Con o sin cese al fuego, la paz total aún no logra frenar los asesinatos contra líderes sociales

En los primeros cinco meses del año, 71 líderes sociales han sido asesinados en Colombia, y 18 de esos casos ocurrieron en el departamento del Cauca, la zona del país más peligrosa para los defensores de derechos humanos. En su más reciente informe, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) asegura que la crisis reciente de la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro podría representar un riesgo mayor para los liderazgos territoriales, específicamente en tres regiones: Cauca, Catatumbo y Caquetá. “Los ceses al fuego han tenido un impacto positivo en la reducción de asesinatos”, se lee en el documento. Ahora, sin ningún cese en vigencia y con una estrategia de defensa endurecida en cabeza de Pedro Sánchez, las agresiones contra líderes se mantienen.

La cifra del 2025 parece mantener una tendencia. Entre el 1 de enero y el 1 de junio de 2023, Indepaz documentó 77 asesinatos de líderes sociales. Para el mismo periodo de 2024, la cifra subió a 79, lo que representa un incremento del 2,6% y que reflejó una continuidad preocupante en los niveles de violencia, especialmente en los departamentos históricamente más afectados. En contraste, durante los primeros cinco meses de 2025, la cifra fue de 71 asesinatos. Aunque representa una reducción de 6 casos frente al año anterior, Indepaz advierte que esta baja no responde necesariamente a una mejora estructural o institucional.

El informe insiste en que la disminución del 2025 puede ser temporal y estar relacionada con dinámicas coyunturales más que con una estrategia sostenida de protección por parte del Estado, que ha frenado sus esfuerzos para sostener la estrategia de paz total que buscaba negociar con todos los grupos armados y bandas criminales de manera simultánea.

Por el contrario, la ruptura de diálogos con grupos armados, la falta de implementación de políticas de prevención y el debilitamiento de las medidas colectivas de protección amenazan con revertir cualquier avance. Indepaz advierte que “la violencia contra los liderazgos sociales sigue siendo estructural, sostenida y territorialmente focalizada”. Su persistencia responde no solo a la acción de grupos armados ilegales, sino también a “un sistema que, por omisión, negligencia o complicidad, ha permitido que la eliminación sistemática de liderazgos sociales se convierta en un componente funcional del orden territorial”.

1. La violencia sigue concentrada en los mismos territorios

El documento del Instituto explica que el mayor riesgo actual se sigue concentrando en las mismas zonas rojas de siempre: Cauca, Antioquia, Nariño y Norte de Santander. En el Cauca la violencia está ligada a la suspensión del cese al fuego en el suroccidente del país y la ruptura de las negociaciones con el Estado Mayor Central, en junio de 2024, después de que ese grupo armado atacara una estación de Policía y se intensificaran las amenazas contra liderazgos indígenas. Ese año fueron asesinados 29 líderes solo en Cauca.

En departamentos como Antioquia, donde la presencia dominante proviene del Clan del Golfo, la tendencia desde 2023 indica que, en promedio, son asesinados tres líderes sociales cada mes. Sin embargo, en marzo pasado, la cifra fue de seis defensores asesinados justo cuando ese grupo ilegal anunció que la Policía desplegaba un operativo contra su máximo comandante, conocido como Javier o Chiquito Malo. En abril se hizo evidente su estrategia de revivir el “plan pistola”, un viejo plan que han utilizado narcotraficantes como Pablo Escobar y grupos como las extintas FARC de atacar a la Policía en zonas rurales y urbanas del país, en algunos casos, con ofertas de pagos por uniformado asesinado.

En Nariño, donde el Gobierno ha centrado sus esfuerzos por consolidar un “laboratorio de paz” por los diálogos que sostiene con grupos como Comuneros del Sur o la Coordinadora Guerrillera Ejército Bolivariano, los esfuerzos no han sido suficientes para detener el homicidio a defensores de derechos humanos. Mientras entre el 1 de enero y el 1 de junio de 2024, asesinaron a un líder social en ese territorio, este año en ese mismo período van cuatro casos. El último fue el de Aquiles Vallejo López, un guardián cultural del municipio de Linares.

