La trama de corrupción ambiental salpica al empresario Antxon Alonso, presunto socio de Cerdán

El llamado caso Forestalia, en el que se investiga una supuesta trama de corrupción ambiental en la provincia de Teruel, ha escalado un peldaño más. Uno de los principales detenidos la semana pasada por la Guardia Civil, el que fuera alto funcionario del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico Eugenio Domínguez, aseguró en su declaración ante los agentes que el empresario Joseba Antxon Alonso, amigo y supuesto socio del exdirigente del PSOE Santos Cerdán ―ambos investigados por la presunta adjudicación irregular de contratos del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos―, participó en las reuniones celebradas en un despacho de abogados de Madrid en la que se diseñó una estructura societaria opaca a través de la cual Domínguez presuntamente iba a recibir comisiones ilegales. La investigación que ha destapado la supuesta trama se inició tras una denuncia de Teruel Existe.

Siempre según la declaración ante los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, el ex alto funcionario afirmó que, en 2023, retomó por su trabajo en el ministerio el contacto que había tenido durante más de 20 años con Ignacio Emilio López-Galiacho, consejero delegado de una consultora de proyectos medioambientales a la que Domínguez comenzó a acudir “a realizar diferentes trabajos” tras finalizar su jornada laboral en la administración, según han revelado algunos testigos. En esos encuentros, el ex alto funcionario aseguró que ambos se plantearon “la posibilidad de invertir en temas relacionados con energías renovables y parques eólicos”.

Fue supuestamente López-Galiacho quien le presentó a Antxon Alonso “para mantener conversaciones” sobre estos proyectos. En uno de esos encuentros se sumó el abogado Roberto Pérez Águeda, que fue presentado como “especialista relacionado con empresas que se dedican a la explotación de la energía eólica”. Pérez Águeda y su hermano Enrique han sido ahora detenidos como presuntos testaferros del otro gran implicado en la trama medioambiental, el empresario Fernando Samper, dueño de Forestalia.

En su relato ante los agentes, Domínguez detalló que en una reunión celebrada en el bufete de Roberto Pérez Águeda en Madrid y en el que intervinieron los cuatro, el primero mostró al entonces aún alto funcionario de Transición Ecológica “un esbozo, sin entrar en detalles,” de cómo iba a crear una estructura societaria para desarrollar los proyectos de energías renovables y también para canalizar “los supuestos beneficios producidos por la explotación de diferentes parques eólicos” que no concretó en su declaración. En la investigación están bajo sospecha medio centenar de proyectos de energía renovables, entre ellos el macroparque denominado Clúster del Maestrazgo, que contempla 125 gigantescos aerogeneradores.

Domínguez admitió a la Guardia Civil que, tras esos encuentros, adquirió junto a su esposa, Montserrat H., también detenida, y una empresa que el matrimonio había creado el 100% de las participaciones de dos mercantiles del entramado de Forestalia. En concreto, Caliope Smart Energy SL y Caliope Energy Green SL, dos sociedades pantalla sin ninguna actividad y que tienen como sede social el domicilio particular de dos personas ajenas a la trama. Esta compra se hizo a través de un notario de Madrid, pero no se elevó a pública y se mantuvo opaca. De hecho, en el registro mercantil las dos sociedades figuran aún a nombre de una tercera empresa en la que figura como representante el Roberto Pérez Águeda.

Estas dos sociedades pasaron, a su vez, a tener un 97% de las participaciones de otra mercantil, Babieca Invesment Renewable, aunque Domínguez aseguró que desconocía la existencia de esta última compañía o que las dos empresas anteriores tuvieran “participación o relación” con la misma. También negó saber que desde otra mercantil ligada a Forestalia se le hubiera hecho a Babieca Invesment Renewable un préstamo de 5,2 millones de euros, que los investigadores consideran el pago por la participación del antiguo alto funcionario el supuesto amaño de las declaraciones de impacto medioambiental (DIA) que necesitaba la compañía de Samper. Esta empresa tiene, además, “participaciones sociales de diferentes mercantiles promotoras de proyectos eólicos”, destaca la Guardia Civil.

Pese a ello, el ex alto funcionario de Transición Ecológica negó haber recibido ninguna “contraprestación” durante su etapa como subdirector general de Evaluación Ambiental (entre 2017 y junio de 2023) o asesor (unos meses de este último año) del ministerio e insistió en que durante esos años “nunca pensó en acabar en esta situación”. Y añadió que todos los informes que realizó durante ese tiempo los hizo “de forma honesta y bajo su humilde entender”. Domínguez fue el único de los seis detenidos que aceptó declarar ante la Guardia Civil.

Las referencias del ex alto funcionario de Transición sobre Antxon Alonso han sido destacadas por la Guardia Civil en un informe elaborado tras las detenciones. En este documento, al que también ha tenido acceso este diario, los agentes destacan que el empresario vasco también es socio Next Generation Caliope Innova SL, una sociedad que, a su vez, tiene participaciones en la mercantil Universal Global Scale Wordwide SL, de la que se encontró documentación fechada en junio de 2025 (días después de que el amigo de Cerdán fuera imputado por el Tribunal Supremo) en el bufete de Roberto Pérez Águeda, presunto promotor de la estructura societaria opaca para cobrar mordidas.

Los agentes ya habían analizado anteriormente si la supuesta trama ahora desmantelada tenía conexión con uno de los casos en los que es investigado Antxon Alonso. En concreto, el conocido como caso Leire, una causa que se sigue en la Audiencia Nacional y por la que fueron detenidos en diciembre la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el propio empresario vasco. En este caso, el objeto de la investigación es una red corrupta que adjudicaba de manera presuntamente fraudulenta contratos y subvenciones públicos. Las pesquisas, como ahora en el caso de los parques eólicos y solares de Teruel, también salpica al Ministerio de Transición Ecológica y a la empresa Forestalia.

Esta coincidencia llevó a los responsables de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) a mantener una reunión con sus compañeros de la Unidad Central Operativa (UCO), al frente del caso Leire, para saber si ambas pesquisas podían solaparse. Sobre el contenido de aquel encuentro, los agentes de la UCOMA remitieron al juez de Teruel un oficio el 29 de diciembre en el que le informaban que “a priori, UCO investiga a Forestalia por motivos distintos”. Entonces, aún no se sabía que Antxon Alonso había participado en reuniones de la supuesta trama medioambiental.

En el día de las detenciones, ambos casos se volvieron a cruzar. Fue en el registro del despacho profesional de uno de los arrestados, el abogado Roberto Pérez Águeda,. Allí los agentes se sorprendieron a no encontrar ningún equipo informático. Pérez Águeda les explicó que si solo estaba la pantalla del ordenador, era porque el 11 de diciembre pasado, cuando la UCO realizó los registros del caso Leire, se llevaron el resto de dispositivos.