El Gobierno aprueba el paquete de medidas anticorrupción pactado por Sánchez y Díaz tras el ‘caso Cerdán’
El Consejo de Ministros da luz verde al Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública


El Consejo de Ministros aprobará hoy en primera vuelta el anteproyecto de ley de integridad pública, según ha adelantado la Cadena SER y ha confirmado EL PAÍS de fuentes del Ejecutivo. Se trata de una de las medidas estrella prometida en julio de 2025 por Pedro Sánchez después de que su ex secretario de organización Santos Cerdán entrara en la cárcel. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, comparecerá en rueda de prensa explicar la norma.
La medida estrella de esta iniciativa es la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, que provocó un debate interno cuando la propuso Sumar y finalmente se incorporó como gran novedad tras el encarcelamiento del ex número tres del PSOE. Sin embargo, las medidas van con mucho retraso, y con la actual dificultad parlamentaria, no está claro si podrán ser aprobadas en esta legislatura. De momento es solo una primera vuelta, y ahora empieza una lenta tramitación. La agencia sería la encargada de dirigir todas las políticas anticorrupción y la mejora de la legislación y los controles. Varios países europeos cuentan con organismos similares.
Tras la crisis que originó el pasado verano la presunta implicación de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, en una trama de supuestas mordidas a cambio de adjudicaciones de contratos públicos con José Luis Ábalos, su predecesor en Ferraz y exministro de Fomento, y el que fuera asesor de este, Koldo García, el presidente del Gobierno anunció en una comparecencia en el Congreso un plan estatal de lucha contra la corrupción. Dicho plan contaba con 15 medidas diseñadas conjuntamente con el departamento de anticorrupción, integridad y Gobierno de la OCDE, los grupos parlamentarios y expertos de la sociedad civil, además de propuestas del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) y recomendaciones de la Comisión Europea.
Entre esas medidas estaba la puesta en marcha de la Agencia Independiente de Integridad Pública, que asumirá las funciones clave en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corrupta; la introducción de herramientas de inteligencia artificial en la plataforma de contratación del sector público para optimizar la identificación de indicios de fraude o patrones anómalos.
También se creará una nueva Ley de Administración Abierta que reforzará la obligación de transparencia activa, establecerá mecanismos de alerta temprana y actualizará el Portal de Transparencia. En la batería de medidas se contempla que haya controles patrimoniales aleatorios y anuales para altos cargos durante todo su mandato y controles sobre los partidos políticos y que se obligue a las formaciones políticas y fundaciones con financiación pública superior a 50.000 euros a realizar auditorías externas e independientes. A estas formaciones se les exigirá transparencia en las donaciones y financiación privada, reduciendo el umbral de publicación de donaciones a 2.500 euros y el plazo de publicación a un mes desde su recepción; y se aprobará una Ley de Transparencia e integridad de los Grupos de interés.
En el paquete de medidas que explicará este martes la vicepresidenta primera del Gobierno se contempla también que quienes acudan a la Fiscalía, la Policía o un juzgado a denunciar actos de corrupción, cuenten con garantías plenas de confidencialidad, protección y apoyo legal. Además, tanto empresas públicas como privadas deberán tener canales internos de denuncia de la corrupción.
Se prevé la creación de secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública con jueces especializados, el refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción y el endurecimiento de las penas por delitos contra la Administración Pública en el Código Penal. Además, el Gobierno anuncia que reforzarán la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar la corrupción y se pondrá en marcha un sistema de exclusión y listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la Administración.
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