En Catatumbo, por su parte, Indepaz ha contabilizado cinco homicidios en lo que va del año, tres de los cuales ocurrieron en enero, cuando repuntó la guerra entre el ELN y las disidencias del Frente 33. En el mismo período de 2024 y 2023, se registraron cuatro casos.

2. Los ceses al fuego tuvieron un efecto protector en algunos departamentos

Indepaz señala que durante los períodos en que hubo ceses al fuego, especialmente en regiones como Cauca, Catatumbo y Caquetá, se redujo la violencia contra líderes. Su final —como ocurrió en junio de 2024 con la ruptura del diálogo con el EMC— coincidió con repuntes en los asesinatos. Ese mes, el país pasó de 13 casos de líderes asesinados a 18. Según el informe, “una de las evidencias más relevantes, y a menudo poco destacada, es que en aquellos territorios donde se aplicaron ceses al fuego —aunque de forma parcial o temporal— se registró una disminución significativa en los homicidios de líderes sociales”.

El documento explica que en departamentos como Caquetá, por ejemplo, las amenazas y agresiones disminuyeron durante los meses en los que el Gobierno mantuvo el cese al fuego. En Magdalena Medio, explican, ocurrió lo mismo. Esos efectos, aunque no están documentados en detalle, redundan en que el Instituto haga un llamado a que ese tipo de medidas en medio de los procesos de paz, continúen.

Lo aclaran, además, justo después de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijera en entrevista con Cambio que, aún si hubiera ceses al fuego vigentes en Colombia, “la obligación es actuar para cumplir la Constitución y la ley”. Según él, el Ejército podría atacar a alguna estructura aunque ese decreto estuviera vigente. “Y si se los encuentra la fuerza pública en ese momento deben actuar en legítima defensa y hacer uso de todas sus capacidades. Jamás se le dio la orden a la fuerza pública de que estuviera con las manos amarradas”.

3. La estrategia de paz total no logró consolidarse como política sostenida de protección

El informe advierte que el enfoque de negociación simultánea con todos los actores armados no ha tenido un correlato efectivo en la protección territorial. La falta de implementación, las rupturas de diálogo y la ausencia de transformaciones estructurales limitan su impacto. Leonardo González, director de Indepaz, asegura que “aunque el Estado habla de cifras en descenso, la violencia persiste en los territorios”. Dice, además, que justo en esos departamentos más afectados, donde el Gobierno busca consolidar procesos de negociación, el Estado llega tarde y sin ninguna oferta institucional. “Estos avances son frágiles y las rupturas con los grupos armados significan repuntes de violencia”.

4. El repunte o descenso de homicidios responde a factores coyunturales, no estructurales

Aunque en 2025 se registra una leve baja frente a 2024, Indepaz enfatiza que esto no refleja una mejora institucional. La violencia sigue siendo funcional a intereses armados y económicos, y puede reactivarse ante reconfiguraciones territoriales o decisiones militares. Explica, además, que en territorios donde el poder armado es más sólido que el poder del Estado, “se ha distorsionado cualquier intento de institucionalidad que limite sus regímenes violentos de acumulación”.

5. La impunidad y la ausencia de protección colectiva profundizan el riesgo

Más del 90 % de los casos de homicidios siguen sin resolución judicial. Las medidas individuales, como esquemas de seguridad, son insuficientes, especialmente en zonas rurales. El informe destaca la necesidad de reconocer las estrategias de autoprotección comunitaria como las guardias indígenas y cimarronas. Sin embargo, hace una crítica al Estado por no adoptar una política pública integral de garantías para el liderazgo social, más aún cuando una de las banderas de este Gobierno fue, justamente, la protección de los defensores de derechos humanos. “La impunidad no solo perpetúa la violencia, sino que envía un mensaje devastador: que en Colombia se puede asesinar a un líder social sin consecuencias”, se lee.