Los registros de la Guardia Civil afianzan las conexiones de la trama corrupta de Forestalia con ex altos cargos del Gobierno aragonés

La trama de corrupción medioambiental presuntamente liderada por el dueño de Forestalia, Fernando Samper, iba supuestamente mucho más allá del ex alto funcionario del Ministerio para la Transición Ecológica detenido la semana pasada por favorecer los permisos de parques renovables ligados a esta empresa aragonesa. Forestalia nació y se hizo grande en Aragón, donde tejió una red de influencia política —a derecha e izquierda— basada en las llamadas puertas giratorias (el paso de cargos públicos a la actividad privada) y en supuestas mordidas millonarias, según los documentos que figuran en el sumario del caso que se sigue en el Juzgado de Instrucción 1 de Teruel.

Los registros realizados por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil hace 10 días en Madrid y Zaragoza afianzan la conexión de Forestalia con ex altos cargos del Gobierno regional del Partido Aragonés (PAR), formación que en los últimos 20 años ha estado en el Ejecutivo de esta comunidad en alianza con el PSOE, pero también una legislatura con el PP.

Tras los registros, la UCOMA elaboró un informe en el que destacaba como “uno de los aspectos más importantes que se han podido documentar” con esa entrada en 12 domicilios y sedes empresariales los “nexos de unión” entre los diferentes actores de la presunta trama. Y citaba expresamente los vínculos entre Samper y su empresa Forestalia con cuatro ex cargos del PAR: Ana Cristina Fraile, Alfredo Boné, Luis Marruedo y Carlos Ontañón, “todos ellos ligados de algún modo u otro en su anterior etapa en la Consejería de Medio Ambiente de Aragón de la que depende el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA)”, señalan los agentes.

Estas cuatro personas fueron determinantes en la creación e impulso, en 2003, del INAGA, el órgano aragonés encargado de conceder o no los permisos medioambientales de los proyectos con más impacto. Por ejemplo, los parques renovables (que están en el centro de esta operación), pero también otros proyectos como las macrogranjas porcinas (el origen de Forestalia está ligado precisamente al grupo cárnico aragonés Jorge).

Boné fue consejero de Medio Ambiente de Aragón entre 2002 y 2011. Fraile fue su jefa de Gabinete. Marruedo fue viceconsejero de Medio Ambiente entre 2007 y 2011, cuando Aragón estaba gobernado por PSOE y PAR, y director general de Desarrollo Rural entre 2011 y 2015, cuando el Gobierno regional estaba formado por PP y PAR. Por último, Ontañón fue el primer director del INAGA y estuvo en el cargo entre 2003 y 2012.

Ontañón, Fraile y Marruedo trabajan ahora para Forestalia. Incluso, el viceconsejero Marruedo, durante uno de los registros, se presentó a los agentes de la Guardia Civil como el letrado de Samper, el dueño de la empresa que está en el epicentro de esta trama.

El INAGA está en el origen de este caso que se sigue en el Juzgado de Instrucción 1 de Teruel. Es a este órgano y a las presuntas irregularidades en la tramitación de los proyectos de energías renovables a quien señalaba la denuncia que presentó Teruel Existe en diciembre de 2022 en la Fiscalía de Medio Ambiente y que inició la causa. Los denunciantes advertían de que los proyectos eólicos y solares se estaban troceando irregularmente para que su tramitación se siguiera ante el INAGA y no ante el Estado.

Esta línea de investigación está todavía abierta y ninguno de estos cuatro ex cargos del Gobierno aragonés está formalmente imputado. Sin embargo, en los registros se encontró documentación que afianza esa pata de las pesquisas, según destaca el UCOMA. Por ejemplo, una presunta contraprestación a través de la compra y venta de una sociedad —Athmos Sostenibilidad SL— de cuatro millones de euros. Es la cantidad que, según la UCOMA, habría pagado a finales de 2018 Forestalia por hacerse con Athamos, que era propiedad de Boné, Fraile, y Marruedo. “El precio de venta de dicha mercantil estaría muy por encima del valor real de la misma”, sostiene el informe de la Guardia Civil.

En los registros de hace 10 días los agentes intervinieron documentación relacionada con los implicados y el entramado de sociedades que presuntamente utilizaba Samper para devolver favores. Ese método fue el mismo empleado para compensar, supuestamente, al que fue subdirector general de Evaluación Ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica entre 2017 y junio de 2023, Eugenio Domínguez. Este ex alto funcionario adquirió dos sociedades a través de las que habría recibido 5,2 millones de euros en forma de un préstamo a una tercera mercantil como contraprestación.

Tanto la UCOMA como el juez instructor presentan a este alto cargo del ministerio, el órgano en el que Forestalia tenía que tramitar los proyectos más grandes que no podían ser fragmentados, como el “facilitador” de la empresa aragonesa. Hasta tal punto que se asignaba “a sí mismo la práctica totalidad de los proyectos de energías renovables presentados por promotores pertenecientes al Grupo Forestalia”, según el instituto armado. Las declaraciones incluidas en la causa de una veintena de trabajadores públicos vinculados a la tramitación ambiental de los proyectos así lo atestiguan.

En el caso de la rama aragonesa que afecta al INAGA, esa línea sigue abierta. Pero la UCOMA señala en especial a Ontañón, el primer director del INAGA y actual trabajador de Forestalia. “Existe incorporadas a las presentes diligencias, diversa información correspondiente con presuntas irregularidades cometidas en el Gobierno de Aragón, más concretamente en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), donde la figura de Carlos Ontañón, adquiere especial relevancia”, explican los agentes que, en cualquier caso, abundan en que esa línea está todavía en desarrollo.