La justicia transicional cierra el cerco sobre Rito Alejo del Río, el general uribista que nunca salió del radar judicial

Rito Alejo del Río Rojas llegó a tener más menciones en expedientes judiciales que condecoraciones en el Ejército de Colombia. El general en retiro, que fue comandante de la Brigada XVII, la máxima autoridad militar en el Urabá antioqueño, fue imputado esta semana por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por siete delitos cometidos contra integrantes del partido de izquierda Unión Patriótica y contra comunidades del Urabá, entre ellos homicidio en persona protegida, genocidio y desplazamiento forzado. Del Río, uno de los oficiales de mayor exposición pública y viejo aliado político del expresidente de derecha Álvaro Uribe Vélez, ha vuelto al foco de las autoridades que investigan crímenes cometidos en el conflicto armado colombiano.

El oficial de 81 años, conocido como “el Pacificador de Urabá”, deberá responder ante la JEP por crímenes cometidos por militares y grupos paramilitares cuando era comandante de esa región, entre 1995 y 1998. Es una sombra que lo acompaña desde ese entonces, cuando su segundo al mando, el coronel Carlos Alfonso Velásquez, lo denunció. Tres décadas después, el tribunal atribuye a Del Río ser uno de los máximos responsables del genocidio contra los integrantes de la Unión Patriótica (UP), que entre asesinatos, desapariciones forzadas y otras violaciones graves dejó al menos 5.729 personas muertas y unas 3.200 víctimas adicionales de hechos como desplazamientos, amenazas, torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual y exilio.

No es la primera vez que el nombre de este boyacense aparece en expedientes judiciales sobre casos cometidos en medio del conflicto armado. En 2012, la justicia penal lo condenó a 26 años de prisión por el asesinato del campesino Marino López Mena, ocurrido en 1997 cuando miembros de la brigada lo asesinaron bajo sus órdenes. También fue citado por la justicia en el caso del asesinato del periodista Jaime Garzón (1999), luego de que varios exparamilitares, como el cabecilla alias Don Berna, lo implicaran en una alianza que habría cometido el crimen. Y ha sido mencionado en una investigación sobre los asesinatos de civiles conocidos como falsos positivos: en 1986, cuando comandó el Batallón Rafael Reyes en Cimitarra (Santander), varios militares afirmaron que permitió prácticas que terminaron en asesinatos de civiles presentados como bajas en combate.

Además, ha sido fue investigado por la masacre de Mapiripán, una de las más atroces del conflicto, perpetrada por paramilitares en el Meta, en 1997. Aunque ocurrió a cientos de kilómetros de su brigada en Urabá, los asesinos venían de allí y dos aeronaves con paramilitares salieron hasta San José del Guaviare pocos días antes de la incursión armada que derivó en los asesinatos. El expediente fue reabierto años después para esclarecer el nivel de responsabilidad que pudo haber tenido en esa operación.

Con todas esas cargas, un condenado Del Río tocó las puertas de la JEP en 2017 para acceder a la libertad condicional, a cambio de su promesa de entregar verdad y reparar a sus víctimas. El suyo sería un testimonio clave para dimensionar la profundidad de la particiapción del Estado en el conflicto, pero entregó poca información. Tan poca, que en mayo de 2024 el magistrado Gustavo Salazar revocó su libertad y ordenó su regreso como prisionero a una guarnición militar. “Evade su responsabilidad frente al conocimiento de la presencia permanente y continua de los grupos paramilitares en la región y pretende con sus afirmaciones negar que la presencia paramilitar en el territorio de las Brigadas XI y XVII, por decir lo menos, era amplia, pública, notoria, masiva, fija, uniformada y connivente con múltiples miembros de la institucionalidad”, se lee en un documento judicial. Es la misma conducta de Del Río en el proceso en el que la JEP que indaga la coordinación entre unidades militares y estructuras paramilitares: pese a los reiterados llamados del tribunal y de las víctimas, Del Río niega esas alianzas criminales en contravía de las evidencias.

El dominio en Urabá y los primeros cuestionamientos

Desde sus orígenes humildes en Boyacá y su ingreso el ejército en 1967, Rito Alejo Del Río ascendió en la estructura militar colombiana hasta convertirse en uno de los oficiales más influyentes de su época. En diciembre de 1995, cuando asumió el mando de la Brigada XVII, con sede en Carepa, el Urabá estaba marcado por la presencia de guerrillas y paramilitares, con la población civil atrapada en medio del conflicto. Su nombramiento fue presentado por algunos como la oportunidad de llevar orden a una zona históricamente conflictiva.

Durante sus años en Urabá fue objeto de cuestionamientos internacionales. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos incluyó a la Brigada XVII en varios de sus informes de finales de los años 90, señalando patrones de tolerancia o connivencia con grupos paramilitares. En la misma época, Human Rights Watch describió la expansión paramilitar en Urabá y mencionó reiteradamente el rol de la brigada bajo su mando. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió peticiones relacionadas con violaciones de derechos humanos en esa zona que aludían a fallas de control y a posibles omisiones del mando militar.

Su carrera en las Fuerzas Militares se quebró en 1998. El presidente Andrés Pastrana ordenó su salida del Ejército tras los señalamientos internacionales de la expansión paramilitar en Urabá, las mismas acusaciones que lo tienen rindiendo cuentas ante la JEP. La decisión generó una fuerte tensión con el entonces comandante de las Fuerzas Militares, el general Harold Bedoya, quien se negó a removerlo y defendió públicamente a Del Río. El pulso terminó con la salida de los dos oficiales, en uno de los episodios más tensos en años de la relación entre el poder civil y el militar.

Del Río pasó de ser uno de los oficiales de mayor peso territorial a una figura rodeada de suspicacias, mencionada con frecuencia en investigaciones disciplinarias y penales sobre violaciones de derechos humanos. Sin embargo, su retiro no frenó el escrutinio ni sus apariciones públicas: más informes de organismos internacionales y nuevas declaraciones de exparamilitares como Salvatore Mancuso, siguieron apareciendo.

Su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue uno de los rasgos más visibles de esa etapa. En 2002, cuando el exgobernador de Antioquia ganó la presidencia, el general retirado participó en eventos en apoyo de la política de seguridad democrática y su ofensiva contra las guerrillas. En 2004, cuando enfrentó una de sus primeras detenciones por presuntos vínculos con paramilitares, en un proceso que luego fue archivado, varios congresistas uribistas salieron en su defensa. Y en 2012, tras su condena por el asesinato de Marino López, el propio Uribe presentó públicamente la sentencia como un acto de “injusticia” contra quienes habían combatido a la insurgencia.