Los exparamilitares nombrados gestores de paz por Petro se apartan del Gobierno por “incumplimientos sistemáticos” de la Oficina de Paz

En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, 16 exintegrantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con quienes el Gobierno había anunciado la instalación de una mesa de negociación, han pedido la suspensión de su designación como gestores de paz y de su relación con la oficina del alto comisionado para la Paz del Ejecutivo. El grupo, encabezado por el excomandante Salvatore Mancuso Gómez, acusa al comisionado Otty Patiño —exintegrante del M-19 y muy cercano al presidente— de “incumplimientos reiterados” y “falta de transparencia” en el proceso.

“Esta decisión obedece al reiterado incumplimiento de los compromisos por parte de la Oficina del comisionado”, señalan los firmantes, quienes acusan a Patiño de convertir su designación en un gesto meramente simbólico, sin efecto práctico alguno. Los antiguos jefes paramilitares, que negociaron un acuerdo con el Gobierno de Álvaro Uribe en 2003 y han estado años en la cárcel en Colombia o Estados Unidos, aseguran que, pese a haber seguido “cada instrucción escrita y verbal” del Gobierno, durante ocho meses la Oficina no convocó a mesas técnicas ni les asignó recursos para que cumplieran sus labores como gestores de paz.

La gestoría de paz es una figura jurídica que permite al Ejecutivo suspender las órdenes de captura o las sanciones de cárcel —no los procesos penales en curso— sobre los integrantes de grupos armados que se comprometan a contribuir en procesos de paz. Para el caso de estos comandantes, la situación es particular: en principio no pertenecen a ningún grupo armado actualmente activo, y por lo tanto no negociarán su entrega de armas ni algo similar. “Manifestaron su voluntad para contribuir con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales”, dice la resolución en la que el Gobierno los designa gestores de paz, fechada el 12 de noviembre pasado. Dentro de sus funciones estaban la interlocución con otros grupos que buscan una salida negociada a la violencia. Esa nunca ocurrió, con la excepción del apoyo de Carlos Mario Jiménez, Macaco, en las negociaciones con las bandas de Medellín y sus alrededores.

Los excomandantes aseguran en su comunicado que la relación se terminó de quebrar cuando funcionarios de la Oficina cancelaron una reunión solicitada por ellos para discutir lo que llaman la “culminación” del proceso de Santa Fe de Ralito, en el que negociaron con Uribe, y su participación concreta en la política de paz total, con la que Petro busca negociar en simultáneo con los distintos grupos armados de Colombia. Según explican, la logística estaba lista y el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) había emitido las resoluciones necesarias para trasladarlos de las cárceles en las que se encuentran, pero la cita fue cancelada 48 horas después “sin ofrecer una justificación clara”.

A la vez que anuncian su rompimiento con la oficina del alto comisionado para la Paz, los antiguos jefes paramilitares piden un diálogo directo con el presidente. Aseguran que mantienen su disposición a seguir contribuyendo a un proceso que ha sido cuestionado porque no hay un grupo armado actual al que ellos representen. Eso sí, exigen que sea el propio jefe de Estado quien lidere la interlocución. “Nos apartamos del ruido estéril, pero jamás desistimos de continuar trabajando por la paz del país”, escriben. Y. aunque solicitan una reunión con el mandatario para avanzar, plantean la alternativa de cortar definitivamente el vínculo: “Aún tiene la posibilidad, en su calidad de Jefe de Estado, de pisar el acelerador y consolidar la paz, o, si lo considera más conveniente, revocar de manera definitiva las resoluciones que nos designan gestores de paz”, se lee.

Las tensiones entre los exparas y Patiño no son nuevas. En mayo, el Gobierno, en cabeza de María Gaitán, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, instaló formalmente un espacio de diálogo para “cerrar el Acuerdo de Ralito”. El comisionado no respaldó la iniciativa que encaja con las críticas sostenidas de Petro al pacto que firmó su enemigo político, Uribe Vélez, hace 22 años. En octubre de 2024, en un encuentro con Mancuso en Montería, el mandatario anunció que su Gobierno se iba a encargar de “terminar el proceso de desmovilización” y anunció que se reabriría la mesa de negociación.

Algunos de los excomandantes cobijados que suscriben la carta han suscitado especial rechazo. El caso más claro es el de Hernán Giraldo Serna, creador y líder de un grupo paramilitar autónomo de la Sierra Nevada de Santa Marta y quien es conocido por sus crímenes sexuales contra niñas. Por eso, en su momento varios actores políticos e instituciones, como la Procuraduría General de la Nación, rechazaron su inclusión en la lista de gestores de paz.

También han firmado la carta Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40; Rodrigo Pérez Alzate, Julián Bolívar; Luis Eduardo Cifuentes Galindo, El Águila; Manuel de Jesús Pirabán, Pirata; Juan Francisco Prada Márquez, Juancho Prada; José Baldomero Linares, Guillermo Torres; Freddy Rendón Herrera, El Alemán; Edward Cobos Téllez, Diego Vecino; Héctor Germán Buitrago, Martín Llanos; Ramón Isaza, El Viejo; Arnubio Triana Mahecha, Botalón; Ramiro Vanoy, Cuco Vanoy; Héctor Buitrago Rodríguez, El Patrón; Macaco; y Mancuso.