de estudios, luego de años de reclamar que la Gobernación de Antioquia pusiera más recursos y que la Alcaldía de Medellín comenzara a hacerlo. “Con esto empezamos a superar la crisis financiera causada por las administraciones de la universidad, apoyadas por las gobernaciones y alcaldías, que hoy critican las acciones del Gobierno y que no hicieron un esfuerzo económico para su rescate, solo se quejan”, comentó en X el ministro Rojas Medellín. El presidente Petro celebró la decisión en la misma red social: “Estamos salvando la Universidad de Antioquia”.