La JEP imputa a cinco militares retirados por el genocidio de la Unión Patriótica

El proceso por el genocidio del partido de izquierda Unión Patriótica ha entrado a su fase final ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). El tribunal de paz transicional ha imputado este martes a cinco militares retirados como máximos responsables de los delitos de genocidio, homicidio en persona protegida, exterminio, traslado forzoso de la población y otros tratos inhumanos. El caso más emblemático de violencia política en Colombia dejó más de 5.733 víctimas y fue cometido en alianza con grupos paramilitares entre 1984 y 2016. “El ataque genocida contra la UP estuvo relacionado con el éxito electoral del partido político”, explicó la magistrada Catalina Díaz Gómez, en referencia al 4,58% de los votos que sumó esa formación de izquierda en las elecciones presidenciales de 1986 y otros logros sin antecedentes en el país.

La togada señaló que el asesinato sistemático de los militares del partido “fue el resultado de una política contrainsurgente que entendió que la derrota militar de las FARC requería la destrucción del partido de la Unión Patriótica”. Los más altos mandos militares que fueron imputados son el general en retiro Iván Ramírez Quintero, quien fue comandante de la Primera División del Ejército y también es investigado por la retoma al Palacio de Justicia; y el brigadier general en retiro Rito Alejo del Río, quien comandó la Brigada XVII del Ejército, con sede en la región del Urabá. En el expediente también están señalados los tenientes Jorge Luis Mejía, Eduardo José Figueroa y Manuel Pérez.

Según la decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, “el ataque genocida le apuntó a todos los niveles de la organización política, resultando en el asesinato de militantes de base, así como dirigentes nacionales y regionales, incluyendo dos candidatos a la Presidencia de la República, seis parlamentarios, 17 alcaldes y 165 concejales”. También fueron víctimas varios líderes sociales en regiones como el Urabá y en Nordeste antioqueño, el departamento del Meta y el Magdalena Medio, las zonas del país donde la UP logró una mayor representatividad política. El genocidio, sin embargo, también alcanzó grandes ciudades como Bogotá o Medellín.

De acuerdo con el tribunal, los integrantes de la UP, además de violentados y desaparecidos, fueron estigmatizados y discriminados. “Sus miembros quedaron totalmente abandonados e indefensos ante la negativa de garantizarles protección por parte del mando de la Brigada XVII, con el apoyo de la Primera División“, y explican que varios integrantes del Ejército omitían las denuncias públicas sobre la connivencia entre paramilitares y militares en las zonas donde se cometían los asesinatos o desapariciones. Esa estigmatización, además, señalaba a la UP de ser el brazo político de la entonces creciente guerrilla de las FARC, a pesar de su separación pública en 1987.

Aunque el exterminio de la UP suele asociarse con el auge del paramilitarismo de los noventa, la JEP ha subrayado que la persecución comenzó antes de ese crecimiento masivo, y se mantuvo mientras el partido intentaba consolidar presencia electoral en concejos, alcaldías y curules nacionales. Esa continuidad de una violencia que sobrevivió a cambios de gobierno, doctrinas militares y ciclos armados, es uno de los elementos que permitió a los magistrados calificarlo como genocidio político: no se trató de represalias coyunturales, sino de una política sostenida para impedir la participación de una fuerza de oposición. Esa interrupción deliberada, señalan los togados, transformó el caso en un hito para la justicia transicional por su escala y porque evidencia cómo la violencia estatal y paraestatal puede operar como mecanismo de reorganización del campo político.

La magistrada Díaz ha explicado que, como parte de la estrategia de investigación del caso, la JEP tuvo acceso a archivos de inteligencia militar de la extinta brigada XX del Ejército, que manejaba la inteligencia militar. Allí identificaron informes semanales, radiogramas y comunicaciones entre militares, y órdenes de requerimiento con información sobre las movidas internas de la institución como parte de la estrategia del crimen. “Había una lista a varias columnas fechada del 11 de agosto de 1994 con nombres de 2.640 miembros de la UP”, explicó la magistrada.

El caso, uno de los más relevantes en la historia política del país, ha empezado a cerrar sus últimos expedientes en la justicia colombiana. La JEP les dio a los comparecientes un plazo de 60 días hábiles para aceptar o rechazar las imputaciones. Ahora, con los recursos legales en mano, el proceso entra en la fase final en la que el tribunal definirá quién asume responsabilidades y qué sanciones deberá asumir.